Prohibidas las “relaciones preferenciales” o los encuentros privados con menores: así son los protocolos antiabuso de la Iglesia

El Defensor del Pueblo presentaba este viernes en el Congreso de los Diputados el informe Una respuesta necesaria, un documento de 770 páginas en el que la institución denuncia que la Iglesia ocultó abusos y reconoce dinámicas de ocultamiento y minimización en multitud de congregaciones y órdenes religiosas, al tiempo que reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. Además, la Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2022 publicada hace apenas unas semanas daba cuenta de la existencia de alrededor de 150 investigaciones abiertas para esclarecer delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en el ámbito eclesiástico, y está previsto que antes de final de año la Conferencia Episcopal Española dé a conocer los datos recogidos por las diferentes diócesis sobre las denuncias de abusos registradas a lo largo de todo el territorio nacional.

Para vigilar que no se cometan abusos en el seno de la Iglesia, siguiendo las directrices del Papa Francisco en primer lugar y de la Conferencia Episcopal después, la archidiócesis de València y las otras dos diócesis valencianas, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante (la diócesis de Tortosa también acoge a una parte de las parroquias del norte de Castellón) han elaborado diferentes protocolos de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores que han publicado en sus páginas web en la segunda mitad de 2023.

El director de la Oficina de Protección al Menor de la archidiócesis de València, Daniel Juan, presentaba esta semana el documento elaborado por el Arzobispado valenciano, que cuenta con 700 parroquias, 67 colegios diocesanos -el mayor número de Europa- y un centro universitario. Cómo atender a la víctima a través de la escucha y el acompañamiento, cómo prevenir estas situaciones o protocolizar las líneas de actuación en caso de abuso son algunas de las cuestiones que se recogen en el texto que pretende la “reparación integral” de las víctimas “en todos sus aspectos”, tratando de restaurar las heridas sufridas en los ámbitos físico, psicológico y moral, sin dejar a un lado la “presunción de inocencia” de las personas acusadas. No obstante, destacan que es fundamental la detección porque se denuncia un porcentaje muy bajo de abusos.

Además, se incluye un “decálogo” de medidas preventivas en el que se recogen instrucciones como la prohibición de mantener encuentros presenciales o comunicaciones con los menores fuera del contexto pastoral o educativo sin la presencia de los padres o tutores, así como que las interacciones deben producirse por medio de los padres. También están prohibidas las “relaciones preferenciales” con un menor. Sobre las muestras físicas de afecto, “se llevarán a cabo con mesura y respeto y siempre en contacto con zonas 'seguras': hombros, cabeza, brazos, etc. No se abrazará a la fuerza y no se tocarán ni acariciarán jamás las zonas íntimas o erógenas”.

Se deben evitar los encuentros a solas con un menor “sin causa absolutamente justificada”. Si hay que hablar en privado con un menor, “siempre se deberá hacer en un lugar visible”, con las puertas abiertas y comunicándolo a los padres. En los casos en los que se produzcan pernoctaciones (convivencias, excursiones, campamentos...), “nunca un adulto debe compartir habitaciones con menores”. En caso de que un docente, monitor, educador o agente de pastoral experimente “cierta atracción pedófila”, esta persona deberá “dejar su responsabilidad inmediatamente y buscar consejo profesional”.

Por lo que respecta a la selección de personal, será obligatorio presentar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, así como un documento de responsabilidad personal en el que se declarará conocer, aceptar, respetar y cumplir el protocolo de la archidiócesis, así como se promoverá una labor de concienciación y prevención sobre la “maldad” de los abusos sexuales en los ámbitos pastoral, educativo y familiar. En ningún caso, explica el decálogo, deben “ocultarse” o “ignorarse” las situaciones de abuso, ya que ello “sólo sirve para perpetuar el daño causado a las víctimas y aumentar el riesgo de que se produzcan más abusos”.

Documentos similares en Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante

En esta misma línea están redactados los protocolos de las otras dos diócesis valencianas. Así, en el documento de Segorbe-Castellón se especifica que las muestras de afecto físicas han de ser “comedidas y respetuosas” y nunca desproporcionados e insiste en que se evitará estar a solas con menores en despachos, sacristías u otro tipo de dependencias parroquiales, procurando que las puertas estén abiertas y facilitando la visión y la escucha de otras personas, así como que si se debe examinar a un menor enfermo o herido se deberá hacer en presencia de otro adulto. Se prohíben los juegos, bromas o castigos violentos o con connotaciones sexuales, evitando cualquier conducta que implique o sugiera un contacto físico íntimo o desnudos. También se especifica que se respetará la intimidad de las duchas, cuartos de aseo y vestuarios cuando estos estén siendo utilizados por menores.

El documento elaborado para la diócesis de Orihuela-Alicante también se expresa en términos similares e insta, “siempre que se tengan sospechas” de un presunto abuso en las instituciones diocesanas (seminarios, colegios, parroquias, Cáritas...) o actividades organizadas por cualquier entidad que se encuentra dentro del ámbito de la responsabilidad del obispado, a “recopilar el testimonio de la víctima, respetar su intimidad y protegerla, escuchar, ser sensible, dar apoyo y confianza, informar a los padres o los tutores legales” y comunicar a la Fiscalía la denuncia si es considerada verosímil.

En cuanto al clérigo denunciado, se le garantizará “siempre” el derecho a la presunción de inocencia y se “protegerá su reputación”, al tiempo que se le ofrecerá “asistencia espiritual, psicológica y legal”. Al acusado “se le puede apartar del ejercicio como medida cautelar”.