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La oficina del Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana para recordarle su “deber legal” de garantizar que “la persona que haya formulado una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de presentarla lo antes posible y quede registrada”.
Este requerimiento de la institución se produjo el pasado 14 de mayo a raíz de las centenares de quejas presentadas por València Acull y por personas a título individual por el colapso que sufre el sistema para conseguir citas de asilo. Mientras, denuncia la ONG que la Policía se limita a informar de que las dos líneas telefónicas para pedirlas “se encuentran operativas como norma general, los miércoles a las 15:00 horas para el trámite al afecto”.
“La falta de citas está provocando que las personas que han huido de sus países al temer por su seguridad estén totalmente desprotegidas social y jurídicamente”, sostienen: “No pueden acceder al sistema de acogida ni pueden legalizar su situación por lo que se encuentran desamparadas (muchas de estas personas están viviendo en la calle) y se arriesgan a que la Policía les imponga una multa o proponga su expulsión por estancia irregular”.
Ante esta situación, València Acull viene registrando desde hace años los casos de las personas que presentan quejas ante la Defensoría del Pueblo y ante la Oficina de Asilo y Refugio por la imposibilidad de conseguir citas. Además, asesora a otras personas en la elaboración de quejas que formulan individualmente. En marzo de este año, desde el Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull se presentó una queja colectiva ante la oficina del Defensor del Pueblo por los 421 casos registrados de personas que no habían podido acceder a una cita de asilo desde el último trimestre de 2022.
La institución apunta que, “pese a los esfuerzos realizados para mejorar el acceso al sistema de citas, las medidas adoptadas resultan insuficientes, teniendo en cuenta el creciente número de solicitudes de asilo que recibe España”. Concretamente, y refiriendo datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2023 se habían registrado más de 163.218 solicitudes en todo el Estado, “un 37 por ciento más que en 2022”, convirtiendo a España en el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea.