El Puerto de València advierte a la alcaldesa que reclamará los inmuebles de la Marina si no son para uso público

Los espacios de propiedad municipal cedidos para su explotación al Consorcio Valencia 2007, entidad impulsado por las administraciones central, autonómica y local para ejecutar las infraestructuras necesarias para la celebración de la America's Cup y gestionar la Marina tras este evento, volverán a ser tutelados por el Ayuntamiento de València, pero con limitaciones bajo advertencia de su recuperación por parte del Puerto de València.

El equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox que dirige la alcaldesa, María José Catalá, dio cuenta el pasado viernes 5 de julio de la extinción del convenio firmado para regular dicha cesión, por haber finalizado el plazo de esta acción que afectaba a bienes como El Tinglado número 2, el edificio Veles e Vents o las cinco bases de los equipos participantes en la 32 Copa América.

Además de revertir esta cesión gratuita, la Junta de Gobierno aprobó recuperar la posesión y el uso de estos espacios y de lo construido sobre los mismos, tanto las existentes en el momento de la cesión como las ejecutadas con posterioridad; y acordó que el Ayuntamiento subrogará los contratos firmados por el Consorcio Valencia 2007 con diferentes empresas de servicios y asumirá las autorizaciones otorgadas por el consorcio para la realización de eventos en los citados bienes. Sin embargo, no se subrogará a la decena de trabajadores del Consorcio, que si no hay cambios serán despedidos una vez se liquide el ente.

Concretamente, este acuerdo de gobierno afecta al Tinglado número 2, ubicado en la dársena interior del Puerto, los terrenos desafectados de la Zona de Servicio del Puerto de València, el edificio Veles i Vents, el aparcamiento contiguo a este edificio y las edificaciones existentes sobre el mismo, la Casa de la Copa, los edificios de bases de equipos participantes en la Copa América 2007 construidos en el Muelles de la Aduana y el del Grao, y el edificio denominado Caseta de la Guardia Civil.

Sin embargo, el Ayuntamiento no podrá decidir libremente a qué dedica estos espacios e inmuebles. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como ya hiciera con el anterior ejecutivo municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó, ha presentado alegaciones al expediente por el que se acuerda la cesión gratuita de estos espacios al Ayuntamiento en los que recuerda que estos elementos no pueden destinarse a fines lucrativos, sino que tienen que ser de utilidad pública.

En concreto, su documento de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, la APV advierte de que, según el criterio de la Abogacía del Estado “no entra en el concepto de utilidad pública o interés social el destinar los bienes a usos de naturaleza privada, por cuanto ello es incompatible con el uso abierto y común de dichos bienes por la ciudadanía, fin para el que se cedieron los bienes gratuitamente”.

Por esto motivo, considera que “de estimarse que los bienes cedidos al Ayuntamiento no pueden destinarse al fin para el que fueron cedidos, o de mantenerse el uso actual, respecto de los que son objeto de explotación, procedería la resolución de la cesión gratuita en los bienes afectos, con la consiguiente reversión a la APV”.

La ciudad pierde así autonomía para planificar lo que considere en unos espacios que son de facto de su propiedad. Como informó este diario, tras acordar con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la privatización de un 47% de la Marina (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, todo lo que decida para el resto del enclave deberá contar con el visto bueno de la APV.

Sin duda se trata de un paso atrás con respecto a la gestión unitaria y pública que existía hasta ahora del 100% de la Marina de la mano del Consorcio cuya presidencia ha ostentado el alcalde o alcaldesa de la ciudad. Además, supone un importante retroceso con respecto a lo que consiguió la anterior alcaldesa del PP durante 24 años, Rita Barberá, también gracias a un trabajo previo iniciado en la época del socialista Ricard Pérez Casado, quien comenzó las negociaciones para devolver a la ciudad aquello que le correspondía respecto al uso de la dársena histórica.

Lejos de adoptar una postura reivindicativa como alcaldesa y desoyendo a sus propios servicios jurídicos que contradecían el informe del abogado del estado de la APV, Catalá claudicó y renunció a exigir autonomía para decidir sobre el futuro de toda la Marina de València, como un espacio más de la ciudad que es, algo que su antecesora Rita Barberá siempre reivindicó, lo mismo que Joan Ribó, quien advirtió a la APV de recursos judiciales si finalmente optaba por recuperar los terrenos desafectados, precisamente basándose en los informes del secretario municipal que Catalá obvia.