Zaplana vivía en Valencia realquilado por un búlgaro que fue detenido por blanqueo con lingotes de oro
El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, vivió durante casi tres años alquilado en un piso de lujo del centro de Valencia. El contrato de arrendamiento de la residencia que buscó la capital valenciana para seguir su tratamiento de leucemia se puso a nombre de su hija María y se cerró con el empresario de origen búlgaro y pasaporte austriaco Miroslav Schopoff, detenido en 2014 por una presunta trama de blanqueo de capitales con lingotes de oro.
Pero la investigación de la Guardia Civil presente en el sumario del caso Erial ha revelado que en realidad, Schopoff, no era el propietario real del inmueble y que el empresario, a su vez, estaba alquilado a la empresa Algaro 2011, del matrimonio de Puçol (Valencia) A. Rodríguez y M.A. Oriola. Es decir, Zaplana vivía realquilado.
Según la documentación que han obtenido los investigadores, María Zaplana a través de transferencias efectuadas por su marido, el empresario Luis Iglesias, pagó a Schopoff desde enero de 2016 a junio de 2018 -dejaron la vivienda en septiembre de 2018- 3.500 euros al mes para que Eduardo Zaplana pudiera vivir en el tercer piso del número 12 de Pascual y Genís de Valencia. Además, en diciembre de 2015 abonaron otros 21.000 euros como depósito por si había problemas con el piso.
Schopoff, quien fuera director de la cadena Oro Direct, a su vez pagaba a la sociedad Algaro 2011 por el arrendamiento del mismo piso. En concreto, el empresario búlgaro abonaba mensualmente 2.060 euros, según la documentación presente en el sumario.
Schopoff también abonó una fianza que, como marca la ley valenciana, depositó en la Generalitat para posibles problemas. En este caso solo de 4.000 euros, una cantidad menor en comparación a los 21.000 euros que les pidió a los Zaplana.
De esta manera, Schopoff se embolsaba todos los meses 1.440 euros de más por el sobreprecio de realquilar la vivienda al expresidente de la Generalitat, más los 17.000 de la diferencia entre la fianza que le entregaron los Zaplana y la que depositó el empresario búlgaro en la Generalitat. 44.840 de más por los 31 meses que estuvieron subarrendados más la fianza. 61.840 euros de beneficio para el empresario.
¿Sabía Zaplana y su hija que Schopoff no era el propietario real del inmueble en el que residía? Según el contrato de arrendamiento entre el empresario búlgaro con pasaporte austriaco y la hija de Zaplana no, pero los investigadores sospechan que sí y que la relación comercial tenía otro fin como el blanqueo de capitales. Por eso la jueza ha imputado a su hija María y a su marido, el empresario Luis Iglesias, para que puedan dar explicaciones en sede judicial.
La Guardia Civil interrogó mientras estaba la causa bajo secreto de sumario al socio mayoritario de la empresa propiedad del piso en el que residió Eduardo Zaplana, el número 3 de la planta tercera del número 12 de la calle Pascual y Genís de Valencia. A. Rodríguez explicó a los agentes que compró el inmueble el 24 de enero de 2014 “para invertir” sin intención de residir.
Es en ese momento cuando revela a los investigadores que arrendó la vivienda a Schopoff “a través de una empresa inmobiliaria que le presenta Broseta Abogados, que fue la que gestionó el alquiler y buscó el precitado inquilino”. El contrato, añadió, lo firmó entre el 30 de enero de 2015 y el 4 de junio de 2018. Zaplana entró a residir en el mismo piso en enero de 2016.
Según le contó A. Rodríguez a la Guardia Civil, “hace dos años le comunicó Schopoff que iba a pasar tiempo fuera de España y le solicitó permiso para subarrendar el inmueble”, a lo que éste se negó. Preguntado sobre si sabía que Zaplana residía en el piso, el propietario real contestó que no.
Schopoff fue detenido en 2014 por blanqueo de capitales a gran escala a través de la fundición de lingotes de oro. La macro operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria permitió desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con 164 detenidos en 12 provincias.
La investigación se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de algunas empresas de este sector como Oro Direct, que en algunos casos pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012.
