La extraña investidura de Salvador Illa

La investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat ha sido la más extraña de todas las que se han producido desde la entrada en vigor de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Fue un acto de investidura breve, sometido a lo que podríamos denominar “competencia desleal” o “contraprogramación” con la aparición/desaparición de Carles Puigdemont fuera del Parlament, que consiguió que hubiera más expectación en la opinión pública por como podía acabar esta última que por como podía hacerlo la primera. 

Ahora bien, si el acto de investidura pasó bastante desapercibido y casi nadie recuerda lo que se dijo en el interior del Parlament, no ocurre lo mismo con la transcendencia de que finalmente se produjera la proclamación de Salvador Illa como president. A nadie se le ha pasado por alto que esta investidura tenía y sigue teniendo una importancia transcendental. Para Catalunya y para el Estado. De no haberse producido, hoy estaríamos enfrentados a unas nuevas elecciones en Catalunya y a un muy abrupto fin a corto plazo de la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023.

Esto se ha evitado. Veremos si para toda la legislatura catalana y los tres años que quedan de la española o solo para una parte de la misma, de más o menos duración en ambos casos. Pero de momento se ha evitado.

El acto de investidura ha tenido como primera consecuencia desvincular del mismo el proceso de aplicación de la ley de amnistía, que ha sido el último instrumento en manos, tanto de Junts como del PP y Vox, para intentar reventar las legislaturas catalana y española. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya no puede condicionar la duración de ambas legislaturas, que van a depender de la forma en que se ejecute el acuerdo entre el Gobierno y ERC por el Govern presidido por Illa y la mayoría parlamentaria que lo ha investido, por un lado, y de la forma en que el Gobierno de la Nación sea capaz de trasladarlo al resto de las Comunidades Autónomas en la negociación de un nuevo modelo de financiación, que tenía que haberse producido hace más de diez años. 

La investidura de Illa saca al poder judicial de la negociación política. La maniobra de Carles Puigdemont retrasará algo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, pero ya sin la urgencia con que se ha vivido dicho retraso en estas últimas semanas. 

La aplicación del acuerdo sobre financiación se producirá de una forma en Catalunya, donde tanto Junts como ERC tienen convocados congresos, fundacional o cuasi fundacional en el primer caso, y sumamente extraordinario en el segundo, abriéndose con ello una nueva época con la que se pone fin no solamente al procés, sino a todo el periodo posterior al naufragio de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 con la STC 31/2010. 

El nuevo president de la Generalitat ya ha indicado con la composición de su Govern de qué manera pretende hacer frente a la nueva situación política. ERC y Junts lo harán en los próximos meses. ¿Será Oriol Junqueras quién dirigirá a ERC? ¿Qué lugar ocupará Carles Puigdemont en la “refundación” del gen convergente? Son incógnitas que se irán despejando y que influirán de manera determinante en la aplicación de lo acordado.

Lo importante es que todo esto pueda hacerse sin la perturbación de los jueces y magistrados que integran el poder judicial. Porque eso ya sabemos a dónde conduce.

En el Estado la resaca de la investidura de Illa se va a producir de una manera completamente distinta. El Gobierno tendrá que poner una oferta encima de la mesa, no al PP, sino a los Consejos de Gobierno y a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, cada una de las cuales tienen una situación financiera distinta como consecuencia, entre otras cosas, de que a cada una de ellas le afecta de manera distinta el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, prorrogado durante más de diez años. No es la misma la situación de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, etcétera. ¿Serán capaces de consensuar una misma respuesta o empezarán a ponerse de manifiesto diferencias entre unas y otras? ¿Se verá afectado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en ese proceso de negociación?

La extraña investidura de Illa anuncia una nueva manera de hacer política, en la que veremos como se adaptan los diferentes protagonistas. La financiación de las Comunidades Autónomas no permite una respuesta similar a la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En esta última el PP se encuentra muy cómodo. Pero no creo que le vaya a ocurrir lo mismo cuando se trate de la primera.