La Comisión Informativa de Desarrollo y Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad del Ayuntamiento de València ha aprobado este lunes el convenio entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda para la cesión al consistorio los derechos de tanteo y retracto en la ciudad de València.
Así lo ha explicado la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, quien ha señalado que “hoy damos un primer paso muy importante para adquirir una herramienta esencial para poder ampliar el parque de vivienda social de la ciudad».
Lozano ha añadido que “hay muchísima población que no puede acceder a una vivienda de ninguna manera, y que está viviendo en condiciones que no son óptimas; pero con esta herramienta a nuestro alcance tenemos ahora un mecanismo más para poder avanzar en garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una vivienda digna en la ciudad de València”.
Una vez aprobado por la comisión, el convenio se aprobará en el Pleno municipal del próximo jueves; y a partir de ese momento, el Ayuntamiento podrá ejercer este derecho. La moción se ha aprobado este lunes en la comisión con los votos a favor de Compromís y PSPV-PSOE, y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.
Lozano ha señalado que “una propuesta así de importante, que abre la puerta a incrementar la vivienda pública frente a los fondos buitre, debería tener el apoyo explícito y firme de todos los partidos, pero lamentablemente parece que estas formaciones políticas ponen los intereses privados por delante de un derecho fundamental como es el de tener una vivienda digna y adecuada”.
“Con esta iniciativa, desde el gobierno municipal, queremos evitar que los inmuebles propiedad de entidades financieras se vendan a fondos buitre, por lo que paramos los pies a la especulación y al incremento de los precios en la vivienda de la ciudad. Desde el gobierno de Joan Ribó tenemos muy claro que es fundamental incrementar el parque de vivienda pública”, ha concluido la concejala.
El derecho de tanteo y retracto es un derecho que tendrá a partir de ahora el Ayuntamiento de València para que, en caso de que un gran tenedor o entidad bancaria pongan en venta una serie de viviendas, la ciudad pueda adquirirlos antes que un fondo de inversión, con las mismas condiciones y al mismo precio.