El Síndic de Greuges abre una queja de oficio al Ayuntamiento de València por denegar el padrón a personas vulnerables

“A raíz de las quejas presentadas desde asociaciones de carácter social o personas individuales, esta institución ha intervenido en relación con el alta en el Padrón Municipal de Habitantes de quienes, residiendo de manera efectiva en el municipio de València, están afectados por situaciones especiales de alojamiento (residencia en infraviviendas o ausencia total de techo, entre otros)”.

La queja de oficio abierta por el Síndic de Greuges se pronuncia en estos términos en relación a la denuncia realizada el pasado mes de julio por Compromís según la cual el Ayuntamiento de València gobernado por el PP y por Vox no estaría empadronando a las personas vulnerables, pese tener la obligación legal de hacerlo. En concreto, según aseguró la concejala valencianista, Lucía Beamud, los días 3 y 10 julio se denegaron un total de 110 peticiones especiales de padrón de personas vulnerables.

Al respecto, el defensor del pueblo valenciano considera esta cuestión de especial preocupación puesto que el constar en este registro “afecta de manera particularmente intensa a quien se encuentra en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, porque es necesaria para el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral”.

Añade el Síndic Ángel Luna que esta cuestión ya ha sido tratada en otras quejas y que como consecuencia de ellas “el Ayuntamiento de València se comprometió a dar solución a estos casos de manera proactiva, aplicando la normativa vigente en la materia, los criterios de la Resolución de 17 de febrero de 2020, por la cual se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal (Boletín Oficial del Estado de 02/05/2020) y del Protocolo municipal en materia de empadronamientos especiales, aprobado por el Ayuntamiento el 21/10/2022, textos decididamente favorables al alta en el Padrón en aquellas situaciones, incluida la aplicación del silencio administrativo positivo. Es decir, dar de alta a las personas afectadas si, agotados tres meses desde la solicitud de alta, no ha sido dada respuesta expresa”.

Por lo tanto, añade Luna en su escrito, “es un momento adecuado para valorar el estado actual de esta cuestión” por lo que inicia una “actuación de oficio” por la cual requieren al Ayuntamiento de València información sobre “el estado actual de aplicación del protocolo municipal en materia de empadronamientos especiales, aprobado por el Ayuntamiento el 21/10/2022; el criterio municipal respecto a las personas que residen de manera efectiva en el municipio, pero en situación especial de alojamiento (asentamientos, sin vivienda o sin título, o semejantes); si se les da de alta en el padrón de habitantes y en caso de que no fuera así, cuáles son los motivos que justifican la negativa”.

Además, pregunta si “se ha negado el alta en el padrón de habitantes a varias personas” conforme denunció Beamud; si “se aplica en la actualidad el régimen del silencio positivo en caso de que, transcurridos tres meses desde la solicitud de alta, no haya habido resolución municipal; en qué casos exige el Ayuntamiento a las personas en la situación antes descrita el empadronamiento para el acceso a trámites y servicios municipales; y cuál es la posición actual del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad respecto a las cuestiones anteriores”.

Para la concejala de Compromís, Lucía Beamud, “la queja abierta de oficio por el Síndic evidencia que posiblemente estemos ante el Gobierno más cruel e inhumano que ha tenido esta ciudad; es absolutamente alarmante cómo la alcaldesa María José Catalá y su Gobierno tratan de ocultar y denegar derechos a las personas más vulnerables y necesitadas de la capital valenciana”.

Según Beamud, “la denegación de los empadronamientos especiales es muy preocupante porque al hacerlo están negando el derecho a estas personas a acceder a servicios básicos en igualdad de condiciones que el resto de la población como, por ejemplo, sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral” y ha advertido: “A todo esto hay que añadir la vinculación que han hecho concejales de Catalá de la pobreza con la delincuencia, la instalación de estanques en el río Turia para expulsar a las personas sin techo sin dar ninguna solución habitacional, la denegación del reparto de alimentos en el antiguo cauce del río o el cierre de recursos ya existentes que daban refugio a familias que habían sido desahuciadas de sus casas”.