Ruz envía al TSJCV el informe policial sobre la presunta financiación irregular del PP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en el que se concluía que la red 'Gürtel' utilizó “dinero ajeno al circuito económico legal para pagar actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”, a fin de que investigue si estos hechos podrían ser constitutivos de delito.
Así consta en un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado señala que la investigación de los hechos relatados en el informe, que analizaba la documentación intervenida en la sede que la red tenía en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, son “competencia” del TSJCV, tal y como estableció el Tribunal Supremo en junio de 2012.
El informe apuntaba que en el caso del XVII Congreso del PP de la Comunidad Valenciana, en el que salió elegido Francisco Camps como presindente de los populares valencianos, la sociedad de la red Special Events aportó a los proveedores del acto 81.653,64 euros en dinero B, que posteriormente fueron repuestos mediante dos entradas de 30.000 y 50.000 euros a la caja B de Serrano. La organización facturó al PP 258.000 euros por la realización del acto.
Pero no es éste el único evento relacionado con el PP valenciano en el que participaron las empresas de la trama Gürtel. En otro acto celebrado el 13 de noviembre de 2004 en el Palau de la Música de Valencia, Special Events sufragó con “dinero B”, concretamente con 16.061,27 euros, la celebración del evento, según el mismo informe.
Prueba al contable
Además, Ruz ordena que se realice una prueba pericial caligráfica al objeto de acreditar la “coincidencia” de varias anotaciones manuscritas incautadas en este registro con la letra del contable de la red 'Gürtel', José Luis Izquierdo, así como de otras que se atribuyen al exsecretario de Organización del PP de Galicia y presunto número dos de la trama, Pablo Crespo.
También da un plazo de cinco días al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado para que remita al juzgado un listado de todas las escrituras de compraventa de participaciones de la sociedad Rialgreen, vinculada a la trama que presuntamente dirigía el empresario Francisco Correa.
