El gobierno del Botànic y más en concreto, la consellera de Sanitat, Carmen Montón, pueden haber encontrado un aliado involuntario en el anunciado proceso de reversión del hospital de Alzira para la red pública.
Y es que, en 2003, cuando el Consell encabezado por el expresidente Eduardo Zaplana (PP), ahora investigado por el caso del Canal Isabel II, modificó las condiciones de la concesión realizada a Ribera Salud para hacerla rentable, se incluyó el cambio de titularidad del recinto hospitalario, es decir, del edificio.
El hospital hubiera pasado igualmente a manos de la Generalitat el año que viene al final del plazo de 15 años establecido entonces para la nueva concesión, pero sin duda hubiera sido un clavo al que Ribera Salud se hubiera podido agarrar para recurrir judicialmente.
El 19 de junio de 1997 se suscribió, entre la Conselleria de Sanidad y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud, un contrato de naturaleza administrativa de gestión de servicios públicos por concesión.
En el referido contrato se establecía como objeto del mismo la gestión indirecta, por concesión administrativa, de la prestación de los servicios de atención sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria del área de la Ribera.
El 1 de enero de 1999 entró en vigor el contrato cuya vigencia prevista era de 10 años. Sin embargo, se resolvió por mutuo acuerdo, mediante resolución del Conseller de Sanidad de fecha 3 de diciembre de 2002, tras perder Ribera Salud un total de 5 millones de euros en los primeros cuatro años de vigencia del contrato.
Tras esta resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. Entre otras mejoras, el nuevo contrato contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.
Por otra parte, se incrementó el pago del canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante de la comarca de La Ribera en un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. Actualmente es de 777 euros por habitante y año.
De esta forma, el nuevo contrato que sustituye al anterior empieza su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, prorrogable a cinco más.
Al resicindir el contrato, la Generalitat indemnizó a la empresa con 43,2 millones de euros como valor de reversión por la inversión hecha en la construcción del hospital, que pasó así a titularidad del Consell, más otros 25,9 millones por un supuesto lucro cesante. En total, 69,1 millones de euros a abonar a la empresa.
Sin embargo, tomando como referencia nuevamente la aportación extraordinaria inicial depositada por la empresa, dio un saldo definitivo a favor de la administración por importe de 2,7 millones de euros.