La empresa que opta a gestionar la polémica ampliación del Puerto de València pide una prórroga de cuatro meses para confirmar su proyecto

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este viernes la prórroga de cuatro meses solicitada por TIL, filial de MSC y única compañía que opta a la construcción y gestión de la nueva terminal proyectada en la polémica ampliación norte, para la revisión del anteproyecto con el objetivo de que pueda estudiar técnicamente las modificaciones realizadas por la supresión de la prolongación del dique y el dragado del canal (no ampliación de 500 metros del dique Norte y no dragar hasta los -22 metros) realizados tras estudiar las alegaciones presentadas al proyecto.

Según ha explicado el director general de la APV, Francesc Sánchez, “la prórroga que nos ha solicitado TIL es exclusivamente por razones técnicas. Nos ha reiterado clarísimamente y sin ningún inequívoco que de todos los proyectos que tienen en el mundo en estos momentos, en ningún caso está replanteando el proyecto del Puerto de València, que es uno de los proyectos estratégicos para TIL”.

De esta forma, la adjudicación de la concesión a la compañía no se producirá antes de cuatro meses y quedará condicionada a que Puertos del Estado dictamine mediante un informe si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 es válida o si bien es preceptivo realizar una nueva tramitación que tenga en cuenta las modificaciones que ha sufrido el proyecto. El presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha comentado que el compromiso de Puertos del Estado es que este informe esté finalizado en un plazo de tres meses.

Martínez ha comentado que en cualquier caso, si Puertos del Estado determina que la DIA de 2007 es válida, los plazos para la puesta en marcha de la futura terminal no se verán afectados puesto que está previsto que a lo largo del primer trimestre del año que viene se presente y licite el proyecto de construcción de los nuevos muelles sobre los que se asentará la terminal, una obra que ejecutará y financiará la APV con un coste de unos 400 millones de euros. La previsión es que la obra finalice en 2023, momento en que se haría efectiva la concesión y se iniciarían los trabajos de la nueva terminal de contenedores.

En cuanto a la resolución del Consejo de Transparencia que insta a la APV a que facilite la mayoría de documentación solicitada por la Asociación de Vecinos Grau-Port relativa al rescate de la concesión de los astilleros de la antigua Unión Naval de Boluda para la construcción en su lugar de la nueva terminal de cruceros, tanto Martínez como Sánchez han achacado la resolución a un malentendido y han asegurado que facilitarán toda la documentación que no esté sujeta a contenido con información sensible de la empresa del naviero.