La España de la Transición no existe

Pablo Casado se ha negado a reconocer desde el momento en que fue proclamado presidente del PP la legitimidad de la mayoría parlamentaria que expulsó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno en julio de 2018 mediante la aprobación de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez. La composición tan heterogénea de dicha mayoría no es, en su opinión, expresión de la complejidad de la sociedad española, sino resultado de una maniobra espuria que rompe el principio de unidad política del Estado que figura en el artículo 2 de la Constitución como fundamento y límite del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. La mayoría parlamentaria en la que ha descansado el Gobierno presidido por Pedro Sánchez desde 2018 hasta hoy es una mayoría sustancialmente anticonstitucional, aunque formalmente no lo sea.

Los escaños de los grupos parlamentarios nacionalistas, catalanes y vascos, operaron de una manera legítima dentro del sistema político español constitucionalizado en 1978 cuando aceptaban que únicamente podía formar Gobierno el partido español que obtuviera la victoria en unas elecciones generales, fuera este el PSOE o el PP. Los partidos nacionalistas catalanes y vascos eran aceptables cuando eran partidos complementarios unas veces del PSOE y otras del PP de manera indiferenciada. Desde el momento en que han pasado a ser complementarios únicamente del PSOE, se han convertido en partidos anticonstitucionales, que han roto el consenso con base en el cual se hizo la Transición. El PSOE, al aceptar esa contribución de los nacionalismos y estos últimos al suministrarla, se situaban políticamente fuera del consenso constitucional de 1978. Esta es la tesis que viene reiterando machaconamente el expresidente José María Aznar a través de la Fundación FAES. En esa tesis se reconocen, aunque cada uno a su manera, tanto el PP como Vox y Ciudadanos. Desde 2018 la mayoría parlamentaria de gobierno es anticonstitucional en la opinión de todos ellos.

Los partidos de la derecha quieren volver a la España anterior a mayo de 2014, cuando se fracturó el bipartidismo en las elecciones europeas seguida de la abdicación del Rey Juan Carlos en su hijo Felipe VI, por un lado, y se puso fin, por otro, al monopolio de la representación de la derecha española que tenía el PP desde las elecciones generales de 1993. Eso no es posible. Ya no es previsible que PSOE y PP puedan turnarse en el Gobierno como lo hicieron hasta 2011. Tampoco lo es que los nacionalismos puedan quedar circunscritos a la posición que ocuparon durante esos decenios. La complejidad del cuerpo electoral español no va a ir a menos, sino todo lo contrario. La simplificación bipartidista de los primeros decenios de la Constitución de 1978 se ha ido para no volver.

Y se ha ido, porque, desde antes de mediados de la segunda década del siglo XXI, España ha dejado de ser la España de la Transición. Esa transformación de la sociedad española ha tardado en traducirse electoral e institucionalmente. Pero ya lo ha hecho. Y sin vuelta atrás. La Monarquía ha dejado de ser indiscutible. Se ha visto muy devaluada la hegemonía del PP y PSOE en los tres niveles de la fórmula de gobierno, estatal, autonómico y municipal. La ocupación de todos los órganos constitucionales no elegidos por los ciudadanos, sino por las Cortes Generales: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas , Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores…que hacían del sistema político lato sensu un edificio muy sólido, está empezando a resquebrajarse. Ha habido que repetir las elecciones generales en dos ocasiones ante la imposibilidad de investir un candidato como presidente del Gobierno. Se ha roto el principio de anualidad presupuestaria. Las renovaciones de los órganos constitucionales o no se producen, como está ocurriendo con el CGPJ, o son renovaciones patológicas, como la última del TC con la resaca de las recusaciones de algunos de sus miembros, que, aunque han sido rechazadas de entrada, ponen en entredicho la legitimidad del órgano y apuntan a un horizonte problemático ante los recursos que se acaben planteando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Las piezas del sistema son las que se pusieron en la Transición. Pero ninguna de ellas cumple la función que se le asignó en el texto constitucional. La fatiga de los materiales resulta cada vez más evidente. La escenificación de dicha fatiga cada miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados no puede ser más clamorosa. La erosión de la legitimidad que conlleva resulta inocultable.