Suma y sigue: otra causa fallida del denunciante compulsivo del PP eleva a 14.100 euros el coste de sus querellas para el Ayuntamiento de València

La factura de la frenética actividad judicial que emprendió en el pasado mandato el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom acaba de subir otros 4.600 euros y ya se eleva a un total de 14.100 euros para las arcas del Ayuntamiento de València.

Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes el reintegro de 4.600 euros al concejal de Administración Electrónica, Pere Fuset, en concepto de gastos de abogados tras verse implicado en una de las denuncias del asesor del PP, quien le acusaba de un presunto delito de prevaricaciónadministrativa respecto de la instalación de una pasarela peatonal en la plaza del Ayuntamiento con motivo de la Ofrenda en las Fallas de los años 2.017 y 2.018.

Una vez archivada de forma definitiva la causa, el edil de Compromís tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

Recientemente, el Ayuntamiento ya tuvo que abonar 3.600 euros al alcalde, Joan Ribó, por el mismo concepto, tras archivarse una denuncia por un tema de protección de datos; otros 2.200 euros a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau, y 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana, también para cubrir el gasto de sus letrados, tras sendas denuncias de Salom archivadas. Con los 4.600 euros que se devolverán a Fuset, la factura total para las arcas municipales se eleva a 14.100 euros.

Con anterioridad la propia Justicia ya archivó otras denuncias del asesor popular contra el que fuera concejal de Cultura Festiva como los supuestos fraccionamientos de contratos desmentidos por los juzgados de los carteles de Fallas o el buzón real.

Al respeco, Fuset ha comentado que “esta es solo una de las innumerables denuncias sin base relativas a meras cuestiones administrativas con las que el PP ha tratado de manchar con sospechas mi labor como concejal de Cultura Festiva”.

Esta cascada de denuncias “de intencionalidad política” que han sido ya mayoritariamente archivadas “responde a la desesperación de quien aparece implicado en algún conocido caso de supuesta corrupción”.

Según Fuset, han querido dañarle “políticamente pero también psicológica y socialmente” y han provocado además “un alto gasto económico por defender una honorabilidad que nunca se debería haber cuestionado”. Una estrategia que ahora “tristemente parece tener continuidad desde el anonimato pero que acabará como en este caso”.

Al respecto, fuentes de Compromís han comentado que se han producido en los últimos meses “denuncias en otros organismos como la Agencia Antifraude en términos muy similares e incluso idénticos pero en este caso anónimas, la última de ellas archivada hace unas escasas semanas y relativa al nombramiento de jefaturas de sección”.