El Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar en torno a 7 millones de euros en concepto de canon por el servicio del Bus Turístic que desde el año 1999 presta la empresa Viajes Transvía, cuyo responsable, Urbano Catalán, fue detenido este lunes supuestamente por hacer regalos al exvicealcalde Valencia, Alfonso Grau, también detenido supuestamente por aceptarlos (cohecho continuado), a cambio de recibir contratos del Consistorio.
Así lo ha denunciado este miércoles el actual concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), quien ha comentado que esta autorización administrativa fue renovada de forma sistemática por los concejales responsables del área de Transportes en la etapa del PP (Jorge Bellver, Alfonso Novo y Alberto Mendoza) sin exigir a cambio contraprestación económica alguna. En el año 2012, se sumó al servicio la empresa Viajes Privilege, a la que tampoco se le ha exigido el pago de una tasa.
Según Grezzi, la empresa que presta este mismo servicio en Madrid paga 3 millones de euros al año al Ayuntamiento, mientras en Toledo otra entidad abona 166.000 euros al Consistorio. Así, el concejal ha estimado que las arcas municipales podían haber ingresado un mínimo de 500.000 euros al año.
Además, Grezzi ha criticado que su predecesor, el edil del PP Alberto Mendoza, prorrogara durante cuatro años el sevicio de ambas firmas sin exigir tampoco tasa alguna a tan solo cuatro días de las elecciones municipales. En este sentido, ha explicado que ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para determinar si se pueden rescindir los contratos con Viajes Transvía y Viajes Privilege sin que esto suponga el pago de una indeminización a las empresas. Si fuera posible, se sacaría el servicio a concurso público e incluiria el pago de un canon al Ayuntamiento.
Al respecto, el concejal 'popular' Alberto Mendoza ha salido al paso de estas declaraciones y ha explicado que “las autorizaciones administrativas pueden estar o no sujetas a tasa”. Además, ha explicado que cuando él entró a la Concejalía preguntó si podían cobrar tasa a las empresas: “Los técnicos de tráfico dijeron que en 1999 lo consultaron con los de Hacienda, pero estos dijeron que no era posible establecer una cuantía ya que la estancia de los buses en las paradas es aleatoria y no por un tiempo fijo”.
En cuanto a la renovación del servicio a cuatro días de las elecciones, ha explicado que las empresas les llamaron en marzo para avisarles de que el contrato caducaba en junio y que querían renovarlo. Así, “en ese momento se inciaron los trámites administrativos para la renovación que concluyeron en mayo”. Por eso, aunque quedaba poco para las elecciones, se decidió la prórroga “para que la ciudad no se quedara sin ese servicio”.