Lo personal es político

¿Hasta dónde ha de alcanzar el compromiso de los candidatos con las propuestas que aparecen en sus programas electorales? ¿Y el de sus asesores? ¿Y el de las personas a quienes recurren para publicitar, impulsar o apoyar públicamente su campaña? Estas preguntas surgen al hilo de la polémica que se ha generado en las redes sociales tras conocer la decisión de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) de incorporar a su campaña autonómica con un papel muy destacado a personas como Joaquín Sabina o Pedro Almodóvar, los cuales llevan a cabo algunas conductas y prácticas contrarias a las ideas que esa organización política defiende desde hace tiempo. En el caso del primero, conocido es su rechazo a escuchar las voces que desde el movimiento de solidaridad con Palestina le reclamaron que se sumara a la campaña de boicot y no actuara en Israel. Hace tiempo que Izquierda Unida manifestó su rotundo apoyo a esta campaña como forma de enfrentarse a la ilegal ocupación del territorio palestino y violación del Derecho internacional por parte del Estado de Israel. De esta manera, muchos de los militantes y simpatizantes de IU-CM se sienten cuando menos sorprendidos por la decisión de la dirección (de campaña) de la organización madrileña de “pasear” a Sabina como un reclamo electoral.

Algo similar sucede con Almodóvar, cuya opción de inversión a través de una SICAV choca frontalmente con el rechazo que esta organización ha mantenido hacia estas sociedades desde un primer momento. Así se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados cuando en 2005 el grupo parlamentario de Izquierda Unida fue el único que se opuso -siguiendo las tesis de la Asociación de Inspectores de Hacienda- a la “amnistía fiscal” que se concedió entonces a estas sociedades. Es extraño el giro que ha dado esta organización: de oponerse en solitario a esta figura a utilizar como banderín electoral de su candidatura en Madrid a un personaje público que se acoge a ella.

No cabe duda del tirón electoral que tienen Sabina y Almodóvar. Pero que IU-CM recurra a ellos puede poner en solfa no solo su historia, sino también su propia doctrina política. Anteponer intereses electorales a la coherencia programática es un error que, si bien a corto plazo puede dar algún rédito, termina por socavar la confianza de la ciudadanía en proyectos políticos de transformación de la sociedad. Máxime en el caso de proyectos que se dicen y reclaman de izquierdas y que, como tales, ponen en valor la coherencia entre personas, conductas y principios.

Frente a esta crítica, suelen alegarse algunos argumentos. El primero de ellos -empleado recientemente en los casos citados- alude a la distinción entre lo personal y lo político. Así, las decisiones de estos artistas sobre actuar en Israel, en un caso, y optar por las inversiones mediante SICAV, en otro, serían decisiones estrictamente personales que en nada enturbiarían ni menoscabarían su compromiso político. Se trata de dos planos completamente diferentes que en nada se tocan; por tanto, el sentido de la acción en uno de ellos (lo personal) no compromete en nada al desarrollo del otro (lo político).

Es cierto que se trata de decisiones personales -que, además, son legales-, pero no lo es que carezcan de alcance político. Lo tienen en cuanto sus autores son llamados a participar en un proceso electoral. Y aceptan. Por tanto, aunque sea por un momento, se convierten en actores políticos en apoyo de unas siglas que representan unas ideas. En consecuencia, el compromiso con ese partido, esas siglas o ese programa no debe limitarse a un apoyo público más o menos mediático, sino también a una creencia compartida en los valores que forman parte del background de esa alternativa política y, sobre todo, de las personas que la integran y/o defienden. Al igual que el movimiento se demuestra andando, el compromiso se manifiesta en la práctica del día a día, acción tras acción, sin que quepa mantener hipotéticas esferas privadas de actuación inmunes y ajenas a la crítica política.

Si se acepta lo anterior, entonces la coherencia entre las ideas que se defienden y las conductas que se llevan a cabo no sólo es exigible a quienes forman parte de una lista electoral. A fin de cuentas, una de las características que define la “nueva política” es considerar a cada ciudadano como un político, eliminándose así la tradicional concepción de la política como una actividad propia y exclusiva de los representantes -y profesionalizados- políticos. Pues bien, si cada ciudadano es un político activo, lo lógico es que nos exijamos el mismo nivel de coherencia que exigimos a los políticos profesionales y a las organizaciones políticas de las que forman parte. Y más a quienes dan el paso adelante de apoyar públicamente una candidatura.

También se suele esgrimir un segundo argumento a la hora de justificar estas incoherencias discursivas. Un argumento que circunscribe el requisito de la coherencia entre dichos y hechos exclusivamente al ámbito propio de la elección de que se trate. Así sucede, por ejemplo, con la polémica decisión de algunos dirigentes madrileños de Podemos de no hablar acerca de la espinosa cuestión de los colegios concertados. Preguntados sobre si eliminarían los conciertos en caso de llegar al poder, miran hacia otro lado y señalan que se trata de una decisión que debería adoptarse en el ámbito estatal y no en el autonómico.

Esta delimitación competencial les permite salir airosos de la cuestión y, en suma, les evita tener que pronunciarse y emitir su opinión personal al respecto. Una opinión que, al igual que en los ejemplos anteriormente expuestos, también es política. Aunque la Comunidad de Madrid no tenga competencia para revertir el desarrollo de la educación concertada en esta región -cuestión sobre la que también habría mucho que discutir-, lo cierto es que los miembros de una fuerza política de transformación social como dice ser Podemos no pueden permanecer al margen de un debate como este. La forma cómo se distribuyen las competencias en el Estado español no puede ser un argumento detrás del que ampararse para evitar un claro y rotundo pronunciamiento en favor de la supresión de la educación concertada. Recuérdese que se trata de colegios privados -católicos, protestantes o laicos, esto aquí da igual- que se sostienen con fondos públicos, es decir, con fondos detraídos a la escuela pública. En este sentido, y para ganar en coherencia, sería deseable que las personas que forman parte de candidaturas de izquierdas, transformación social o unidad popular -que cada uno escoja el nombre que más le guste- hicieran público su compromiso de utilizar educación pública y no concertada para sus hijos. Lo personal es político, también en este ámbito.

Del feminismo aprendimos -entre otras muchas cosas- que las relaciones entre hombre y mujer son relaciones políticas desde la raíz. Que no debe haber espacios de interrelación social que queden al margen de la esfera pública, con todo lo que ella conlleva, sobre todo cuando esta remisión a lo privado, a la esfera de lo personal, se utiliza para perpetuar relaciones o situaciones injustas o de dominación. Pues bien, quizá el ciclo electoral que se avecina sea una buena ocasión para demandar que se sitúen bajo escrutinio público no solo los eslóganes políticos sino también los hechos y las prácticas, para que estos no sean contradictorios con lo que se defiende sobre el papel.