RTVV: no es el dinero, es la política
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Un ahorro de casi 30 millones de euros para una sociedad nueva (Nou) que nacía inmaculada de deudas dado que la Generalitat asumió el lastre de los 1.200 millones de euros en el “debe” de la extinta Canal 9. De no haberse consumado este miércoles en Les Corts el cierre de RTVV, la sociedad habría finalizado este año con beneficios. Beneficios que, quizá, podrían haberse utilizado para no cerrar los colegios y hospitales a los que ha aludido Alberto Fabra.
Este argumento económico anula las razones de la misma índole en la que se han venido amparando varios responsables autonómicos para perpetrar el cierre de nuestros medios públicos. El coste de RTVV hubiera sido prácticamente el mismo que estaba presupuestado por la propia Generalitat antes de la sentencia que tumbaba el ERE: 78 millones de euros de la propuesta de viabilidad frente a los 70 recogidos en los presupuestos. Un coste a todas luces menor que el de su próximo cierre. Por no hablar de que muchas menos personas, en la propia RTVV y en las productoras que trabajaban con ella, perderían su trabajo.
Un gobierno que asume sin rubor el coste de un aeropuerto sin aviones, que paga 300.000 euros por amistosos de la selección española de baloncesto y que, ya que hablamos de Canal 9, no tuvo reparos en que se pagara a Jesús Mariñas mil euros por cada diez minutos de intervención en el “Matí, matí” (y eso es sólo un ejemplo) quizá podría haberse parado a considerar este escenario. Quizá.
También, con este acuerdo, quedaban anuladas las razones de “seguridad jurídica” a las que aludía el Vicepresidente Císcar, ya que el Comité se había comprometido a no presentar demandas colectivas si se aceptaba el acuerdo. No deja de ser casi psicotrópico que la propia Generalitat asuma, en resumidas cuentas, que no es capaz de presentar un ERE ajustado a la legalidad que no vayan a tumbarle en el TSJCV. Ojo, ni con sus servicios jurídicos ni mediante las asesorías de renombre a las que ha contratado para ello. Y que hemos pagado todos.
Sacadas de la ecuación las cuestiones económicas y legales, ya sólo quedan las políticas. Al final, son las que de verdad han importado: Fabra es un Molt Honorable que no ha sido votado por los valencianos y que ya no dispone de un tiempo de gracia. Es un presidente del PPCV cuyo principal aval es el dedo índice de Mariano Rajoy, que buscaba a alguien limpio de corrupción, una cara amable, prístina e intachable, después de los desmanes de la era Camps. Es un líder cuestionado en su partido y en su propio grupo parlamentario. Allí ha tenido que lidiar esta semana con que el 85% de sus diputados respalden el indulto a un condenado por amañar contratos públicos por un valor próximo a los 100 millones de euros. Casi nada.
Los verdaderos valedores, políticos y mediáticos, de Fabra no están aquí: están en Madrid. Y en el amplio lote de sacrificios y recortes que le exigen también hay hueco para los gestos simbólicos. El cierre de Canal 9 lo es, da igual que hace unos meses trataran de hacer un “borrón y cuenta nueva” con el cambio de imagen a Nou, da igual que se pudiera garantizar la viabilidad del nuevo ente. Le venían reclamando decisión, resolución, un “golpe en la mesa”. Aquí lo tenemos.
Por cierto, el propio Fabra ha reconocido que confía en que habrá “soluciones” para que “alguien” cubra el hueco que deja Canal 9. ¿Puede ser que esas soluciones pasen por algunas de las personas que se enteraron antes que la propia Rosa Vidal, ex-directora general de RTVV, de la decisión del cierre?
Y además... dentro de dos años hay elecciones y pintan bastos para el PPCV. De consumarse la “catástrofe”, sólo le faltaría una radiotelevisión valenciana en manos del tripartito.
No ha sido el dinero señores, ha sido la política. La mala política.
