La dirección de Ford Europa emitió un comunicado este martes que ha sumido a los 5.800 empleados de la factoría de Almussafes en un contexto de incertidumbre más allá de que finalmente se le adjudique la fabricación de los modelos eléctricos de la marca y a pesar de haberse comprometido recientemente a asumir recortes.
El pasado 27 de enero, UGT, sindicato mayoritario, alcanzó un acuerdo laboral en Colonia con los directivos de la multinacional vinculado a que se eligiera a la planta valenciana para fabricar los nuevos coches eléctricos en detrimento de Saarlouis (Alemania), una decisión que Ford adoptará en el mes de junio.
En virtud de este acuerdo, se establecerían incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales que suman 7.000 euros entre 2022 y 2025, y retornar al IPC en el año 2026.
En concreto, en las tablas salariales para cada uno de los cuatro años el aumento sería el siguiente: 1.000 euros en 2022, que se pagarían a la firma del acuerdo; 1.500 euros en 2023; 2.000 euros en 2024; y 2.500 en 2025. Se trata de un pacto a cinco años que está condicionado a que Ford asigne en junio la plataforma eléctrica de los futuros vehículos a la factoría de Almussafes.
Sin embargo, en el mencionado comunicado, si bien es cierto que la compañía descarta que la elección descarta el cierre de cualquiera de estas plantas, también lo es que advierte de que habrá recortes de plantilla.
“Estamos siendo testigos de la mayor transformación que ha visto nuestra industria en más de 100 años (...). Para cumplir y optimizar nuestro plan debemos seguir optimizando nuestras operaciones en Europa. Independientemente de la planta que se selecciones en última instancia, es importante recordar que aún no se trata de una decisión de inversión de producto. Después de la selección de la planta, tendremos muchos trabajo por hacer para asegurar el producto en Europa”, dice el escrito.
A continuación añade que “esto tampoco es una decisión de cierre de una planta”. De hecho, afirma que están “buscando alternativas futuras oportunidades para la planta que no sea seleccionada” y advierte de que “esto tendrá que ser un esfuerzo que incluya múltiples partes, incluidos gobiernos locales y nacionales”.
“Y por último, es previsible que tanto Saarlouis como Valencia deban someterse a un redimensionamiento de su estructura actual”, finaliza.
Actualmente, la planta valenciana se encuentra inmersa en un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 15 días hasta el 30 de junio y que es de aplicación tanto en fabricación como en motores, por lo que afecta a la práctica totalidad de los 5.800 empleados de la factoría.