Vecinos denuncian vertidos de fuel en las playas del Saler procedentes de los buques que fondean ante el Puerto de València

“Era una sustancia grasienta y aceitosa y estaba toda la orilla de la playa de la Garrofera llena; no es algo nuevo, siempre que hay temporal o que las aguas están movidas por las corrientes marinas, a los pocos días aparecen estas manchas en la orilla que pensamos que provienen de los buques que están fondeados junto al Puerto de València a la espera de atracar”.

La asociación de vecinos Dehesa El Saler ha denunciado mediante sus redes sociales la aparición de enormes manchas de fuel en la mencionada zona el pasado 20 marzo, un par de días después de las fuertes lluvias registradas.

Pese a la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que se trata de una playa ubicada en el parque natural de la Albufera que además cuenta con bandera azul, no consta que se haya abierto ninguna investigación para detectar el barco responsable del vertido, tras las consultas realizadas tanto a la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de València como a la Conselleria de Emergencia Climática y a la Demarcación de Costas.

Fuentes de Ecologistas en Acción han advertido de que está prohibido realizar este tipo de vertidos o limpiezas de las sentinas en aguas europeas: “Según la normativa europea, estas operaciones se deben de hacer en los lugares especiales habilitados en los puertos, pero muchas veces no se realiza así por ahorrar costes”.

En 2014 los responsables de un buque causante de un vertido de combustible en varias playas de València fueron sancionados por la Capitanía Marítima con una multa de 600.000 euros más una penalización de otros 600.000 euros para costear los trabajos de limpieza

Las playas que resultaron afectadas fueron las de Pinedo, El Saler y L'Arbre del Gos, que se tuvieron que cerrar temporalmente hasta que quedaron limpias.

La contaminación tanto de estos grandes buques como de los cruceros es una de las principales preocupaciones de los vecinos del distrito Marítimo de València y uno de los motivos por los que se oponen a la polémica ampliación norte del Puerto, que lleva un año paralizada a la espera de un informe de Puertos del Estado que debe determinar si la declaración de impacto ambiental del proyecto tramitado en 2007 sigue siendo válida, pese a las importantes modificaciones que ha sufrido.