En Corea del Sur se detectó el primer caso de contagio el mismo día en que se detectó en los Estados Unidos de América. Dos meses después, se celebraron elecciones generales, en las que la participación superó en 10 puntos a las anteriores. Se diseñaron protocolos para que se desarrollaran de manera segura para la población y se aplicaron tales protocolos alcanzándose el objetivo. Elecciones masivas, limpias y seguras. Corea del Sur tiene una población superior a la de España.
En País Vasco y Galicia se pospuso la celebración de elecciones ya convocadas de abril a julio y, a pesar de ello, en ambos territorios se vulneró el derecho al sufragio de determinados ciudadanos, a los que no se permitió ejercerlo. No solamente tomó el presidente de la Comunidad Autónoma una decisión que no puede tomar, sino que, además, no se garantizó siquiera con dicha decisión el ejercicio del derecho de sufragio a todos los ciudadanos.
En Estados Unidos también se especuló de manera interesada por el presidente Donald Trump con la posibilidad de posponer la celebración de las elecciones por la extraordinaria propagación del virus. Tal especulación fue desestimada y, aunque la distancia entre la forma en que se desarrolló el proceso electoral en Estados Unidos y Corea del Sur fue abismal desde el punto de vista de la seguridad para la población, al menos sí hubo coincidencia en lo que al aumento de la participación y a la ausencia de cualquier perturbación fraudulenta en el ejercicio del derecho de sufragio. Las últimas elecciones han sido las de mayor participación y las más limpias de toda la historia electoral americana.
Ahora le llega la vez a Catalunya. Y nuevamente se está planteando la posibilidad de que las elecciones previstas para el 14F no se celebren en tal fecha. Por tercera vez se está contemplando en España la posibilidad de que la democracia quede en suspenso por la presencia de la Covid-19.
Posponer las elecciones por la presencia de un virus no es una opción. Un Estado democráticamente constituido tiene que dar una respuesta que no afecte al ejercicio del derecho de sufragio. Más todavía cuando estamos hablando de procesos electorales que, en el caso de País Vasco y Galicia afectaban a territorios con una población de entre dos y tres millones de ciudadanos, y en el caso de Catalunya a una población de siete millones.
No se puede admitir que lo que hizo Corea del Sur, cuando apenas se tenía conocimiento de la Covid-19, o lo que ha hecho Estados Unidos con una población de 400 millones de habitantes, no se pueda hacer en nuestro país. Es la propia democracia española la que se pone en cuestión.
Tengo la impresión de que la sociedad española en general y no solamente la de las tres “nacionalidades” en las que se pospuso o se está contemplando la posibilidad de posponer la celebración de las elecciones, no está percibiendo como algo escandaloso lo que, sin duda, lo es.
La celebración de elecciones una vez que han sido convocadas no es susceptible siquiera de ser sometida a discusión. El Estado, y las Comunidades Autónomas son Estado, tiene que hacer uso de todos los recursos de que dispone para garantizar de una manera ordenada y segura el ejercicio del derecho de sufragio. La regularidad en el ejercicio de tal derecho forma parte del núcleo esencial de la democracia como forma política. No se pueden abrir paréntesis. Ni cortos ni largos.
Que esto haya ocurrido y esté contemplándose la posibilidad de que vuelva a ocurrir, es un indicador más del déficit de legitimidad democrática con que arrancó nuestro último proceso constituyente. España fue el último país de Europa occidental que se constituyó democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo de la forma en que lo hizo. Todavía no hemos sido capaces de eliminar por completo ese déficit originario que sigue gravitando sobre la calidad de nuestra democracia. Por lo que parece, afecta tanto a las “nacionalidades” como a las “regiones”.
Catalunya debería ser la primera interesada en demostrar que es capaz de celebrar las elecciones el 14 F. Y de hacerlo con todas las garantía exigibles. Supondría una lección de democracia en un momento en el que toda España la necesita.