Sólo nueve de los veintiocho miembros de la Unión Europea definen la violación como sexo sin consentimiento, mientras que el resto, y entre ellos España bajo el eufemismo de agresión sexual, únicamente la reconocen cuando existe violencia física o intimidación. Las legislaciones de Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Alemania, Islandia, Luxemburgo, Suecia, y Portugal desde enero, definen la violación como sexo sin consentimiento, ya sea tácito o explícito. Este déficit normativo que obliga a las mujeres violadas a sufrir un calvario burocrático y judicial cuando quieren obtener justicia, junto a los factores culturales atávicos que culpabilizan a la víctima, ha venido explicando porqué España ha estado hasta hace bien poco en el furgón de cola en cuanto a denuncias por violación por cada 100.000 habitantes. Si bien nuestra progresiva toma de conciencia está subsanando esta anomalía, aún vemos que, como señala Pilar Martín Nájera, fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, entre el 70 y el 80% de las agresiones sufridas por las mujeres no se denuncian.
Los años de gobierno de Mariano Rajoy han sido tiempo perdido para la incorporación a nuestro país de las previsiones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011. Si don Mariano hubiere aparcado su proverbial parsimonia, en éste y en otros temas, tal vez ahora tendríamos un Código Penal adaptado a lo que la moderna conciencia social exige, a saber, que no debe admitirse que se califique el sexo sin consentimiento como un delito aparte más leve, pues esto transmite a la población el erróneo mensaje de que una violación sólo existe cuando se utiliza la violencia. En este deficiente panorama normativo se pronunció la sentencia recaída en el juicio contra “La Manada”, que provocó una ola de indignación tan grande que movió al entonces ministro de Justicia, Rafael Català, a desempolvar la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Como saben, la guinda insultante para nosotras fue enterarnos de que inicialmente esa comisión iba a estar formada exclusivamente por veinte hombres, lo que movió a nuevas protestas hasta que se produjo la incorporación de quince mujeres juristas,
El breve gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las buenas intenciones declaradas por su Vicepresidenta Carmen Calvo y la predisposición favorable de partidos como Compromís, no ha dispuesto de margen de maniobra para enderezar la situación. De esta manera, las nuevas Cortes Generales que saldrán de las elecciones del próximo 28 de abril habrán de asumir la ineludible tarea de resetear nuestro Código Penal en línea con lo que España suscribió en Estambul y con lo que estamos reclamando desde la calle, porque el sexo impuesto sin consentimiento debe ser delito. ¿O es que no debe castigarse como violación a quien se aprovecha de una persona indefensa a causa de su embriaguez para mantener relaciones sexuales, evidentemente no consentidas? ¿No debería considerarse violación aprovecharse de la parálisis en que muchas veces queda la víctima, incapaz de decir si da o no da su consentimiento, como le pasó a la víctima de La Manada?
Evidentemente la situación de España no es la de Malta, donde los delitos sexuales entran en el capítulo de aquellos que afectan al buen orden de las familias. Tampoco es la de países como Lituania y Bulgaria, donde no se castiga la violación dentro del matrimonio. Pero sigue dejando mucho que desear, sobre todo por las consecuencias prácticas de la aplicación de una legislación ya desfasada por parte de unos integrantes del Poder Judicial cuya formación además en perspectiva de género debería ser mejorada. Si no conseguimos pronto un cambio normativo en España, posiblemente volveremos a pasar el enésimo sonrojo de que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que acabe poniendo las cosas en orden porque nosotros no hayamos querido hacerlo cuando correspondía, que es ya.
*Myriam Fernández Herrero, candidata al Parlamento Europeo en #PrimariesCompromís, directora General de Financiación y Fondos Europeos GVA (2015-2017), doctora en Derecho y Politóloga