El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de València ha admitido a trámite la demanda del colectivo ciudadano Per l'Horta que solicita la declaración de nulidad de la reurbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) autorizada por el Ayuntamiento de València y la recepción de las obras del sector. Las obras fueron impulsadas por Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y financiadas por la entidad de pública del suelo (SEPES) con un coste de 4,4 millones de euros.
El suelo ocupado por la ZAL continúa siendo de especial protección agrícola, tal y como han repetido en varias sentencias tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como el Tribunal Supremo.
Según el colectivo, la declaración de nulidad de esas actuaciones supondría la imposibilidad de ocupación de parcelas y de la construcción de naves en una zona que ha demostrado su inutilidad al haber estado desocupada por más de veinte años a pesar de que las expropiaciones y la expulsión del centenar de familias que cultivaban la huerta de la La Punta se llevaron a cabo aduciendo una supuesta urgencia en la ocupación.
La asociación Per l’Horta, en su condición de miembro de la plataforma Horta és Futur-No a la ZAL insiste en la validez de las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo en 25 de mayo de 2015, que anularon anteriores versiones del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.
Aquella operación supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola en plena producción y la expulsión de alrededor de un centenar de familias que residían en La Punta y cultivaban aquellos terrenos desde tiempo inmemorial.
Antonio Montiel, abogado y miembro del colectivo califica aquella actuación iniciada en tiempos de Rita Barberá de “inutil en tanto que esa zona logística jamás ha sido utilizada y de monumento al despilfarro que sirvió de pretexto para destruir con dinero público un paraje de huerta secular en plena producción”.
La enésima versión de aquel Plan, aprobada en 2018, fue nuevamente anulada por dos sentencias consecutivas del TSJ dictadas en 31 de marzo y 6 de julio de 2022. Una circunstancia que llevó a Per l’Horta a instar en varias ocasiones al Ayuntamiento de Valencia a no admitir la ejecución de nuevas obras de reurbanización de la ZAL, deteriorada tras dos décadas de abandono por parte del Puerto de València, para evitar un uso logístico que podría ser considerado ilegal a la luz de estas nuevas sentencias judiciales.
“Con un cúmulo de decisiones judiciales en contra resulta inexplicable el empeño del Puerto de Valencia en proseguir con actuaciones en la ZAL que son contrarias al Plan General y que, de ejecutarse, podrían generar la obligación de indemnizar después a las empresas que se establecieran en un suelo que, sigue siendo no urbanizable y solo apto para uso agrícola”, afirma Antonio Montiel, miembro de la asociación recurrente, que añade que “el Ayuntamiento de València no debió núnca autorizar las obras ni recibir la urbanización para hacerse cargo de su limpieza, seguridad y mantenimiento”.
Según afirmaron entonces fuentes municipales, la recepciòn de las obras se ha aprobado por indicación de un informe de los servicios jurídicos municipales según el cual este trámite “se limita a la obligación municipal de conservación y mantenimiento, pero no implica nada que perjudique cualquier decisión futura sobre el ámbito de la ZAL”
El colectivo ciudadano vincula estas actuaciones en la ZAL con el empecinamiento de la Autoridad Portuaria por imponer, mediante una política de hechos consumados, una macroampliación del Puerto de València que también está recurrida ante los tribunales y que cuestionan numerosos expertos, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos organizados en torno a la Comissió Ciutat-Port.
El colectivo Per L’Horta se habría dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de València sin que este anulase la autorización de reurbanización. De hecho el Ayuntamiento llegó a suscribir un acta de recepción de las obras que, a juicio de la entidad ciudadana, fue absolutamente irregular, lo que le ha llevado a presentar este nuevo recurso contencioso-administrativo con la intención de que la Justicia acceda a su petición de nulidad de aquellas actuaciones municipales y paralice la instalación de cualquier actividad en el sector.
Per l'Horta confía en una resolución judicial favorable a la anulación de la autorización de las obras de reurbanización y la recepción municipal de las mismas ante las reiteradas decisiones judiciales que, de manera constante, han declarado nulas de pleno derecho las tres versiones tramitadas hasta ahora del Plan Especial de la ZAL
La reivindicación del colectivo es que los terrenos vacantes que integran la que califica de ZAL “fantasma” sean finalmente destinados a constituir un elemento de conexión verde entre el parque natural del río Turia y el parque natural de la Albufera, reforzando la función ambiental y patrimonial de estos enclaves, así como en defender un gran acuerdo entre las autoridades competentes y la sociedad civil para la recuperación para uso público de los terrenos expropiados en La Punta hace ya más de veinte años y que no han sido nunca usados para la finalidad industrial que justificó la violenta expulsión de sus vecinos y labradores.