España: ¿Cómplice en la comisión de crímenes de guerra?

Yemen es un país sumido en una crisis humanitaria sin precedentes propiciada por la guerra desencadenada en 2015 y que se recrudece día tras día.

¿Cuáles son los bandos enfrentados? Por un lado, el movimiento armado hutí apoyado por una parte de las fuerzas de seguridad y el ex presidente yemení y, por otra, el actual gobierno en alianza con una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí.

La cruenta situación que se vive en el país más pobre del Golfo Arábigo es insostenible. En tan sólo dos años el enfrentamiento se ha cobrado la vida de 4.773 civiles, con un saldo de 8.272 heridos y 3 millones de desplazados internos.

Inseguridad alimentaria, inaccesibilidad a recursos tan elementales como agua potable o la atención sanitaria, han derivado en un brote de cólera de macabras dimensiones que agravan el dantesco panorama que desangra al país y desgarra todo símbolo de esperanza de las víctimas.

¿Los culpables? Las fuerzas beligerantes, quienes apartados de toda ética y humanidad, violan reiteradamente el derecho internacional humanitario. Ninguno de los bandos ha procurado la proporcionalidad de sus actos, ni ha tenido la más mínima deferencia para con grupos vulnerables, como mujeres y niños.

El año pasado Naciones Unidas constató 38 bombardeos a escuelas y hospitales, acusando a Riad por la muerte de 683 niños. Además, Amnistía Internacional ha evidenciado el uso de armas prohibidas, entre las que se incluyen bombas de racimo y armas poco precisas. Pese a estas denuncias, la actitud del reino petrolero persiste impasible ante la crueldad de su conducta en territorio yemení, donde sin duda se materializa la descripción del tipo penal descrito en el artículo octavo del Estatuto de Roma. Sí, evidentemente he querido decir lo que he dicho; en Yemen se están cometiendo crímenes de guerra.

Por su parte, los hutíes han llevado a cabo una oleada de detenciones ilegales a punta de pistola, desplegado una suerte de campaña del terror. Académicos, periodistas y defensores de derechos humanos han visto coartada arbitrariamente su libertad personal.

¿Quienes son los cómplices? Una comunidad internacional del todo indiferente. De los 2.300 millones de dólares requeridos por Naciones Unidas para este año, a la fecha se han recibido menos del 60% de los fondos emplazados para paliar el conflicto. En particular, el gobierno español sólo ha aportado medio millón de euros en 2016 y lo que resulta aún más censurable, ha reducido su presupuesto humanitario en un 85% desde 2009, siendo la partida presupuestaria más afectada.

La inmutabilidad ante estos crímenes encarna implícitamente su venia. Hace falta coraje para plantar cara frente potencias hegemónicas. Hace falta altruismo para proteger los derechos de una población civil ajena a la propia nación. Una comunidad internacional insensible a problemáticas transnacionales que requieren de respuestas globales, falta a su rol como único garante de una paz estable y duradera. Nos enfrentamos a un conflicto cuyos efectos no respetan fronteras, no conocen de meridianos ni latitudes, problemas apátridas, que trascienden gobiernos y no distinguen política económica alguna.

Pero la indolencia no es el único pecado en el que se incurre, sino que algunos Estados están activa y directamente implicados. Esto nos lleva al controvertido tema del comercio internacional de armas. Tanto Estados Unidos, como Reino Unido, Francia, Turquía y España han declarado transferir material bélico a Arabia Saudí evaluado en 5.900 millones de USD entre 2015 y 2016. En el caso de España se ha defendido la legitimidad de los vínculos comerciales con el gobierno saudí aludiendo a que las armas se destinan exclusivamente al uso interno de las fuerzas armadas. ¿Tiene acaso España la inescrutable convicción de no estar siendo cómplice de crímenes de guerra?

La respuesta pareciera ser del todo negativa. Si bien la ley española contempla medidas de control, estas distan de constituir un régimen infalible. España carece de medidas como la aprobación parlamentaria previa, contemplando simplemente un sistema de control parlamentario a posteriori y bastante superficial. A ello se suma el arcaico secretismo preconstitucional que envuelve el marco normativo del comercio de armas. El Estado ampara la falta de transparencia en la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 que permite materias clasificadas en defensa de la causa pública, la seguridad estatal o los intereses de la colectividad nacional.

En el ámbito internacional en 2014 ciento treinta países firmaron el Tratado de Comercio de Armas, que encomia a los gobiernos a abstenerse en la comercialización de material bélico en caso de que pudiese utilizarse para cometer crímenes de lesa humanidad.

Si bien la legislación nacional se adecúa a los estándares internacionales en su letra, la aplicación de la misma no ha permitido una efectiva contribución al desarme y la paz. En el trienio 2013-2016 de 3.142 solicitudes presentadas tan sólo 18 fueron denegadas. La cifra resulta alarmante o al menos ilustrativa, si consideramos que la Junta Interministerial competente para deliberar respecto a las solicitudes se reúne una sola vez al mes, resolviendo por mayoría simple. Sus actas son secretas, por lo que desconocemos la duración de cada reunión, cuestión que fuerza a cuestionarse si es que el gobierno evalúa pormenorizada de los hechos caso por caso.

Pero, ¿cómo se pone freno a esta crisis humanitaria? Instamos a la comunidad internacional a cumplir con sus compromisos presupuestarios, condenamos el bloqueo impuesto a Yemen por la coalición saudí y solicitamos se propicien las condiciones necesarias para hacer llegar la tan requerida ayuda humanitaria. Asimismo, exhortamos a las partes en conflicto a la búsqueda de una solución pacífica que ponga cese inmediato a la violencia y exigimos a los gobiernos que supriman la venta de armamento que pudiere potencialmente alimentar el conflicto en Yemen. Por último, invitamos al gobierno español a reorientar su política exterior de comercio de armas.

Para concluir, el Código penal español atribuye la calidad de cómplice a quien sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos.

Por lo anterior cabe preguntarse ¿es España cómplice en crímenes de guerra?

Isidora J. Ramírez Garmendia es abogada internacionalista, máster en Derechos Humanos, democracia y justicia internacional por la Universidad de Valencia y colaboradora en el equipo de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en València.