El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se niega a dar a Vox los datos de colectivos LGTBI que imparten cursos en colegios públicos, como le ha pedido la formación de extrema derecha al Consell: “No vamos a seguir el juego a esta situación de barbarie que se está transmitiendo, es muy peligroso”. “No hay que dar ni un paso atrás. El problema es que esos derechos que se habían asumido por la sociedad, en este momento, están otra vez poniéndose en cuestión”.
Puig ha denunciado que las iniciativas que Vox ha trasladado al Consell “van dirigidas claramente contra dos ámbitos: la mujer diciendo que demos datos sobre la violencia intrafamiliar porque consideran que no hay violencia de género dudando de esos datos; y todo lo que tiene que ver con el apoyo de políticas de no discriminación”.
“De la ultraderecha solo puede esperarse medidas de ultraderecha. El problema es que hay otros partidos de la derecha democrática que hacen seguidismo de estas actuaciones”, ha expresado en referencia a PP y Ciudadanos. “Por tierra mar y aire vamos a combatirlo”, ha sentenciado.
Puig ha vuelto ha hacer sonar en Madrid su principal reclamación: un nuevo sistema de financiación autonómica. El dirigente socialista ha aprovechado su presencia en un desayuno informativo organizado por Europa Press para apremiar a los grupos políticos para que permitan que haya un Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo. “Tengo esperanzas fundadas en que si esta investidura llega al puerto que ha de llegar, el Gobierno de España actuará en consecuencia. [Sánchez] ha situado la reforma del sistema de financiación entre los pactos de Estado”, ha recordado Puig.
“Hoy, nuestra apelación básica es muy clara: queremos ser españoles iguales que el resto de los ciudadanos españoles, como cualquier otro viva donde viva”, ha afirmado el presidente valenciano. “Exigimos igualdad, no pedimos mas ningún privilegio; pero ninguna discriminación”, ha dicho Puig, que ha reiterado que la Comunidad Valenciana tiene menos recursos por habitante que la media.
El presidente también se ha quejado del dumping fiscal de determinadas regiones y ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid. De hecho, ha asegurado que en la reforma fiscal que pretende aprobar esta legislatura planteará que determinados impuestos se asuman con carácter estatal para que no haya competencia desleal entre comunidades.
Puig ha reconocido que el cambio de modelo depende de que haya un nuevo Gobierno justo el día que se sabrá la fecha de la investidura. De hecho, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le ha presentado en el desayuno ha abandonado el Hotel Villamagna al filo de las 10 horas. Espera la llamada de Sánchez para que le traslade el día elegido.
El dirigente socialista ha asegurado que el resto de grupos tienen que permitir la investidura de Sánchez “lo antes posible”. “No puedo pensar que estemos más cerca de unas elecciones, estoy absolutamente convencido de que estamos cerca de una investidura, porque no podría entender la enorme responsabilidad de lo quien no lo hiciera posible. Hay que decir que ya fuimos a estas elecciones anticipadas porque la alianza entre las derechas y los independentistas hizo fracasar los PGE, será exigible alguna asunción de responsabilidad”.
Puig, que gobierna en coalición con Compromís y Podemos, ha asegurado que en el caso de España “no suma”. “A mí ya me gustaría. Aquí es más complicado, es más complejo”, ha dicho sobre la reclamación de Pablo Iglesias: “No es trasladable, me gustaría que el aroma se trasladara, pero la concreción no es posible porque PSOE y Unidas Podemos suma lo que suma”. “Es pura aritmética, hay que buscar algo diferente y el presidente lo está buscando”, ha dicho Puig que también ha reclamado la abstención a PP y Ciudadanos recordando que el PSOE hizo “un enorme esfuerzo” en 2016 al facilitar la investidura de Mariano Rajoy, un proceso que dividió en dos al partido.