Los representantes de los 26 empleados del Consorcio Valencia 2007 ya tienen clara la hoja de ruta de los liquidadores para la disolución definitiva del ente participado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) y creado en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa del América.
Según han informado fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es, este miércoles tuvo lugar una reunión entre todas las partes en la que se trasladó a los sindicatos que los 12 trabajadores de marinería que prestan servicio en la parte náutica quedarán subrogados a la empresa que gestionará una parte importante del espacio, incluidos los amarres, a partir del 1 de octubre.
En concreto será la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar la que asuma el control, si los tribunales no lo impiden. Esta subrogación tampoco está exenta de polémica, puesto que los empleados perderán la condición que tenían hasta ahora de empleados públicos.
En cuanto a los 14 trabajadores restantes, entre los que hay personal administrativo, personal técnico jurídico y de administración así como los responsables de eventos y marketing, serán despedidos el próximo 16 de octubre, si bien es cierto que los sindicatos van a tratar de negociar una recolocación de todos ellos. Sin ir más lejos este viernes habrá otra reunión.
Con todo, los tres responsables de la contabilidad seguirán en sus puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre, día en el que se cerrará el ejercicio y quedará oficialmente disuelto el Consorcio.
Con todo, el procedimiento desde el inicio de la liquidación hasta la adjudicación del nuevo operador privado acabará en los tribunales. Como informó este diario, el abogado de los trabajadores, Manuel Mata, exsíndico del PSPV en las Corts Valencianes, presentará un recurso a los juzgados en un plazo no superior a dos meses en el que además pedirá la suspensión cautelar de la disolución del Consorcio y, por lo tanto, del despido de los empleados y de la entrada del gestor privado previsto para el mes de octubre.
Tal y como acordaron la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, será la mencionada empresa la que gestione un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del Ayuntamiento de València y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios.
Compromís pide una solución que evite despidos
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el concejal de la formación valencianista, Ferran Puchades, dieron públicamente su apoyo a los trabajadores del Consorcio València 2007, responsables de la gestión de La Marina de València, sobre los cuales existe una amenaza de despido por parte de los actuales responsables municipales y de la Autoridad Portuaria de València; y criticaron la privatización del espacio, que ha provocado esta situación.
Robles dijo que observa “con preocupación cómo la Autoridad Portuaria de València, paso a paso y sin ninguna oposición de la señora Catalá como alcaldesa de València, está volviendo a hacerse ama y señora de los terrenos de la Marina”.
Desde Compromís manifestaron su apoyo a la justa reivindicación de los trabajadores que serán despedidos y que, contrariamente a lo afirmado, sus funciones y tareas que han venido desarrollando, no desaparecerán, ya que serán ejercidas por personal del Ayuntamiento o del Puerto: “Reclamamos que el futuro órgano de coordinación interadministrativa que aprobará el Ayuntamiento en los próximos días, sea reformulado para que tenga personalidad jurídica propia, se configure como un órgano conjunto de gestión y decisión unitaria de La Marina y pueda subrogar a este personal que hasta hoy mismo, y pese a que la liquidación del Consorcio se acordó en mayo de 2022, han venido garantizando la gestión ordinaria de La Marina”, dijo Puchades, quien aseguró que presentarán una moción al Ayuntamiento para garantizar los derechos laborales de estas personas.
El PP culpa de la situación a Ribó
Fuentes municipales del equipo de Gobierno tildaron de cínica la postura de Compromís porque “la liquidación de Consorcio Valencia 2007 fue una decisión adoptada y votada por el anterior equipo de Gobierno capitaneados por Joan Ribó y Sandra Gómez” y aseguraron que adoptaron la decisión “sin estudiar sus consecuencias”.
Además comentaron que “la rescisión de los contratos lo marca el informe de la Abogacía del Estado dependiente del Ministerio de Bolaños, gobierno que cuenta con el apoyo de Compromis” y añadieron: “Actualmente solo se concluye el trámite de liquidación del Consorcio que dejó por hacer el anterior Gobierno y que en un año no fue capaz de poner en marcha ni de realizar ni un trámite”.