Hay que aprender de los errores

El 9 de noviembre de 2021 advertí en este mismo blog, “Cuando el orden de los factores sí altera el producto”, que la oferta de Pablo Casado de desbloquear la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, dejando en suspenso la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), era, además de dudosa constitucionalidad, una “oferta trampa”.

En ese momento el retraso en la renovación del CGPJ acumulaba más de mil días, triplicando el retraso en la renovación de los demás órganos constitucionales que acabo de mencionar. Ni la Constitución ni las leyes orgánicas reguladoras de estos órganos permite alterar el orden de la renovación de los mismos. 

Y, sin embargo, el Gobierno cayó en la trampa y aceptó la alteración del orden de renovación propuesto por el presidente del PP. 

Para el PP, la renovación parcial del TC en 2021 era políticamente inocua. Mejor dicho, aritméticamente era inocua, aunque políticamente no lo fuera, ya que le permitió “envilecer” todavía más la renovación por parte del Congreso de los Diputados, al que se le forzó a designar nada menos que a Concepción Espejel y, sobre todo, Enrique Arnaldo, que jamás deberían haber alcanzado la condición de jueces constitucionales. 

La composición favorable a la derecha en el TC se mantenía incólume con dicha renovación. En ese momento lo importante era mantener el control del CGPJ, lo que exigía la no renovación, porque el control del TC sí lo mantenían con la renovación. 

La renovación “políticamente” importante del TC no era la del 2021, sino la del 2022, la que se está intentando alcanzar en este momento. En la del 2022, los protagonistas de la renovación eran el Gobierno y el CGPJ. Con los cuatro nuevos magistrados, la derecha perdía la posición dominante que venía del Gobierno de Mariano Rajoy.

De ahí que el objetivo de la derecha fuera evitar esta renovación del TC. Y para ello el control del CGPJ era imprescindible. Si el CGPJ se negaba a la renovación, contando con la connivencia del presidente del TC, se podía intentar que tampoco se permitiera el acceso al TC de los candidatos nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez con el argumento falaz de que el TC se renueva por tercios. Si el CGPJ no renueva, el Gobierno tampoco puede hacerlo. La negativa del PP a renovar el CGPJ se combinaba con la negativa del CGPJ a renovar el TC. Y con la complicidad de la mayoría de derecha del TC se impedía que el Gobierno aplicara la Constitución y designara los dos miembros que le corresponden.

Este era el núcleo esencial de la “propuesta trampa” de Pablo Casado. Ahora es cuando se está haciendo visible el porqué de la propuesta. 

En 2021 lo importante era mantener el control del CGPJ. En 2022 es mantener el control del TC, que es siempre lo decisivo. 

Controlar el CGPJ es importante. Controlar el TC lo es mucho más. A través del CGPJ no se puede dar un golpe de Estado. A través del TC, sí. En esto, en dar un golpe de Estado, es en donde estamos. Eso es lo que significa la pretensión del recurso de amparo del PP. En la próxima semana se producirá el desenlace.

Independientemente de cuál sea, el Gobierno deberá aprender la lección de que la derecha española no descansa nunca. Acepta la democracia a beneficio de inventario. Esto no se debe perder de vista en ningún momento.