El Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón ha autorizado una quema masiva de paja de arroz en el parque natural de la Albufera. Solo entre el jueves 10 de octubre y el viernes 11 se cuadruplicaron las quemas con respecto a años anteriores, ocasionando numerosos problemas de contaminación atmosférica además de la reclusión de centenares vecinos y de los 700 alumnos del colegio y del instituto de El Saler por la humareda provocada por la combustión del subproducto del arroz.
Tras las quejas de las familias de los alumnos y de los propios centros escolares, la Conselleria de Medio Ambiente anunció el cese de los permisos argumentando que habían cambiando las condiciones del viento.
Hace unas semanas el ejecutivo de Mazón anunciaba que el problema de la quema de la paja se había solucionado. En concreto, se anunció que en aquellas zonas que se encuentren a menos de 500 metros de zona forestal que no tengan plan local de quema se podía autorizar la misma con una simple declaración responsable frente al permiso que era necesario obtener otros años. “Fin a las trabas burocráticas” rezaba el comunicado previo a la campaña de la retirada del recurso agrícola.
Este año, argumentando problemas fitosanitarios, bajo el informe avalado por la Conselleria de Agricultura, a los agricultores se les permitía la quema, sin límites, ni sectorización y sin tener en cuenta el escalonamiento de las combustiones, en contraposición con los últimos años del Gobierno del Botánico, donde se estableció desde 2018 una sectorización del arrozal, además de determinar cada año de forma rotativa la quema de la paja del arroz, eso, sí, de forma escalonada. De hecho y según cifras de años anteriores, solo hubo picos de 50 quemas por día. Este año, según entidades ambientalistas consultadas por elDiario.es, se habrían superado las 400 en 48 horas, es decir, una media de 200 en los dos días que se produjeron las quemas, cuadriplicando la media diaria de otros años.
De hecho, las mas de 400 quemas entre el pasado jueves y viernes, ha provocado numerosas quejas y problemas de salud, además de situaciones desagradables como la del colegio e instituto de El Saler, donde 700 estudiantes se confinaron en sus respectivos edificios. Según reconocieron usuarios y personal de los centros, “el humo de la quema ha convertido el aire en irrespirable”.
Respecto a la calidad del aire, y según las mismas fuentes consultadas por elDiario.es, a mediodía de la jornada del viernes 11 de octubre, se habían disparado los indicadores de contaminación atmosférica en numerosas zonas el área metropolitana de València y zonas del litoral, siendo especialmente significativas las partículas pm, las más peligrosas, ya que representan el mayor riesgo para la salud ya que penetran directamente en los pulmones. Éstas unidas a otras partículas se habían superado de forma alarmante. Este sábado por la mañana, la aplicación GVA Aire registraba en la estación móvil de Silla, la que se utiliza como referencia para autorizar o no las quemas, niveles “desfavorables” de partículas pm 2.5.
La quema masiva provocó que en numerosos foros y redes sociales consultados por este diario los ciudadanos se preguntaran de dónde provenía la intensa humareda. Localidades como Silla, Sollana, Alcácer, entre otras, expresaban su indignación con especial incidencia a personas que mostraban “problemas respiratorios”, lo que les obligaba a quedarse en casa recluidos.
Al respecto, fuentes de Acció Ecologista-Agró han confirmado a esta redacción “el descontrol que ha habido con las quemas” y han constatado que a pesar de que la normativa obliga a que haya siempre un responsable durante el proceso y a que no se quemen campos si los contiguos se están aún segando, ambos aspectos se han incumplido en muchos casos: “Este año solo se ha pedido una declaración responsable y no ha habido ningún control por parte de la conselleria, por eso se ha quemado todo a la vez. No hace falta tener un medidor para saber que se han superado los niveles ce contaminación”, han lamentado.
La Conselleria de Medio Ambiente ha contado con una herramienta que creó el Botànic para prevenir las quemas abusivas y sin control. La aplicación QUEPAR, gestionada por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), alertaba a horas centrales del día que no estaba permitida la quema, sin embargo, al parecer esta alerta no se respetó en algunos casos.
La gestión de la paja del arroz cambió sustancialmente desde 2018 después que València superara los mínimos exigibles de calidad del aire el año anterior. En un cambio de paradigma y consensuado con los sectores, incluido el ecologista, se estableció por parte de la Dirección General de Medio Natural, entonces en manos del sector de Compromís, una división del arrozal donde directamente cada año se prohibía quemar en la mitad del arrozal y se permitía la quema en las zonas bajas, de difícil acceso a la maquinaria y siempre por razones fitosanitarias.
Todo el plan de gestión de la paja se realizó coincidiendo con una denuncia presentada por CAVE-COVA que llegó la Oficina Europea Antifraude y una investigación penal por el presunto uso ilícito de las ayudas comunitarias para evitar el fuego en el Parc Natural que implicó un apercibimiento y la apertura de un expediente.