El trampantojo venezolano: cuando la sedición muta en democracia

Justificar un golpe de Estado, proclamándose adalid de las libertades civiles, es un ardid propio de quienes desprecian el poder político democrático. En América Latina las experiencias históricas se acumulan y no dejan de sorprender por su recurrencia y uso de argumentos asentados en la psicología del enemigo interno desplegada durante la guerra fría, diseñada por Brasil y redefinida por Estados Unidos como doctrina de la seguridad nacional.

Venezuela sufre desde 1998, fecha del triunfo electoral del proceso bolivariano encabezado por Hugo Chávez, una acción desestabilizadora destinada a romper la voluntad popular del pueblo venezolano expresada en las urnas. Al desconcierto inicial de los partidos tradicionales desde principios del siglo XXI le ha seguido un reordenamiento de la derecha, grupos empresariales y oligarquía terrateniente, quienes no han dudado en llamar al magnicidio como alternativa para derrocar al gobierno.

Hoy asistimos a los embates de una campaña internacional destinada a desprestigiar el proceso político bolivariano, financiando la creación de partidos ad hoc y lanzando campañas de intoxicación internacional de largo aliento. La mentira se convierte en un arma política y se utiliza indiscriminadamente. Los medios de comunicación social se transforman en auténticos agitadores y promotores del golpismo, bajo el paraguas de apoyar las libertades de expresión y prensa que dicen se encuentran amenazadas por un gobierno dictatorial. Sin bases reales, se inventan casos de torturas, asesinatos de periodistas, encarcelamientos arbitrarios, etc. Cuando se descubren los montajes (recuérdese la foto del presidente Chávez agonizando), hacen oídos sordos. Hasta no ver cumplidos sus objetivos seguirán violando la ética periodística en pro de los golpistas.

La semejanza entre las estrategias desestabilizadoras articuladas por la derecha en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) y las actuales políticas tendentes a derrocar al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, hace pensar en un manual para romper el orden constitucional basado en la desestabilización. Si Richard Nixon -el presidente republicano estadounidense de la época- planteó hacer estallar la economía chilena en sus cimientos, Henry Kissinger -su secretario de Estado- fue más osado, al afirmar que Estados Unidos no abandonaría a sus aliados en Chile por la irresponsabilidad de un pueblo que votó mal eligiendo un presidente de izquierdas. Hoy, Barack Obama continúa dicha tradición con su secretario de Estado John Kerry, quien presenta el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela como un peligro para la democracia en la región, identificándolo como un portaviones del crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de occidente. Sus palabras no dejan sombra a la duda: “Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas. Estamos trabajando con los dirigentes de la oposición para la defensa de la democracia en Venezuela. Estamos trabajando en este momento con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, para implementar las previsiones de la ley de sanciones y nos estamos moviendo lo más rápido posible. He elevado el problema sobre Venezuela a los líderes de la región”.

Entre Nixon y Obama, Kissinger y Kerry, han transcurrido cuarenta años, pero Estados Unidos no renuncia a intervenir en los países latinoamericanos para mantener su Pax Americana. Nunca ha dejado de financiar a la burguesía local y sus organizaciones políticas, partidos, sindicatos, movimientos sociales y grupos paramilitares en su objetivo de torcer la voluntad democrática de los pueblos que se dan gobiernos antiimperialistas contrarios a sus intereses.

Sin embargo, no es fácil crear un estado de caos interno y una correlación de fuerzas internacional que avale una acción golpista. Para ello hace falta combinar factores como el descontento, potenciar la violencia social, generar miedo, paralizar la vida cotidiana y transformarla en un infierno. Los mecanismos habituales han sido el desabastecimiento, el mercado negro, la inflación, la violencia callejera, el bloqueo de carreteras, el acaparamiento y una campaña desinformativa de comunicación social tendiente a justificar una intervención salvadora de la Patria. Requiere tiempo y desgastar las bases sociales de los gobiernos populares. En países dependientes, donde las multinacionales controlan monopolísticamente sectores claves como el farmacéutico, el alimentario, los repuestos automotrices y los bienes de consumo, es fácil provocar el desabastecimiento. Basta con no importar medicinas, jabón, pasta de dientes, baterías para coches, bombillas, neumáticos, aparatos electrónicos, leche, papel o hasta el más insignificante tornillo. Además, el bloqueo se acompaña de exigencias poco frecuentes en las relaciones económicas internacionales, como es el pago al contado. Una forma de estrangulamiento que favorece el mercado negro de dólares.

Construir una realidad caracterizada por la represión a los partidos opositores o la detención de sus dirigentes requiere una coyuntura internacional favorable a tal discurso. Se busca identificar a sus dirigentes como perseguidos, maltratados y vulnerados en sus libertades. Unos mártires de la democracia. Igualmente ocurrió en Chile. Sus hacedores coinciden. Son los grupos empresariales, la burguesía local, la oligarquía terrateniente y el capital financiero, cuyos intereses están inmersos en la transnacionalización productiva neoliberal. Si algo tienen en común las clases dominantes latinoamericanas es su imbricado sistema de alianzas y su total desprecio a las formas democráticas de ejercicio del poder.

Sin embargo, partidos políticos y gobiernos del llamado mundo libre sucumben a los cantos de sirenas de la oposición golpista en Venezuela. Resulta curioso en España, donde se ha desarrollado una virulenta campaña contra el gobierno del presidente Maduro; campaña a la que se suman voces que van desde el Partido Popular hasta Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, rompe una lanza en favor del alcalde de Caracas, considerando su detención un acto desproporcionado. La cárcel -subraya- no es un sitio para un alcalde electo (sic).

Es menester recordar que en Chile, durante el último año del gobierno de la Unidad Popular, los cargos públicos de la derecha, alcaldes, diputados y senadores, actuaron en la trama civil del golpe y muchos salieron al extranjero acusando al gobierno de Salvador Allende de perseguirlos. El caso más renombrado recae en la figura del secretario general de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez, posteriormente ministro de la dictadura y abogado de Pinochet. Grez decidió autoexiliarse en Ecuador, en el mes de julio de 1973, al considerarse perseguido por el gobierno de la Unidad Popular. En su favor se desplegó una campaña internacional, coincidente con la orden de busca y captura por su participación en el intento de golpe de Estado de 29 de junio de 1973. Fueron muchas las personas que se prestaron al juego y se sumaron a las políticas golpistas bajo el cartel de sufrir persecución ideológica. La historia los ubica como organizadores del golpe de Estado.

Hoy el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido por participar en otra trama frustrada de golpe de Estado, es presentado al mundo como un mártir de la democracia. Pocos recuerdan su pasado: en 1992, como gobernador de Acción Democrática en el distrito federal, reprimiendo los movimientos democráticos; en 2002, tras el triunfo de Hugo Chávez, sumándose al golpe cívico-militar; en 2004, gestionando el paro empresarial-petrolero; en 2005, negando legitimidad a las elecciones generales y cuestionando los resultados del referéndum revocatorio. Y ya en 2014 se suma, junto con Leopoldo López y Corina Machado, al putsch conocido como “La salida”. Hoy es necesario recordar las estrategias desestabilizadoras, sus aliados políticos internacionales y los medios de comunicación que avalan la mentira.