Informe sobre torturas de la CIA: la laboriosa caza de los culpables

Desde el 11 de septiembre de 2001 el gobierno de los Estados Unidos ha construido un sistema de maltrato y tortura de prisioneros de los que se sospecha que son terroristas. Hasta hoy solo han sido demandados judicialmente unos cuantos militares de rango inferior. Los planificadores, arquitectos e ideólogos del sistema no han sido molestados en absoluto. Algo que tampoco va a cambiar tras el informe sobre torturas de la CIA, hecho público por el Senado de los Estados Unidos.

Las primeras noticias de maltrato de prisioneros llegaron poco después del inicio de la guerra de Afganistán en otoño de 2001. Pero Afganistán estaba muy lejos. Que los prisioneros en Guantánamo eran tratados de una manera contraria a los derechos humanos fue un hecho claro desde el principio; sobre todo, cuando se publicaron las primeras imágenes del centro de detención en enero de 2002. Pero los representantes de la administración Bush afirmaban en aquel entonces que los prisioneros de Guantánamo eran “lo peor de lo peor”, posibles autores de los actos terroristas más graves.

Una llamada de atención a nivel mundial tuvo lugar con publicación de las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib (Irak) en la primavera de 2004. Pero rápidamente pudo apreciarse con claridad que esta prisión solo se diferenciaba de otras cárceles iraquíes, de Guantánamo o de otras prisiones secretas ubicadas en lugares desconocidos, por el hecho que se habían publicado imágenes de los maltratos producidos en dicho lugar. De manera que cuando George W. Bush -sorprendido por la indignación a nivel mundial- prometió la persecución jurídica de los culpables, debía haberse sentado él mismo en el banco de los acusados, junto con la mitad de su gobierno, la cúpula militar estadounidense y la dirección de la CIA. Hecho que, como es obvio, nunca sucedió. Solo fueron juzgados Lynndie England y otros soldados de rango inferior.

Mientras la tortura a prisioneros de guerra es un delito de guerra, y como tal es mal vista en todo el mundo, sin embargo la tortura como tal no está prohibida en todo el mundo. Pero en tiempos de la Corte Penal Internacional y del principio de jurisdicción universal se trata de un delito absolutamente perseguible en cualquier lugar. De ahí que nuestra red de organizaciones de juristas y de defensa de derechos humanos tanto en Estados Unidos como de Europa hayan llevado a juicio desde el año 2004 una multitud de casos de tortura.

La primera serie de juicios fueron causas civiles en los Estados Unidos, donde las víctimas de tortura demandaban indemnizaciones por parte de los responsables jerárquicamente más altos de las torturas. Pero la respuesta era clara: los tribunales civiles bloqueaban todas las demandas por razones políticas. Así, en Estados Unidos no existe ningún tipo de justicia para estas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Por esa razón, se optó por continuar en Europa con las diligencias contra las torturas sistemáticas por parte de fiscales y jueces europeos. Lo que comenzó el Center for Constitutional Rights en Nueva York en otoño del 2004, se continuó en otoño de 2006, conmigo como abogado, ante la Fiscalía General del Estado en Karlsruhe (Alemania).

El exministro de defensa estadounidense Donald Rumsfeld reaccionó enérgicamente ante la denuncia y anunció que, hasta que la situación no se resolviera, no acudiría a una conferencia sobre seguridad en Munich. En respuesta, el fiscal general federal de Alemania interrumpió la investigación, con el dudoso pretexto de que en Estados Unidos ya se estaban realizando investigaciones al respecto.

Después se investigó a Lynndie England y otros soldados destinados en Abu Ghraib. Entonces, el abandono de las investigaciones se justificó en el dato de que ninguno de los denunciados se encontraba en Alemania y que, de hecho, sus acciones serían difíciles de investigar desde allí. Más tarde, en 2007 Rumsfeld visitó Francia por motivos privados. Inmediatamente presentamos denuncia contra él. Ya no gozaba de la inmunidad propia de su cargo político y se encontraba en tierra francesa. No obstante, las autoridades competentes no hicieron nada al respecto.

Peor experiencia fue la que tuvo el por aquel entonces juez instructor español, Baltazar Garzón. En 2008 recibió una denuncia de prisioneros que habían estado en Guantánamo y vivían en España, de manera que comenzó la investigación. Le ofrecimos testigos y documentación. Por un momento parecíamos haber logrado que se iniciase una investigación sobre tortura. Pero luego nos enteramos mediante publicaciones de Wikileaks que, a espaldas del citado juez, la embajada estadounidense en España y el fiscal general del Estado -quienes consideraban la investigación como un problema grave- habían mantenido conversaciones al respecto. Meses después Garzón fue suspendido, supuestamente por otras razones. Por lo menos todavía está en pie la causa que instruyó, aunque lo cierto es que avanzaba más antes de lo que lo hace ahora.

En febrero del 2011 el expresidente Bush anunció un viaje privado a Suiza. Este viaje no llegó a efectuarse, debido a que interpusimos en nombre de las víctimas una denuncia en su contra. De esta manera, podemos alardear de que sujetos como Bush o Rumsfeld ya no visitan Europa por miedo a una denuncia. De hecho, al igual que aproximadamente unos 500 agentes de la CIA que participaron en vuelos de tortura y secuestro.

En el caso del ciudadano alemán-libanés Khaled El-Masri, el juzgado principal de Múnich decidió dictar una orden de captura para los 13 agentes de la CIA que participaron en su secuestro. En Milán también se dictaron órdenes de busca y captura, e incluso sentencias en ausencia, sobre los agentes involucrados en el secuestro del egipcio Abu Omar.

Pero hasta hoy no han tenido lugar investigaciones serias en contra de los principales responsables de las sistemáticas torturas. Algo que probablemente tampoco vaya a cambiar tras el polémico informe del Senado. No obstante, su publicación sí mejora la base de evidencias para futuras persecuciones en Europa o -algún día tal vez también- en los Estados Unidos.

En suma, el informe incluye algunas novedades, como por ejemplo una lista de prisioneros de la CIA, que hasta ahora eran desconocidos, o de las técnicas de tortura aplicadas, al igual que datos sobre la cooperación con otros países como Lituana. También queda demostrado que la CIA ha tratado de evadir todo tipo de control y rendición de cuentas en Estados Unidos. Finalmente, es importante el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no evitara su publicación, porque fue muy fuerte la presión de una parte de la opinión pública estadounidense que condena dichas torturas e, incluso, exige castigar severamente a los culpables.

Desde el 11 de septiembre de 2001 el gobierno de los Estados Unidos ha construido un sistema de maltrato y tortura de prisioneros de los que se sospecha que son terroristas. Hasta hoy solo han sido demandados judicialmente unos cuantos militares de rango inferior. Los planificadores, arquitectos e ideólogos del sistema no han sido molestados en absoluto. Algo que tampoco va a cambiar tras el informe sobre torturas de la CIA, hecho público por el Senado de los Estados Unidos.

Las primeras noticias de maltrato de prisioneros llegaron poco después del inicio de la guerra de Afganistán en otoño de 2001. Pero Afganistán estaba muy lejos. Que los prisioneros en Guantánamo eran tratados de una manera contraria a los derechos humanos fue un hecho claro desde el principio; sobre todo, cuando se publicaron las primeras imágenes del centro de detención en enero de 2002. Pero los representantes de la administración Bush afirmaban en aquel entonces que los prisioneros de Guantánamo eran “lo peor de lo peor”, posibles autores de los actos terroristas más graves.