“Que las fichas de gestión establezcan la obligatoriedad de que el Club deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio, acreditado por el ayuntamiento sobre un análisis técnico del mismo, para poder obtener la licencia de edificación para la conclusión de la construcción de los usos deportivos previstos sobre la parcela calificada como GSP-1, destinados a albergar el nuevo estadio. Así como para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado un uso dominante terciario”.
El punto tercero de la moción que el PSPV llevará al pleno del próximo martes 28 de mayo y que presentaron este lunes la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, y el portavoz adjunto Borja Sanjuán, se expresa en estos términos en relación a las condiciones que deberá de cumplir el Valencia CF para poder recuperar y rentabilizar los derechos urbanísticos que le otorgaba la actuación territorial estratégica (ATE), caducada hace casi dos años: “Todo ello derivado de la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento en línea con el que ha acreditado el TSJCV, evitando que las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido”, añade el mencionado punto.
De esta forma, el documento propone que se incluya en las fichas urbanísticas, que se aprobarían en el pleno de junio, la obligatoriedad por parte del club de presentar una fianza por valor total de las obras que quedan por ejecutar como requisito para obtener la licencia de obras del nuevo estadio y del resto de los futuros edificios de viviendas y oficinas previstos tanto en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas como en la de Aragón. Además, se incluirían en las fichas urbanísticas las condiciones que debe cumplir el nuevo estadio en cuanto a aforo, calidades y régimen de uso compartido con el Ayuntamiento.
El primer punto de la moción propone “que se apruebe en el pleno de junio la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia C.F. en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona a antiguo Mestalla y zona b Corts Valencianes, que incluyen las fichas de gestión”.
El segundo punto propone “que las fichas de gestión incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas”.
Al respecto, Sandra Gómez aseguró que María José Catalá “va a tener que demostrar si hace lo que dice”. “Dice que nuestras fichas y nuestro convenio son el camino que hay que seguir, pero a la par lleva negándose un año a llevarlo al pleno del Ayuntamiento de València. Ante eso, nosotros hemos cogido la iniciativa, como oposición, de trasladarlo en forma de moción”, dijo la portavoz socialista.
“Como alcaldesa estaba obviando su responsabilidad de llevarlo al pleno y lo llevamos nosotros como Partido Socialista. Ahora es ella la que se va a tener que mojar y tomar partido, algo que intenta evitar desde que es alcaldesa”, añadió Gómez.
Sanjuán consideró que se ha dado una “anomalía” porque “esto lo tendrían que proponer los responsables de gobierno” y apuntó que María José Catalá ha dejado “el peso de proponer las soluciones en la oposición. Es una dejación de funciones en un tema que ha dicho que es muy importante para la ciudad”, dijo el edil, que aseguró que se busca defender los intereses de la ciudad.
Preguntado sobre si las fichas deberían de volver a pasar un trámite de exposición pública al introducirse cambios, Sanjuán ha considerado que no sería preceptivo, aunque ha comentado si fuera necesario tampoco supondría un problema y en todo caso se llegaría a tiempo para aprobarlo antes del 3 de agosto, momento en el que los servicios jurídicos municipales entienden que el Valencia CF podría recuperar los derechos urbanísticos sin condiciones si el Ayuntamiento no aprueba antes las mencionadas fichas urbanísticas.
En cuanto a la legalidad de retrasar la obtención de una licencia, que es un procedimiento reglado, a la aportación de una fianza, el edil socialista aseguró que el Ayuntamiento puede poner las condiciones que considere para que en este caso el club pueda obtenerlas: “Si el club cumple las condiciones que se le piden no se pueden denegar, pero aquí estamos hablando precisamente de las condiciones que se tienen que cumplir”.
Escenario político
Con los siete votos de los siete concejales que tiene el PSPV en el pleno, para que la moción prospere necesitará una mayoría simple, es decir, más votos que el resto de fuerzas sin necesidad de lograr una mayoría absoluta de 17 votos. Desde Compromís, con nueve concejales, se mostraron abiertos a estudiarla y a apoyarla. Su portavoz, Papi Robles, comentó: “No hemos visto todavía la moción del Partido Socialista. Si hay algún detalle que veamos que echamos en falta en su propuesta, haremos alguna enmienda”.
De esta forma, si Compromís apoyara la moción, haría falta que al menos uno de los otros dos partidos se abstuviera, algo a priori poco probable teniendo en cuenta que el PP, con 13 concejales, y Vox, con cuatro, son socios en el Gobierno municipal. La lógica indica que los populares podrían plantear una moción alternativa pactada con sus socios de extrema derecha, o simplemente votar en contra de la propuesta del PSPV y buscar otras posibles vías o alternativas. Pero lo cierto es que en este tema, hasta ahora Vox se ha mostrado firme en su negativa a aprobar cualquier instrumento que beneficie al Valencia CF mientras Peter Lim sea su máximo accionista, lo que de momento ha imposibilitado un acuerdo en este tema entre los socios del ejecutivo municipal. Está por ver, sin embargo, que esa falta de acuerdo se traduzca en proporcionar una victoria política a la izquierda, posibilitando mediante una abstención la aprobación de la moción de los socialistas.