El pasado 14 de diciembre, un día después de que finalizara la la cumbre del clima de Dubai a la que asistió la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro también socialista Óscar Puente brindaba con cava en el Puerto de València con el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y con la alcaldesa de València, María José Catalá, ambos del PP, para anunciar de forma unilateral el visto bueno a una polémica ampliación portuaria que vendió como “ecológica y sostenible”.
La oposición al proyecto de sus socios de Gobierno de Sumar, plataforma en la que está integrada Compromís, ha sido siempre pública y notoria.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, manifestó días antes en sus redes sociales su oposición a la infraestructura exhibiendo fotos de una reunión con la plataforma vecinal y ecologista que se opone al proyecto con el siguiente mensaje: “Los intereses de una multinacional no pueden estar por encima de los de la ciudad y de la emergencia climática. La ampliación del puerto de Valencia no puede ir contra el bienestar de los vecinos y vecinas. Nos hemos reunido con la Comissió Ciutat-Port para pedir que se paralice esta operación”, afirmó.
Una postura que no se quedó en una mera declaración de intenciones, a tenor de la documentación recabada por elDiario.es, según la cual, en el proceso de tramitación en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos previa al Consejo de Ministros celebrado el 19 de diciembre de 2023, en el que se aprobó el la licitación de la ampliación portuaria por importe de 656 millones de euros, la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz, remitió documentación oficial por medio del cual solicitó la retirada de la autorización del contrato de obras del muelle de contenedores en base a cinco observaciones.
1. Dudas sobre la vigencia de la declaración de impacto ambiental. Se manifestaron dudas sobre la compatibilidad del proyecto planteado con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) realizada en 2007 sobre la que se realiza el actual proyecto, ya que se considera que el entorno normativo y ambiental ha cambiado y que dicha DIA estaba planteada para un proyecto distinto al que en este momento se sometía a aprobación.
2. No incorporación de las condiciones vinculantes impuestas por el informe de la Dirección General de la Costa y el Medio Marino del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de 18 de noviembre de 2022. Se llamó la atención sobre la no incorporación al proyecto de las 21 condiciones vinculantes impuestas por la Dirección General de la Costa y el Medio Marino del Miteco en su informe de 18 de noviembre de 2022.
3. Falta de informes de repercusiones sobre hábitats de Red Natura 2000. Se consideró que no constaba en el expediente de tramitación el perceptivo estudio de repercusiones sobre hábitats Red Natura 2000 ni informe autonómico sobre el mismo, algo que se considera imprescindible dado el riesgo de impactos negativos de la ampliación del puerto sobre el lago de la Albufera como ya se advertía en la DIA de 2007.
4. Efectos de las actuaciones de la Autoridad Portuaria sobre las playas del sur. Se reiteraron las advertencias ya señaladas por la Autoridad Portuaria de Valencia sobre el incumplimiento de las obligaciones de vigilancia de las actuaciones en las playas del sur y el entorno del lago de la Albufera. Se consideró que la evidencia de acusada regresión de las playas del sur sobre las que se extendería el efecto sombra proyectado por la prolongación del puerto planteada justificaría la necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental.
5. Conflictividad judicial. Por último, se planteó que la aprobación del proyecto de obra del muelle de contenedores se encuentra actualmente impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por entidades ciudadanas y que se había aprobado la admisión por parte de dicho Tribunal Superior de Justicia de una prueba pericial en el seno del procedimiento para evaluar la posible afección del Parque Natural de la Albufera.
En base a todas estas alegaciones trasladadas por escrito se hizo constar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que desde Sumar no se compartía la urgencia del departamento proponente y atendiendo a las razones medioambientales, económicas y jurídicas esgrimidas se comunicó la ausencia de consenso en el seno del Gobierno para ser aprobado y se solicitó su retirada del orden del día del consejo de ministros del 19 de diciembre.
Sin embargo, estos argumentos no convencieron al ministro de Transportes socialista, Óscar Puente, ni al propio PSOE, que hizo valer su mayoría para llevar la aprobación de la licitación de la infraestructura al Consejo de Ministros, un trámite que también ha sido ya recurrido y admitido por el TSJCV.