Guantánamo y los Estados sin ley

El pasado 1 de marzo la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París citó a Geoffrey Miller, excomandante de Guantánamo. Como uno de los más famosos promotores de la tortura de “sospechosos de terrorismo”, debía declarar ante el tribunal sobre ello.

Las investigaciones que realiza Francia desde hace más de 10 años se refieren justamente a los malos tratos y abusos cometidos en Guantánamo contra los ciudadanos franceses Nizar Sassi y Mourad Benchellali, mientras Miller dirigía dicha prisión. Al igual que en los procedimientos seguidos en Alemania, España y el Reino Unido, no hay duda de que los tribunales europeos están facultados y, de hecho, obligados a ocuparse de los delitos de tortura cometidos por el Ejército estadounidense y la CIA.

Como era de esperar, Miller no se presentó ante el tribunal. Pero esto no significa que se vayan a cerrar los procedimientos en Francia. Al contrario. Los abogados franceses que trabajan con los integrantes del European Center for Constitutional and Human Rights se encargarán de que el caso continúe.

De todos modos, los abogados y las organizaciones de derechos humanos en Francia tienen bastante de lo que ocuparse con la situación de su país. Desde que, tras los atentados de noviembre de 2015, se declarase el estado de emergencia y más tarde, en febrero de 2016, se decidiera su prórroga, ya no se puede hablar de un problema abstracto: mientras que cientos de personas han sido detenidas o están sometidas a arresto domiciliario, todos los días se tacha de “terrorista” a algún manifestante. Recordemos, por ejemplo, el caso de París en diciembre del 2015, donde veintiséis personas -entre ellas, el activista sobre cambio climático Joel Domenjoud- fueron arrestadas y obligadas a presentarse tres veces al día ante la policía.

Guantánamo ha sido otro de los temas más nombrados en las últimas semanas. Ahora que se acerca el final de su mandato, Obama dice de nuevo intentar cerrar el centro de detención. Para los 34 prisioneros que no representan peligro alguno, según señaló incluso el propio Gobierno estadounidense, esto puede significar el fin de más de diez años de detención arbitraria. Pero, solo si hay Estados dispuestos a recibirles. Para los otros 57 internos, el cierre de Guantánamo no conlleva grandes esperanzas de cambio si son trasladados a Estados Unidos, pues serán transferidos a prisiones de alta seguridad donde, según organizaciones de derechos humanos y numerosos abogados, sus derechos humanos serán violados igual o más brutalmente que en la cárcel situada en Cuba.

Pero mientras la opinión pública parece prestar atención tan solo a los prisioneros de Guantánamo, el destino de muchos otros detenidos es igualmente grave. Basta recordar el caso del militante del Partido de los Panteras Negras, Albert Woodfox, quien fue liberado en el verano de 2015 tras 43 -sí, leyó bien, 43- años de confinamiento solitario. Woodfox había sido condenado solo sobre la base de los testimonios de otros tres prisioneros.

Este es un simple ejemplo de los otros tantos que sirven para demostrar que la máxima “el fin justifica los medios” conduce a la injusticia. Cientos de personas inocentes están en prisión y sufren abusos sin tener derecho a un procedimiento debido, mientras son tildados de terroristas, criminales, enemigos del Estado o todo ello a la vez. Cuando las personas afectadas por estas injusticias son cientos, o hasta miles, se puede hablar de verdaderos “Estados sin ley”, pero claro está que esa etiqueta sólo se usa para los Corea del Norte de este mundo.

¿Por qué en Europa tenemos que prestar atención a esto? Porque, a día de hoy, las víctimas de torturas cometidas por Estados Unidos o sus aliados no han logrado obtener justicia. Porque todos los candidatos republicanos parecen estar en una competencia por proponer la peor y más horrenda forma de lidiar con los sospechosos por terrorismo. Porque, por diversas razones, en Francia, Suiza y el Reino Unido se habla de abandonar o deshacerse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por si fuera poco, porque cuando se trata de migrantes y refugiados en Alemania y Europa, el Derecho parece aplicarse tan solo cuando resulta conveniente.