Más problemas legales en la ya de por sí enrevesada situación de la operación urbanística de Mestalla. Fuentes jurídicas han confirmado a elDiario.es que ya ha vencido el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia de 16 de febrero de 2005 del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que declara ilegales las gradas del viejo coliseo recayentes a la calle de Joan Reglá, al recaer el voladizo sobre la vía pública.
Las mismas fuentes han explicado que el plazo establecido para solicitar la ejecución del fallo, que en la práctica hubiera supuesto la demolición de las gradas, venció a los cinco años, es decir, el 16 de febrero de 2010. La actual legislación urbanística (Lotup) establece un plazo de 15 años para la prescripción de sentencias firmes.
Sin embargo, no afecta a los fallos anteriores a la entrada en vigor de esta normativa y aún así, el plazo habría expirado en febrero del presente año. La anterior legislación establecía un plazo de 5 años para solicitar la ejecución de las sentencias.
Sin embargo, ni el Ayuntamiento de València, ni la Generalitat ni la Federación de Asociaciones Vecinales como partes de la causa lo solicitaron, entre otras cosas por el acuerdo que se firmó para trasladar el estadio a la avenida de las Cortes Valencianas y para realizar un polideportivo para el barrio de Benicalap.
Si bien es cierto que la ilegalidad de las gradas del viejo Mestalla ha sido uno de los argumentos más recurrentes para presionar al club en la línea del reinicio y finalización de las obras del nuevo estadio de Cortes Valencianas, paralizadas desde hace 11 años, también es verdad que la imposibilidad de ejecutar la mencionada sentencia no cambia en exceso el panorama, puesto que el club sigue teniendo unos compromisos adquiridos a cambio del ejecutar el traslado del estadio.
Al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, pone en valor la “confianza” que la sociedad valenciana depositó en el club ya que la ejecución de la sentencia quedó vinculada al traslado al nuevo estadio. Por ello, afirma que “esta gesto tiene que ser correspondido por el club”.
“Esta ciudad no puede solo dar y que la propiedad del Valencia C. F. no cumpla con sus compromisos”, asevera Sandra Gómez quien además asegura que esta situación “no cambia nada”. “El Nou Mestalla no puede ser una obra eternamente parada”, insiste.
Tal y como avanzó este diario, la vicealcaldesa advirtió de que si el Valencia C. F. no realiza ningún movimiento dirigido a retomar el proyecto, el equipo de gobierno municipal se planteará solicitar a la Generalitat Valenciana la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en mayo de 2021, fecha en la que según el documento urbanístico, debía estar finalizado el coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas.
Según Gómez, “si el Valencia C. F. no demuestra una voluntad clara de querer reiniciar las obras, como sería mostrar proyectos o iniciar trámites para obtener licencias, el Ayuntamiento no tendrá más remedio que plantearse esta medida”.
Si esto llegara a suceder, el Valencia C.F. perdería los 40.000 metros cuadrados de terciario destinados a ejecutar una zona comercial en los terrenos de la avenida de Aragón, lo que supondría una merma para el club de entre 15 y 25 millones de euros.
Sin embargo, según explica Gómez, el Valencia C. F. conservaría la edificabilidad de 75.000 metros cuadrados (unas 450 viviendas) prevista en el planeamiento del viejo Mestalla, tras aprobar el Ayuntamiento en el año 2005, con la alcaldesa popular Rita Bareberá al frente, una recalificación muy ventajosa para la entidad deportiva.