“Estimada Presidenta de la Comisión. Nos gustaría expresar nuestra profunda preocupación por el enfoque actual de la Comisión a los procedimientos de infracción”. Este es el comienzo de la carta que el pasado 18 de marzo remitieron los portavoces del grupo parlamentario europeo Los Verdes, Terry Reintke y Philippe Lamberts, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en la que muestran su preocupación por los problemas y contradicciones que se encuentran en la implementación de la legislación ambiental comunitaria para garantizar su cumplimiento y sancionar en su caso a los estados miembro que la incumplan.
Según la misiva, “en este momento, la estrategia general de aplicación de la Comisión se basa en una completa evaluación política discrecional sobre la conveniencia de iniciar o no un procedimiento de infracción”. Y añade: “La situación de muchos procedimientos de infracción muy importantes incoados contra los Estados miembros confirma desde hace mucho tiempo que la Comisión no respeta su objetivo declarado, concretamente, garantizar que los Estados miembros cumplan la legislación de la UE lo antes posible, a fin de no asumir el costo del incumplimiento, en términos de daños ambientales duraderos o irreversibles”.
El documento pone como primer ejemplo de estos problemas a la hora de aplicar la legislación ambiental europea la polémica ampliación del Puerto de València, en concreto, dice que “numerosas denuncias demuestran que la ampliación del Puerto de Valencia podría ser devastadora para la Albufera, Red Natura 2000, un espacio de vital importancia para la biodiversidad, considerando que no se ha presentado ninguna evaluación de impacto ambiental adecuada”, un aspecto que está judicializado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según la misiva, hasta el 23 de febrero de 2024, “hay 1.600 procedimientos de infracción abiertos por sistemáticas violaciones del Derecho de la UE por parte de los estados miembros detectadas por la Comisión Europea, una gran parte de ellos se mantuvieron durante años estancados en la fase precontenciosa sin remisión al Tribunal de Justicia Europeo”.
Por este motivo, añade que “la implementación de la legislación medioambiental fundamental de los Estados miembros es deficiente, incluso décadas después de su entrada en vigor”, ya que las medidas de aplicación por parte de la Comisión siguen siendo lentas. “A menudo lleva años procesar una queja fundada, a veces solo para luego cerrarla sin proporcionar razones, o a veces inexistentes por completo. Durante este tiempo, el medio ambiente continúa deteriorándose al igual que la confianza en las instituciones y el Estado de derecho”.
Ante esta situación, los Verdes han pedido a Von Der Layen acciones exhaustivas, efectivas y rápidas para poner fin a las violaciones de la legislación europea por parte de los Estados miembros; seguridad jurídica y transparencia en el tratamiento de las infracciones; y un mecanismo conjunto entre la Comisión y el Parlamento Europeo para que los eurodiputados, como representantes de los ciudadanos, tengan acceso a todos los intercambios de documentos entre los servicios de la Comisión y las autoridades nacionales sobre las irregularidades detectadas en la legislación de la UE“.
Como ya informó elDiario.es, la Comisión Europea advirtió recientemente de que “con arreglo a la Directiva sobre los hábitats, antes de aceptar un proyecto que pueda afectar significativamente a un espacio Natura 2000”, en referencia a la ampliación del Puerto de Valencia, “las autoridades competentes deben evaluar y confirmar adecuadamente que no habrá repercusiones para el espacio”.