El Gobierno también tiene que cumplir la Constitución

La interrupción del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP tiene un objetivo inmediato, que no es otro que intentar torpedear la renovación del Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos magistrados agotaron el 12 de junio los nueve años de su mandato. Ya nos vamos aproximando a los cinco meses de retraso en la renovación.

No comparto, aunque puedo entender, que el Gobierno no designara inmediatamente después del 12 de junio los dos magistrados que la Constitución le obliga a designar. La designación de los dos magistrados por el Gobierno es tan obligatoria como la designación por el CGPJ. Y no debe demorarse ni un solo día. No hay en la Constitución o en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ningún precepto que imponga que el Gobierno y el CGPJ designen los dos magistrados del Tribunal Constitucional que a cada uno le corresponde el mismo día. Ni tampoco que se condicione el nombramiento por parte de uno de ambos órganos constitucionales al nombramiento por parte del otro.

Gobierno y CGPJ son órganos constitucionales distintos y no hay conexión alguna entre la decisión del uno y del otro. Ni en este terreno, ni en ningún otro. La autonomía de cada uno de ellos para tomar sus decisiones es absoluta. Cada uno de ellos tiene la obligación de proceder a la designación en el momento en que los magistrados del Tribunal Constitucional han agotado los nueve años de su mandato. Pero el incumplimiento de la obligación por parte de uno de ellos no impide que el otro sí cumpla. De lo contrario, nos encontraríamos ante la situación absurda de que se privilegia al órgano que incumple la Constitución frente al órgano que la cumple. ¿Puede alguien explicar con base en qué interpretación de la Constitución se puede llegar a esa conclusión?

Entiendo, aunque no comparto, repito, que el Gobierno, dada la situación en la que se encuentra el CGPJ desde hace más de cuatro años, no haya procedido a la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que debía haber designado el 13 de junio, esperando que tal vez de esa manera se podía contribuir a que el CGPJ designara los dos que le correspondía e incluso que se podría facilitar con ello la renovación del propio CGPJ.

A la vista está que no ha sido así. Ni ha habido renovación del CGPJ, ni tampoco ha habido designación de los dos magistrados por parte de dicho órgano. Y, en mi opinión, no ha habido renovación para que no haya designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, vinculando con ello la anomalía de la no renovación del CGPJ con otra nueva.

Es la estrategia del “golpe de Estado” a la que se refirió Tomás de la Quadra el 5 de septiembre en El País. Acumular crisis constitucionales en órganos constitucionales decisivos, con la finalidad de ver si se revienta la legislatura y se impone la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

En esta misma semana el Gobierno tendría que cortar por lo sano esta estrategia y designar los dos magistrados a los que está obligado. Está claro que la dimisión de Carlos Lesmes no ha hecho reflexionar a algunos de sus compañeros, que se mantienen en la posición de bloquear todo lo que se pueda bloquear. Tampoco ha hecho reflexionar a la dirección del PP, que ha hecho parecer que de verdad iba a pactar la renovación del CGPJ, para acabar haciendo lo que ha hecho.

El Gobierno tiene que poner fin a esta situación. Con el PP no hay nada que hacer. Una vez que designe a los dos magistrados que le corresponden, que el CGPJ “en funciones” vea qué es lo que hace. El Gobierno no puede dejar que la situación se siga degradando.