València prevé regular que cualquier ciudadano pueda poner su vivienda en alquiler turístico durante 60 días al año

La Federació d’Associacions Veïnals (FAAVV) ha alertado sobre la gran oferta de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad, mientras desde las distintas administraciones se anuncian medidas que precisamente incentivan esta oferta y propician la desregulación del sector.

De este modo se ha manifestado la presidenta de la federación vecinal de València, María José Broseta, que ha insistido en que “no podemos admitir que desde el Ayuntamiento se diga que faltan apartamentos turísticos y, al tiempo, se propicie una ordenanza que hará imposible perseguir la actividad de los centenares de apartamentos turísticos ilegales que hay en la ciudad”.

Según ha informado la entidad, en el plan de normas que tiene previsto aprobar el Ayuntamiento en 2022, y que se puede consultar en la web municipal, hay una especialmente polémica. Este proyecto de norma lleva por título 'Ordenanza Reguladora del Control de Vivienda de Uso Turístico (VUT)', sin embargo, “de aprobarse, servirá para todo lo contrario pues permitirá extender las VUT a cualquier comunidad de vecinos.

La Federació ha denunciado que el propósito inicial de la ordenanza que tramita el Área de Turismo era el control de las viviendas turísticas, como todavía reza su título en este Plan Normativo y como se dio a entender en la consulta en la que participaron muchas entidades vecinales en 2019: “Por ello resulta surrealista (o directamente un engaño) que ahora se diga que esta ordenanza se limitará a introducir una nueva variante, el alquiler ocasional, una modalidad ni siquiera prevista en la Ley de Turismo”.

Según Broseta, “si esta ordenanza prospera el problema no será solo que cualquier propietario pueda alquilar unos días al año la casa en la que vive a unos desconocidos; la creación de este supuesto, el alquiler ocasional, hará imposible perseguir la actividad de los centenares de apartamentos turísticos ilegales que hay en la ciudad”.

Desde la entidad han comentado que el borrador de la ordenanza aún no está en fase exposición pública pero que durante una reunión celebrada hace unos meses en el marco del Consell Local de Turismo se les explicó esta nueva modalidad justificada en la posibilidad de fomentar la economía colaborativa: “Si se aprueba, cualquier ciudadano empadronado en València que cumpla una serie de requisitos y de trámites administrativos podrá poner su vivienda en alquiler turístico durante 60 días años. Nos parece una barbaridad con la cantidad de problemas de convivencia que ya se están dando”.

Según la Federació, el Ayuntamiento actualmente carece de los medios para inspeccionar o sancionar que la actividad de una determinada VUT, sea ocasional o no, y una vez aprobada esta ordenanza, además, será administrativamente imposible de comprobar.

Según los datos publicados por el propio Ayuntamiento (Castro Consuting, 2020), la mayor parte de la oferta de alojamiento en la ciudad de València ya son apartamentos turísticos, con alrededor de 60% de cuota, por encima de los hoteles. Pero lo más llamativo de esto es que la mayor parte de esta oferta es ilegal. De hecho, la mayoría de los apartamentos que se anuncian en las plataformas (un 64%) carece de licencia para ejercer su actividad.

“Con estos datos –ha señalado la portavoz vecinal– no deja de sorprender que, tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat sigan otorgando cuantiosas subvenciones para supuestos estudios de mercado con la finalidad de conocer los hábitos de los usuarios de estos alojamientos, mientras persiste una completa pasividad para perseguir, sancionar y cerrar los apartamentos ilegales”.

En ese sentido, la Federació se ha referido también al anuncio del Ayuntamiento de hace unos días sobre la apertura de unos 20 expedientes sancionadores a apartamentos ilegales, cuando en la ciudad hay unos cuatro mil apartamentos funcionando sin licencia.

“Esto demuestra la desidia e indiferencia con la que el Ayuntamiento aborda la situación de los apartamentos ilegales en València”, ha dicho María José Broseta, que ha hablado también de cierto cinismo practicado desde la Secretaría autonómica de Turismo cuando declara que los 75.000 euros de subvención otorgados a las asociaciones empresariales del sector son para realizar estudios que favorezcan la convivencia con los vecinos y monitorizar los ruidos.

“Se nos presenta una herramienta para el estudio del mercado sobre el uso de los apartamentos turísticos como supuesta medida contra el ruido o en favor de la convivencia, cuando realmente no se está haciendo nada serio para perseguir la inmensa oferta ilegal que existe en la ciudad”, ha lamentado.

Ante todos estos hechos, “es nuestra obligación seguir denunciando la situación de ilegalidad en la que está la mayor parte de la oferta de viviendas turísticas de alquiler, así como alertar sobre las intenciones de legalizar de un plumazo toda esta oferta con las nefastas consecuencias que tendría, no solo para el descanso y convivencia de los vecinos y vecinas, sino también para los precios y el acceso a la vivienda en general en nuestra ciudad”, ha añadido Broseta.

La incidencia del uso de viviendas como apartamentos turísticos “está teniendo un fuerte impacto en la subida del precio de los alquileres, en la no renovación de muchos contratos, incluso en desahucios como hemos visto el año pasado con las ventas de edificios de la calle Turia o en la calle Cajeros”.

Oferta turística ilegal

Tal y como ha concluido la presidenta de la FAAVV, “nada sabemos, sin embargo, de las declaraciones que se hicieron desde el Ayuntamiento en enero de 2021 sobre que se iba a poner freno a esta escalada con una moratoria a los cambios de uso de residencial a terciario hotelero, todo aquello quedó en humo”.

Pero, “gracias a los estudios de mercado sobre usos y costumbres que financia la administración, sí sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de los residentes ocasionales de los apartamentos turísticos dejan los aparatos del aire acondicionado en funcionamiento incluso cuando no están en ellos, obviando que la mayoría de estos apartamentos funcionan sin licencia”.