La Autoridad Portuaria de València (APV) ha descartado que se vaya a abonar una indemnización económica al Grupo Boluda por el rescate de la concesión del muelle donde están ubicados los antiguos astilleros. En su lugar, se le ofrecerá una ampliación de otra de sus concesiones.
Y es que, como informó eldiario.es, un informe externo del puerto concluye que el muelle de la ampliación Norte donde estaba prevista la terminal de cruceros debe utilizarse solo para tráfico de contenedores y que la situación ideal para los cruceristas es la de parte de los astilleros que gestiona Unión Naval de Valencia (sociedad del presidente del lobby empresarial AVE, Vicente Boluda).
La posible compensación económica al líder empresarial había generado cierta polémica puesto que aunque esta concesión caduca en 2027,el grupo Boluda cerró los astilleros en el año 2012 y por tanto el muelle carece de uso desde entonces, al menos en lo que construcción y botadura de barcos se refiere.
Según la ley de 2/2011 de puertos, las concesiones caducan por “la falta de actividad o de prestación de servicio, durante el período de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de doce meses en el caso de concesiones”, por lo que la indemnización económica sería más que cuestionable.
Como informó este diario, el puerto de Valencia ya pagó un rescate de 1,17 millones de euros a Unión Naval de Valencia por la concesión de la Escuela de Aprendices, que había cerrado seis años antes. En esas dependencias, el anterior presidente de la APV, Alberto Aznar, instaló las nuevas oficinas oficinas del recinto portuario. Esta indemnización ya fue motivo de críticas y de una denuncia de Compromís.
No obstante, fuentes de la APV han asegurado que “el muelle tiene otras actividades portuarias e industriales contempladas en la concesión”.
En cualquier caso, han insistido en que recuperarán la concesión ofreciendo al Grupo Boluda más años en otra de sus concesiones, en cumplimiento de lo que prevé el artículo 99 de la Ley de Puertos.
“Cuando llegue el momento se valorará teniendo en cuenta la superficie que se ocupará, el tiempo que le quedaba de concesión y con todo eso se hará un cálculo de ampliación de otra concesión”, han explicado.
Con todo, las mismas fuentes han recordado que todo debe aprobarse en el Consejo de Administración, tanto la justificación de la necesidad del rescate, como la ampliación que se ofrecerá y que se tiene que negociar con el concesionario: “Todo se hará con transparencia y consenso”, han asegurado.