La Justicia investigará el procedimiento administrativo por el cual está prevista la liquidación del Consorcio Valencia 2007 así como el despido de una docena de empleados del ente derivada de la misma. Esto, al mismo tiempo, podría afectar a la entrada del operador privado a la gestión de los amarres y de gran parte del espacio de la Marina de la València por medio de una concesión de al menos 35 años aprobada este jueves por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
El juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de València ha admitido a trámite el recurso presentado por el abogado y exsíndico del PSPV, Manuel Mata, en representación de la docena de los empleados del Consorcio afectados por los despidos y ha dado veinte días al organismo para que le remita la copia del expediente.
El Consorcio Valencia 2007, la entidad participada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) y creada en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa del América de vela, afronta un proceso judicial.
El ente está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre él. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación.
Según el recurso planteada, “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”. Y continua: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.
La denuncia considera, por lo tanto, nulo “de pleno derecho” el acuerdo de disolución del Consorcio adoptado en el año 2022 debido a “manifiestos y graves errores” al continuarse con toda la actividad consorciada entre el Puerto de València y el Ayuntamiento mientras se pretende finiquitar “ilícitamente” los contratos laborales de los empleados por medio de un expediente de regulación de empleo para el que aún no hay acuerdo.