El Ayuntamiento de València renunció a la compra de al menos 400 viviendas para el parque público en 2024
![Promoción de viviendas en alquiler en València.](https://static.eldiario.es/clip/b86afb8f-e1e3-44c3-a7eb-7b0a375b4c42_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Ayuntamiento de Valencia rechazó comprar más de 400 viviendas haciendo uso del derecho de tanteo en el último trimestre de 2024. El PSPV denuncia que el gobierno que dirige la popular Maria José Catalá renunció a la adquisición de inmuebles en un contexto de especial vulnerabilidad para los afectados por la DANA, rechazando la adquisición de estas viviendas que habrían pasado al parque público municipal.
Los socialistas han reclamado los expedientes de ocho edificios que suman 436 viviendas en la ciudad y, según afirman, el Ayuntamiento renunció a la compra de 265 viviendas una semana después de la DANA. Según la documentación a la que ha accedido el grupo municipal, el motivo de la renuncia fue el precio de los inmuebles, que excede el límite que marca el consistorio para las adquisiciones, muy por debajo del precio de mercado. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, que ha comparecido junto a las concejalas María Pérez y Elisa Valía, ha denunciado que “ante la crisis de vivienda que está sufriendo València Catalá no aplica medidas y además renuncia a comprar”, y ha recordado que el PP recurrió el decreto que da a la Administración derecho preferente en la adquisición de viviendas.
Los inmuebles a los que el Ayuntamiento optó y no compró costaban entre 2.300 y 2.500 euros el metro cuadrado, mientras que la Administración considera procedente un precio cercano a los 1.500 euros el metro cuadrado para estos inmuebles, en función del barrio. En concreto, denuncia el PSPV, se podría haber adquirido un edificio de 100 viviendas seminuevas -construidas en 2023- en la Avenida de Francia por 29,9 millones de euros, otro de 151 y mismas características en la misma calle por 28,5 millones de euros o 60 viviendas en la calle Juan Verdeguer por 21,5 millones de euros, así como varios inmuebles en El Cabanyal o la Calle Túria, en el barrio del Botànic.
La compra de estas viviendas habría implicado una inversión total de unos 120 millones de euros, casi una décima parte del presupuesto anual de la ciudad, pero cuatro veces la cuantía destinada a vivienda en 2025. Los socialistas cuestionan este límite de precios del Ayuntamiento, muy por debajo del precio de mercado y también del precio de referencia que fija la Generalitat Valenciana para la compra de vivienda pública, que alcanza los 2.400 euros por metro cuadrado.
El equipo de Catalá argumenta que todas las valoraciones con opción de ejercer el derecho de tanteo y retracto se basan en criterios y parámetros técnicos establecidos, y apunta a que se fijaron mediante un convenio entre la Generalitat Valenciana y el municipio en 2022, ambos gobernados por el pacto de PSPV, Compromís y Unides Podem en el momento de la firma. Si no se han aceptado los ocho edificios han sido por criterios técnicos y por esos mismos criterios técnicos se aceptó ejercer el derecho de tanteo y retracto en el edificio de Safranar, apuntan desde el PP, que recalcan que cada piso, comprado a ese precio, hubiera costado 100.000 euros más que las viviendas de Safranar y lo consideran “jugar a la especulación”.
El Gobierno local decidió el pasado año que solo ejercería el derecho cuando se pudieran comprar promociones enteras o al menos diez viviendas de una misma tanda. En el momento se argumentó que era más eficiente, por simplificación administrativa y para facilitar la gestión de las viviendas públicas. Los socialistas recuerdan que la lista de espera para acceder a una vivienda pública en València es de 1.837 personas y ha crecido un 49% en el último año, mientras que el precio de alquiler interanual ha aumentado un 28% en toda la ciudad.
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