Vecinos, ecologistas y estudiantes llevan al Congreso su rechazo a la ampliación del Puerto de València y exigen la reversión de la ZAL

Miembros de la Comissió Ciutat-Port y de Joventut pel Clima, dos de las organizaciones que convocan la manifestación unitaria este viernes 22 de octubre en València contra la ampliación del Puerto, han presentado en el registro de entrada del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para pedir el desistimiento del proyecto, el desmontaje del dique norte existente y la recuperación de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) para espacio verde de la ciudad de València.

También piden un nuevo modelo de gobernanza más democrática y transparente de los puertos españoles a la vista de los grandes impactos que causan sobre los territorios donde se instalan.

La Comissió ha trabajado para que la PNL fuera consensuada con el máximo de partidos que dicen estar comprometidos con la lucha contra el cambio climático, incluyendo el PSOE, que finalmente no la ha suscrito. Entre los partidos que la han apoyado están Compromís, Unidas Podemos, Más País-Verdes Equo, Nueva Canarias, ERC y la CUP.

Justo antes de registrar en el Congreso la PNL los representantes de la Comissió Ciutat-Port y de Joventut pel Clima desplegaron pancartas en la puerta de los leones del Congreso para visibilizar la incoherencia de las políticas del Gobierno de Sánchez en materia climática. En la acción fueron acompañados por representantes de asociaciones madrileñas de Joventut pel Clima, vecinales y ecologistas que se reunieron por solidaridad y porque tienen problemas locales similares como la ampliación del aeropuerto de Barajas.

Incoherencia intolerable en políticas climáticas

Según los convocantes de la manifestación del viernes en València, es intolerable que el Gobierno de España proclame todos los días su compromiso con la lucha contra la emergencia climática y haga en la práctica justo todo lo contrario de aquello que se necesita para conseguirlo. Y como ejemplo paradigmático, ponen la ampliación del Puerto de València, pero también otras actuaciones incomprensibles en este contexto como la ampliación de autovías, las nuevas líneas de alta velocidad o no tener una estrategia clara ni decidida en materia de adaptación de las ciudades y el territorio a los efectos del cambio climático.

David Adrià de Joventut pel Clima y presente a las puertas del Congreso, destacó la importancia que tiene para los jóvenes no seguir con las políticas antiguas en un escenario de emergencia como el actual. También declaró que el proyecto de ampliación del puerto es un ejemplo de lo que no debemos seguir haciendo y que por eso los jóvenes también están a Madrid pidiendo al presidente Sánchez un cambio de rumbo. En palabras del mismo Adrià: “Es intolerable que el gobierno central se declare un firme convencido de la lucha contra los efectos del cambio climático y en la práctica se dedique a hacer lo contrario”.

Según Vicent Martínez, representante de la Comissió Ciutat-Port, “no es posible que decisiones de tanto impacto y de efectos tan duraderos para millones de personas y para el presupuesto público se tomen en un despacho de un ministerio de forma rutinaria”. Martínez aboga por un cambio en la ley de puertos que obligue a una mayor participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones que le afecten.

Sara Navarro de Joventut pel Clima, destacó que “en este contexto, es muy importante que la juventud apoye y secunde la convocatoria de huelga estudiantil por el clima y acuda a la manifestación porque estamos hablando del futuro de un territorio en el cual vivir”.

Antonio Montiel, de la asociación Per l'Horta y miembro del equipo jurídico de la Comissió Ciutat-Port, indicó que “la PNL es una oportunidad para reconsiderar la necesidad de dirigir las inversiones hacia actuaciones de interés social y de mejora de las condiciones ambientales de nuestras ciudades en tiempos de emergencia climática”.

Organizaciones de Madrid apoyan la campaña en contra de la ampliación

Diversas organizaciones de Madrid apoyaron a la delegación valenciana a la puerta del Congreso. Según Ecologistas en Acción “la batalla por la no ampliación del Puerto de València es completamente análoga a las luchas por la no ampliación de Barajas o el Prat y son ejemplo de las políticas que no tenemos que hacer en el contexto de emergencia climática”.

Ecologistas Acción ve esta acción de protesta valenciana como un ejemplo evidente del rumbo erróneo que las políticas de Sánchez están tomando en materia territorial y de infraestructuras. “Ahora mismo lo más importante es destinar todo el presupuesto posible del Ministerio de Fomento a la adaptación de las ciudades y pueblos a los efectos del cambio climático y no a hacer infraestructuras más grandes, sean puertos, aeropuertos, autovías o alta velocidad”.

Desistir de la ampliación, desmantelar el dique, recuperar la ZAL.

En el texto de la PNL, la Comissió Ciutat-Port y Joventut pel Clima piden al Gobierno español que desista del proyecto de ampliación del Puerto de València, máxime teniendo en cuenta todas las maniobras de procedimiento y regulatorias que han tenido que hacer las autoridades de varias competencias estatales para mantener el proyecto.

El desistimiento del proyecto incluiría la renuncia a la nueva terminal de cruceros y a los proyectos de grandes infraestructuras asociados, como el acceso norte y las ampliaciones de infraestructuras existentes como la V-30, pero también se pide el desmantelamiento del dique norte, los efectos del cual ya son evidentes en las playas del sur y al Parque Natural de la Albufera, espacio de la Red Natura2000.

Otra demanda de la PNL presentada es la recuperación de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas del puerto) para que vuelva a ser un espacio verde para la ciudadanía tal como fue posible hacerlo con el Saler y con el Río Turia en los 70: “Se insta al Gobierno a paralizar y desistir del proyecto de la ZAL en La Punta (Zona de Actividades Logísticas del puerto) y buscar un nuevo destino a los actuales terrenos sobre los que se asienta la misma. Unos terrenos que fueron expropiados por vía de urgencia para otra ampliación del recinto portuario y que tras más de veinte años siguen desocupados. Tales terrenos son propiedad del estado y son claves en la conectividad del sistema de infraestructura verde de la ciudad de valencia y comarcal puesto que son el nexo de unión entre los dos grandes activos de la ciudad de València: el Jardí del Túria y el Parque Natural de l'Albufera”, reza textualmente el escrito.

Cogobernanza, transparencia y responsabilidad.

Finalmente, la PNL pide una nueva manera de gestionar los grandes puertos españoles: “Se insta al Gobierno a aplicar criterios de responsabilidad eco-climática, promoviendo el impulso e implantación de un nuevo modelo de gobernanza de los puertos y cualquier iniciativa derivada de ellos, que dé más voz y voto a los territorios afectados y que contextualice la gestión y la toma de decisiones a la situación eco-climática, económica y social actual, y abandonar definitivamente cualquier ampliación del puerto, tanto para mercancías como pasajeros, incluyendo Zonas Logísticas (ZAL)”.

Han firmado esta PNL las fuerzas políticas Unidas Podemos, Más País-Verdes Equo, Compromís, Nueva Canarias, ERC y CUP, sin que se descarte el respaldo de otros grupos parlamentarios.

El origen del problema de la ampliación

La ampliación norte del puerto de València que impulsa en la actualidad la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), nace de un sustancial cambio de criterio plasmado en un anteproyecto de julio de 2018 promovido unilateralmente por la APV, que se encuentra en abierta contradicción con la Declaración de Impacto Ambiental dictada el 30 de julio de 2007 (DIA-2007), mediante Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE de 16 de agosto de 2007), tras la evaluación ambiental realizada en base a datos y análisis elaborados a partir de información ambiental recogida entre 2005 y 2006, esto es, con más de 15 años de antigüedad y por fuerza, absolutamente obsoletos ya en tiempos de Emergencia Climática declarada.

En aquella DIA fue elegida la alternativa 4 de las 5 estudiadas para la realización del proyecto originario, precisamente por considerarse “menores los efectos negativos sobre el medio, destacando que implica un menor volumen de dragado que el resto de alternativas, así como una menor superficie de explanada y movimiento de tierras”.

Contrariamente a ello, el actual proyecto, incrementa el volumen de dragados y el movimiento de tierras, cambia de ubicación y amplía la explanada de operaciones y reubica la terminal de cruceros actualmente existente (operación investigada por la Fiacalía Anticorrupción y por el Tribunal de Cuentas), cuestión adicional que no estaba en modo alguno prevista en el proyecto originario, basado en la ya referida alternativa 4 seleccionada en la DIA-2007.