Son necesarios unos nuevos acuerdos con la Santa Sede

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho público este viernes el informe sobre las víctimas de abusos, que más bien deberían ser calificados de agresiones, sexuales en el seno de la Iglesia Católica, distribuidos casi por igual entre aquellas protagonizadas por sacerdotes y por no sacerdotes. En conjunto afecta a unas 450.000 personas, lo que nos sitúa en el primer lugar de todos los Estados europeos. 

No creo que nadie se haya visto sorprendido por el resultado del informe, ya que no hay ningún otro país europeo en el que la presencia de la Iglesia Católica sea comparable a la que tiene en España y en el que, además, tras la Guerra Civil, la Iglesia haya disfrutado durante un periodo tan prolongado de la posición privilegiada que tuvo la Iglesia española. 

La Conferencia Episcopal ha convocado para el próximo lunes una reunión de urgencia en la que, previsiblemente, hará una valoración del informe del Defensor del Pueblo y alegará lo que estime pertinente. Habrá que esperar, en consecuencia, a lo que en dichas alegaciones se diga, para poder emitir una opinión lo más objetiva e imparcial posible sobre el informe del Defensor del Pueblo.

Hay que subrayar, sin embargo, la anomalía de que la Conferencia Episcopal se negó a formar parte del equipo dirigido por el Defensor del Pueblo para llevar a cabo la investigación, aunque se mostró dispuesta a colaborar desde fuera, y que encargó al bufete Cremades-Calvo Sotelo una investigación propia, que todavía no ha concluido. Parece que el bufete ha solicitado una ampliación del plazo para ponerle fin. 

Por qué confía la Conferencia Episcopal más en un bufete privado que en un órgano de naturaleza constitucional como es el Defensor del Pueblo, es algo que no puede dejar de causar una cierta perplejidad. ¿Puede considerar la Conferencia Episcopal menor la presunción de independencia e imparcialidad del titular de un órgano contemplado en la Constitución, regulado mediante ley orgánica y elegido por la misma mayoría parlamentaria exigida para la reforma de la Constitución y la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que la que se pueda reconocer a un bufete privado? Un bufete privado carece de presunción de independencia e imparcialidad por definición. ¿A qué viene ese encargo?

En todo caso, no se puede perder de vista que el Defensor del Pueblo es un “alto comisionado de las Cortes Generales” y que, en consecuencia, son éstas las que tendrán que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan, si consideran necesario adoptar alguna. 

El Defensor del Pueblo ha cumplido con la tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Pero quien tiene que decidir qué se hace ante la situación puesta de manifiesto por el Informe son las Cortes Generales. O por decirlo de otra manera, el Informe del Defensor del Pueblo es, en cierta medida, un punto de llegada, pero jurídicamente es un punto de partida. Es el punto de llegada material de la actuación de un órgano “auxiliar”, que no puede decidir, sino únicamente proponer. Ahora empieza el momento jurídico que es tarea de las Cortes Generales. Ellas son las que tendrán que decidir qué se debe hacer.

Tal vez sea el momento de revisar los acuerdos con la Santa Sede, que se introdujeron de contrabando en nuestro ordenamiento constitucional, ya que fueron negociados por el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez mientras se estaba elaborando la Constitución, pero sin contar en absoluto con las Cortes Constituyentes. Dichos acuerdos se publicaron unos días después de la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente son unos acuerdos preconstitucionales, aunque formalmente son posconstitucionales. El Gobierno presidido por Adolfo Suárez sabía que esos acuerdos no pasarían nunca el filtro de unas Cortes constitucionales. Por eso se aprobaron de la forma en que se aprobaron. Hay que poner fin a esa situación anómala y negociar democráticamente la relación del Estado con la Iglesia. Tal vez sin tales acuerdos no se habría tardado tanto en llegar a donde acaba de llegar el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho público este viernes el informe sobre las víctimas de abusos, que más bien deberían ser calificados de agresiones, sexuales en el seno de la Iglesia Católica, distribuidos casi por igual entre aquellas protagonizadas por sacerdotes y por no sacerdotes. En conjunto afecta a unas 450.000 personas, lo que nos sitúa en el primer lugar de todos los Estados europeos. 

No creo que nadie se haya visto sorprendido por el resultado del informe, ya que no hay ningún otro país europeo en el que la presencia de la Iglesia Católica sea comparable a la que tiene en España y en el que, además, tras la Guerra Civil, la Iglesia haya disfrutado durante un periodo tan prolongado de la posición privilegiada que tuvo la Iglesia española.