Minas y voladuras en Villar del Arzobispo: “La montaña estaba sembrada de barrenos y jugábamos sobre ellos”
Hace unos días saltaba la alarma, cuando vecinos de Villar del Arzobispo (Valencia) denunciaron haber notado temblores a causa de las explosiones producidas por las voladuras de una mina situada en una zona próxima a la población. Las empresas mineras alegan que llevan operando durante décadas alrededor del pequeño pueblo de la comarca de la Serranía. Pero lo hace en un alarmante limbo legal, entre el beneplácito de aquellos que dependen económicamente de las minas a cielo abierto y los que denuncian que la situación supone una auténtica catástrofe medioambiental.
Las tierras de la zona son ricas en sílice, caolín y, sobre todo, en arcilla roja. La demanda de estos minerales ha ido en aumento durante décadas en sectores como la construcción –creciendo paralelamente mientras aumentaba la burbuja inmobiliaria- y suponen una importante fuente de materias primas para la industria cerámica castellonense. La cruz que el desempleo y la falta de oportunidades supone para muchos pueblos valencianos de interior encontró en Villar alivio en la minería, que ha operado –en bastantes ocasiones de forma irregular- generado empleos durante casi cinco décadas a cambio de dejar un entorno irreconocible.
No hace falta conocer en profundidad el asunto para, a medida que uno se aleja del centro del pequeño pueblo, atravesándolo por su avenida principal, darse cuenta de donde está el problema. Apenas a unos metros de las últimas casas, por la carretera que transcurre paralela al Ecoparc, el camino se vuelve blanco y el asfalto comienza a desaparecer. El pavimento no resiste el peso del tráfico continuo de los grandes camiones que van y vienen de la mina cubriéndolo todo, casas y vegetación, con una espesa polvareda blanca.
Desde Ecologistas en Acción de La Serranía denuncian que muchas empresas mineras operan desde hace años sin licencia bajo el permiso de las autoridades locales. Los propios trabajadores de las minas no niegan que esto sea así. “¿Si tú haces una inversión para montar un negocio y pides las licencias correspondientes y pasan años sin que te los den, qué harías?”, declara el trabajador de una empresa que realiza voladuras sin licencia. “¿Qué sería de Castellón sin las empresas de la cerámica? ¿O de Almusafes sin la Ford? A mí me encanta la naturaleza, pero este es mi trabajo y aquí sin esto no hay nada”, asevera el minero.
En los parajes que rodean la población todavía quedan algunas familias que se resisten a abandonar la zona, cada vez menos. Hace años, en pleno boom urbanístico, las empresas mineras fueron ampliando cada vez más sus terrenos hasta llegar a escasos metros de algunas residencias. Así comenzó el calvario para muchas de las personas que vivían allí, que vieron los terrenos colindantes a sus casas convertidos en paisajes lunares. Otros acabaron viéndose forzados a abandonar la zona o vender a precio de saldo las casas en las que habían invertido durante años.
“Cuando malvendimos nuestra casa yo tendría doce o trece años”, cuenta uno de los antiguos vecinos de la zona. “Por aquel entonces tenía allí a los amigos con los que me había criado y al principio no entendía por qué mis padres vendían la casa. Les culpaba a ellos de dejar todo eso atrás. Para mí las minas eran como un patio de juego. No entendía que para mis padres vivir allí se había vuelto una pesadilla”.
Las empresas manifiestan que la seguridad en las minas es total y que todas las voladuras que realizan están aprobadas, a pesar de que no cuentan con licencia para operar. Aseguran también que las zonas en las que se encuentran los explosivos están acordonadas y que incluso hay vigilantes privados pagados por las propias empresas. Los antiguos vecinos niegan que esto sea cierto y declaran que en muchas zonas mineras hay explosivos sin ningún tipo de control.
“Las zonas mineras estaban apenas a unos metros de mi casa. Los fines de semana, que es cuando más niños nos juntábamos allí, no había nadie trabajando en las minas y las convertíamos en nuestro patio de juegos. No había ningún tipo de medida de seguridad por ningún lado y nosotros éramos niños, no pensábamos en el peligro. La montaña estaba sembrada de barrenos con explosivos y nosotros jugábamos sobre ellos. Un día se presentó la Guardia Civil y desalojó a las familias de la zona. Cuando pudimos volver, la montaña que había detrás de nuestra casa había desaparecido y todo estaba cubierto de polvo blanco”, cuenta el antiguo vecino.
Para esos vecinos la tranquilidad acabó en el momento en que llegaron las minas. Otra antigua vecina -que prefiere no decir su nombre porque dice: “todavía voy por allí y es mejor no hablar de ciertos temas”- cuenta cómo denunció la situación que vivía ante el Seprona. “Llamé para denunciar que la zona cercana a mi casa estaba llena de barrenos sin ningún tipo de control. Tenía miedo porque los podía coger cualquiera y los niños jugaban por una zona llena de explosivos. Se tomaron nota y poco más. Al tiempo recibí una carta del Seprona diciéndome que yo tenía un coche en mi terreno estacionado, que eso provocaba impacto medioambiental y me denunciaron”.
Los ecologistas llevan denunciando durante años que la situación está al margen de la ley. Cuentan que únicamente una de las canteras de la zona cuenta con licencia municipal –concedida por silencio administrativo-. Los permisos de explotación han caducado o carecen de ellos, operan de manera ilegal y realizan voladuras a escasos centenares de metros de la población. El Ayuntamiento se excusa en que no tienen constancia, a pesar de que saben que se están haciendo las voladuras. “¿Cómo es posible que una mina con dos órdenes de cierre esté dinamitando a escasos metros de las viviendas?”, se preguntan los ecologistas.
