PP y Vox vuelven a hostigar a las personas sin hogar en València: planean construir estanques donde acampan

Primero fue el desmantelamiento de un asentamiento de personas sin hogar en un inmueble ubicado en el jardín del Turia y después las trabas impuestas a diversas organizaciones que se dedican a dar alimentos calientes a personas sin recursos, muchos también en situación de sinhogarismo.

A estas situaciones que se han dado en las últimas semanas en València, se une ahora una nueva medida anunciada por el Ayuntamiento de València que dirigen el PP y Vox, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza.

En concreto, el segundo teniente de alcalde y concejal de Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas (Vox) afirmó el pasado 12 de enero que se va a estudiar instalar la iluminación debajo de los puentes del Jardín del Turia “para mejorar la visibilidad y seguridad en estas zonas, así como la construcción de nuevos estanques debajo de los puentes del Jardín del Turia para ”evitar asentamientos ilegales en algunos casos con personas que están perturbando el buen desempeño y el disfrute de las personas de Valencia de sus parques y jardines“.

La propuesta fue ampliamente criticada por la oposición de Compromís y PSPV, incluso Catalá trató de matizar las palabras de Badenas al afirmar que  “el problema del sinhogarismo” ella no lo vincula “ni a los puentes del antiguo cauce del río, ni a un lugar determinado”.

Sin embargo, ¿qué opinan de este proyecto las organizaciones que trabajan para ayudar a estas personas? Tanto Médicos del Mundo como Hogar Sí, ambas entre las que colaboraron en la realización del censo de personas sin hogar de València, lo han desaprobado.

Fuentes de la primera organización han considerado que “medidas como la adoptada recientemente por el Ayuntamiento de Valencia de instalar cámaras de vigilancia y construir nuevos estanques debajo de los puentes del jardín del Turia para evitar asentamientos, lejos de mejorar las condiciones de vida de personas que ya están privadas del derecho a una vivienda, solo generará una mayor exclusión”.

Según han comentado, “estas medidas provocarán que la arquitectura urbana sea todavía más hostil para las personas sin hogar, que se verán expulsadas de estas zonas aumentando los riesgos para su salud, y, además, no servirá para solucionar el problema estructural que es la falta de vivienda”.

Por este motivo, han animado al Ayuntamiento “a que sea valiente y ponga en marcha políticas en las cuales las personas sean el centro, políticas que implementen oportunidades reales, aceptables y accesibles para todas ellas; solo desde este enfoque podremos caminar hacia una sociedad donde el derecho a la salud, a partir de una vivienda digna, acoja a todas las personas”.

Marina Sánchez, técnica de incidencia de Hogar Sí, ha afirmado que “la construcción de los estanques en el jardín del Turia, teniendo en cuenta la información retransmitida por el Ayuntamiento de València que argumentaba la construcción de estos para evitar asentamientos ilegales, podría entenderse como una estrategia de arquitectura hostil”.

Sánchez ha comentado que según se menciona en la nota de prensa que se hizo pública, “nos encontramos ante una estrategia para evitar que personas en situación de sinhogarismo puedan seguir viviendo allí, sin mencionar una alternativa a cambio que mejore las condiciones de vida o salubridad de todas las personas implicadas y ha añadido: ”La forma de evitar este establecimiento de personas sin hogar, según comunican, es la modificación del diseño urbanístico de tal manera que dificulte el establecimiento de personas que no tienen otra opción donde vivir“. 

Por este motivo, ha explicado que “para no caer en el fomento de la arquitectura hostil tras cualquier modificación urbanística es necesario ofrecer a cambio una alternativa viable y digna; de lo contrario, este tipo de modificaciones suponen la expulsión de la calle a aquellas personas que se han visto obligadas a vivir en ella”. Además, Sánchez ha recordado que “es importante no perder vista que nadie elige vivir en la calle” y que “al fin y al cabo, la arquitectura hostil impide que las personas en situación de sinhogarismo puedan establecer un lugar seguro donde dormir, establecerse o dejar sus pertenencias; y, en vez de abordar esta problemática respetando los derechos de todas las personas, contribuye a ocultarla”.

Por otro lado, ha destacado que también es importante tener en cuenta la importancia del lenguaje y de cómo se utiliza para abordar esta problemática: “Resulta imprescindible utilizar un discurso adecuado y objetivo, que evite criminalizar o señalar a las personas que se encuentran en esta situación no deseada. El uso de un lenguaje acusador puede contribuir a la construcción de prejuicios y miedos que desdibujan la realidad del sinhogarismo, que se trata de un problema estructural y nunca una decisión propia. Este uso del leguaje se encuentra intrínsicamente relacionado con la aporofobia que impregna nuestro imaginario social, un sentimiento de rechazo a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza que estigmatiza y criminaliza de manera continuada a las personas en situación de pobreza y sinhogarismo”.

Vecinos, PSPV y Compromís cargan contra la medida

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha pronunciado también al respecto: “Esta medida nos parece totalmente insolidaria e irresponsable”, ha dicho la presidenta de la entidad vecinal María José Broseta, quien ha añadido que es responsabilidad de todas las Administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento, “ofrecer una alternativa habitacional a quien no dispone de una vivienda digna, tal y como recoge la propia Constitución”. 

Desde la Federació d’Associacions Veïnals de València se ha anunciado además que se va a pedir una reunión urgente con la Concejalía de Servicios Sociales para, no sólo recibir la confirmación de que este proyecto no se va a llevar a cabo, sino también para conocer la concreción de los planes y soluciones que se proponen desde el Gobierno municipal para afrontar la cuestión como corresponde y conseguir que en la ciudad no haya ninguna persona sin un hogar digno. En este sentido, la presidenta de la Federación vecinal ha añadido: “Es necesario que las dudas respecto a este proyecto que ha transmitido la alcaldesa se traduzcan en una aclaración concreta y formal sobre cuál va a ser exactamente la línea a seguir por el Gobierno de la ciudad en esta cuestión”. 

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado las medidas “aporófobas y racistas” que ha puesto en marcha el gobierno de María José Catalá para evitar los asentamientos en el rio y que tienen como único objetivo “perseguir a las personas más vulnerables que, por otra parte, ya están sufriendo el desmantelamiento de los servicios sociales que han llevado a cabo en estos seis meses el PP y Vox”.

A juicio de Gómez, lo que le molesta a la derecha de esta ciudad “son las personas que están en situación de pobreza, a las que están persiguiendo desde el primer momento, como pudimos comprobar estas Navidades, cuando se prohibió a una ONG hacer repartos de comida en el rio Turia”. Hoy, ha añadido, “lo volvemos a ver con el desalojo policial, sin ningún tipo de sensibilidad, de las personas sin hogar que estaban en el rio y anunciando, al mismo tiempo, la construcción de estanques para ponérselo más difícil todavía sin ofrecerles ninguna alternativa para que puedan pernoctar con seguridad en los meses más fríos”.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha anunicado que acudirá al Síndic de Greuges para que “investigue y se pronuncie sobre estas medidas de odio hacia las personas sin hogar y racistas que está haciendo el gobierno de Catalá”. Para la concejala Lucía Beamud “Catalá se siente muy cómoda utilizando a Vox como ariete para imponer unas políticas claramente de aporofobia, las mismas que su predecesora Rita Barberà que en 2007 ya instaló un estanque en el río con el mismo propósito que ahora”. En ese mismo sentido critica los recortes de las ayudas a los programas de acogida desarrollados por entidades sociales o la eliminación de los Consejos locales de Cooperación y Migración.