La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno abre una vía de oportunidad para resolver el principal problema de la Comunitat Valenciana: la falta de financiación. El actual modelo, caducado desde hace una década, lastra la prestación de servicios públicos básicos, obligando a la comunidad peor financiada a endeudarse para llegar a la media estatal. La comunidad tiene una deuda con el Estado de 48.300 millones (el 84% de su deuda total) y se estima que es casi el mismo porcentaje el que responde a la infrafinanciación cronificada. La autonomía es incapaz de financiar sus servicios públicos con los recursos que recibe, unos 1.200 euros menos por habitante que otros territorios del Estado.
Los acuerdos suscritos por el PSOE con formaciones como Compromís-Sumar y Esquerra Republicana de Catalunya reconocen el problema valenciano de forma singular y se comprometen a ponerle fin. El pacto con la formación de Yolanda Díaz prevé -a petición de Compromís- la reforma del sistema de financiación y un fondo que compense de manera transitoria la falta de recursos, así como inversiones clave como la red de cercanías. El acuerdo con los de Gabriel Rufián abre la puerta a la condonación de una parte la deuda, que aliviaría las cuentas públicas de los valencianos. Sin una condonacicón, los expertos en financiación creen que la autonomía no podría acudir a los mercados financieros. territorios.
En la investidura, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicitó las necesidades de los valencianos: “Tiene que ser la legislatura de la financiación autonómica. No puede ser que la Comunitat Valenciana sea la comunidad peor financiada”, afirmó la dirigente, que recoge este compromiso también en su programa electoral. En su réplica, el ya reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró la promesa de reformar el sistema de financiación autonómica y condonar una parte de la deuda. Según dijo, el nuevo modelo se basará en los principios de “equidad, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal”.
Los representantes valencianos en el Congreso y el Senado celebran los acuerdos y subrayan la oportunidad que supone la legislatura, considerando que pueda ponerse fin a años de inmovilismo y asimetrías en el Estado. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y líder de Compromís, Àgueda Micó, apuntó que la formación ha “marcado la agenda política valenciana”, con cuestiones como el fondo de nivelación, la financiación autonómica y las inversiones en cercanías. “Son las cuestiones por las que lucharemos cada día”, reiteró la diputada, que ve “importantísimo” que “la legislatura avance y que las promesas se cumplan”.
El senador socialista y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, también este miércoles que la agenda valenciana “está en los acuerdos de gobierno”. “Creo que en el horizonte hay posibilidades de cambiar el modelo de financiación, la condonación de la deuda y un plan de inversiones muy importante para la Comunitat Valenciana. Con la investidura de Pedro Sánchez, estaremos en mejores condiciones de afrontar el futuro”, apuntó el secretario general de los socialistas valencianos, que ha hecho de esta reivindicación una bandera durante sus dos legislaturas al frente. Su partido, el PSPV, calcula que al menos deberían ser condonados 10.000 millones de euros a las arcas valencianas.
Durante el debate de investidura, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afeó a los populares su doble rasero con las singularidades autonómicas y recordó la 'cláusula Camps': la modificación del Estatuto de Autonomía impulsada por el expresidente del PP que pedía el mismo nivel de autogobierno para la Comunitat Valenciana que para el resto. “No fuimos los socialistas quienes cuando los catalanes avalaron su Estatut recogimos firmas y los llevamos al Constitucional mientras aplaudían con las orejas otros estatutos que tenían el mismo contenido, incluida la cláusula Camps, que decía: todo esto y los huevos duros”, ironizó López, ahondando en las contradicciones del PP.
Los integrantes de la Plataforma per un Finançament Just, una agrupación de sindicatos, patronal y partidos políticos, consideran que los acuerdos suscritos pueden ser favorables para las reivindicaciones valencianas y ven en el nuevo gobierno una oportunidad. esta plataforma exige que se condone al menos el 70% de la deuda valenciana, el porcentaje que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) achaca a la infrafinanciación. Esta plataforma reclama a los representantes valencianos que asuman el compromiso y terminen con una situación “injusta”.