La Comunitat Valenciana, con 14.093 millones de euros y Catalunya con 14.647 millones serían las dos autonomías más beneficiadas de la condonación de deuda autonómica por parte del Estado pactada por PSOE y ERC. Además juntas acapararían más de la mitad del total de la deuda autonómica perdonada que alcanzaría los 57.771 millones de euros.
Estos son los cálculos que han hecho públicos el Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que cifran la deuda que se perdonaría autonomía por autonomía, y la Comunitat Valenciana y Catalunya estarían seguidas más de lejos por Andalucía (5.696 millones) y la Comunidad de Madrid (3.473 millones).
Los Técnicos de Hacienda afirman que la posible condonación de la deuda por parte del Estado a las comunidades autónomas adheridas o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es “un simple ajuste interno sin efectos hacia el exterior, por lo que el nivel de endeudamiento público de España será el mismo, y los compromisos con la Unión Europea no se verían afectados”.
En esta línea, sostienen que en clave interior, las comunidades autónomas “reducirían una parte del coste de intereses y alcanzarían mejor el objetivo de déficit, y el Estado podría verse afectado en menor medida si necesita endeudarse para realizar las transferencias a determinadas comunidades para que cancelen una parte de las deudas con terceros, bien a las comunidades no acogidas al FLA o porque el importe de la cancelación asignada a algunas comunidades excede de la deuda con el FLA”.
En paralelo, apuntan que el Estado cancelaría el aumento de la deuda que las comunidades autónomas realizaron para financiar los servicios públicos durante los ciclos negativos de la actividad económica desde 2009.
“Solución parcial e incompleta”
Gestha valora el esfuerzo del Gobierno como una medida “de urgencia” en este momento de tramitación de los presupuestos autonómicos, pero considera que la condonación de una parte de la deuda es una “solución parcial e incompleta”. En este sentido, piden al Ministerio de Hacienda que inicie el proceso para negociar el cambio de modelo de financiación autonómica, partiendo de las conclusiones de los informes de las comisiones de expertos nombrados por las distintas Comunidades y el Ministerio de Hacienda al respecto.
Los técnicos recuerdan que el actual modelo ha caducado y que está provocando importantes déficits de financiación, por lo que instan a todas las formaciones parlamentarias que se esfuercen para que no se bloquee esta reforma prioritaria.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, insta así a la ministra María Jesús Montero a que impulse “un gran pacto con todas las comunidades que, a la vista del clima político, consideramos complicado, pero no imposible, si todos priorizan la responsabilidad, el interés general y el bien común”.