Los hospitales privatizados de la Comunitat Valenciana deben a la Generalitat 300 millones de euros, según ha revelado esta mañana la consellera de Sanidad, Carmen Montón, quien ha ratificado que no prolongará la concesión del hospital de la Ribera con la empresa privada Ribera Salud en 2018. Sanidad ya ha notificado el inicio de las liquidaciones con las empresas concesionarias para recuperar el dinero público que han recibido de más en los años de Gobiernos del PP (concretamente de 2013 a 2015).
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha asegurado este martes en la conferencia ofrecida durante el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Mediterránea que el sistema sanitario público “es un instrumento de cohesión social; es garantía de derechos, de equidad y de lucha contra la desigualdad”.
Además, ha añadido que “donde antes había recortes, exclusión y privatización hoy se está a la vanguardia de garantía de derechos sanitarios y defensa de lo público”.
Montón ha recordado algunas de las medidas adoptadas en la Comunitat Valenciana que certifican el cambio de modelo hacia la recuperación de derechos y la defensa de lo público, como la universalidad de la asistencia sanitaria, con 21.000 personas que han accedido a una atención sanitaria integral.
También ha recordado las ayudas desplegadas por el Consell frente al copago farmacéutico y ortoprotésico, que se dirigen a 1,5 millones de valencianos y valencianas y que han traído consigo una reducción en el abandono de tratamientos por problemas económicos: del 39,5% en el caso de pensionistas con rentas bajas y del 12% en el caso de menores.
A ello se añade la extensión de los nuevos tratamientos a todos los pacientes afectados de hepatitis C, una medida a la que han accedido 11.000 personas y que la Generalitat valenciana fue la primera en adoptar.
Liquidaciones de la concesionaria de La Ribera
Carmen Montón también se ha referido a uno de los principales compromisos del Consell, como es “recuperar la sanidad a lo público”.
En este sentido, ha aludido a la apuesta por el modelo de gestión pública directa y los pasos que se están dando hacia “el fin del llamado modelo Alzira” con el compromiso de no renovar la concesión del servicio integral de salud en el departamento de La Ribera a la empresa concesionaria Ribera Salud UTE II.
Montón ha manifestado que los profesionales que dependen de la empresa seguirán en sus puestos de trabajo y que los usuarios del departamento tendrán la misma cartera de servicios que la actual.
Además, ha añadido que, en los Presupuestos de 2018, se contará con la correspondiente partida para asumir a los trabajadores y se destinará un plan específico de inversiones urgentes de 6,9 millones de euros destinado tanto a mejoras del la atención primaria como especializada del departamento.
La consellera ha señalado cómo el reciente informe de la Intervención General de la Generalitat ha destacado la falta de controles de la anterior Administración sobre las concesiones sanitarias, así otras cuestiones como la falta de supervisión de las inversiones.
A este respecto, Montón ha anunciado que la Conselleria de Sanidad ya ha notificado a la empresa concesionaria del departamento de La Ribera el inicio del trámite para cerrar las liquidaciones de los años 2013, 2014 y 2015.
También ha indicado que entre los meses próximos de 2017 y 2018 se concluirán todas las liquidaciones pendientes hasta el año 2015 que, según las estimaciones de la conselleria, alcanzan una cifra superior a los 300 millones de euros.
Fortalecimiento de la sanidad pública
La consellera de Sanidad ha comentado que su departamento ha puesto el acento en el fortalecimiento de la sanidad pública a través de cuatro ejes de actuación: la priorización del gasto sanitario en los Presupuestos de la Generalitat, una gestión más eficiente, la mejora de las infraestructuras y los equipamientos y el impulso en el área de recursos humanos.
Carmen Montón ha subrayado el esfuerzo realizado en el incremento presupuestario destinado a sanidad, como demuestran los 6.084 millones de euros del presupuesto de este año 2017, el más alto de la historia de la Comunitat Valenciana.
“En los dos primeros años de los presupuestos del cambio el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a sanidad ha sido de 591 millones de euros”, ha indicado.
También ha aludido a los esfuerzos en eficiencia con procesos de compras centralizadas, eficiencia energética, control de stock y de concesiones y conciertos; además de los 220 millones de euros de reducción en gasto de funcionamiento.
Pago a farmacias
En el apartado de mejor gestión, Montón ha hecho referencia a la reducción del tiempo medio del pago a proveedores en un 32% o al hecho de que se haya conseguido saldar la deuda de un mes de retraso existente con el colectivo de los farmacéuticos con el pago este mes de la mensualidad que se adeudaba desde que en el año 2012 comenzaran los retrasos en el pago.
Respecto a la mejora de las infraestructuras, la consellera ha destacado los 359 millones de euros destinados a mejorar los espacios sanitarios y sus equipos a través del Plan de Dignificación de Infraestructuras.
En cuanto a las medidas tomadas en la parcela de recursos humanos, Montón se ha referido a las 18.000 nuevas plazas de Oferta Pública de Empleo que se van a convocar en la legislatura, después de 9 años sin oferta de empleo. De ellas, ya se han convocado 3.608 plazas correspondientes a las OPE de 2014, 2015 y 2016.
Retos de futuro
Carmen Montón ha dado en el último tramo de su intervención algunos apuntes sobre cómo orientar la sanidad pública de cara a los retos del futuro.
Una transformación marcada por el envejecimiento de la población y, por tanto, que mira hacia la cronicidad, que atiende a la mejora de la humanización, es decir, curar y cuidar al paciente y cuidadores, que refuerza las políticas de salud mental con un Pacto Autonómico y una Estrategia de Gobierno ambiciosa y con un Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida, pionero en España.
Un cambio de orientación que incluye la investigación y la innovación para llegar donde no llega el sector privado, como los 8 millones de euros invertidos en enfermedades raras.
Por último, que incorpora la perspectiva de género y el papel de los profesionales sanitarios como agentes activos contra la violencia de género a través del cribado para la detección precoz y del protocolo de actuación frente a la mutilación genital femenina.