Mis terroristas, tus terroristas

Suena banal porque ya se ha escuchado muchas veces, pero el terrorista del ayer podría ser el jefe de Estado -o al menos su aliado- de hoy o de mañana. Quizás el caso más ilustrativo sea el de Nelson Mandela, al que Estados Unidos no eliminó definitivamente de sus listas de terroristas hasta 2008. Le habían incluido en ellas en los años 80 junto con su organización, el Congreso Nacional Africano. Entre tanto, se abolió el apartheid, Mandela salió elegido como presidente de Sudáfrica en unas elecciones democráticas y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Precisamente por la existencia de casos como este, entre los que se encuentra también la OLP palestina, ciertos países -particularmente, los del sur- se niegan hoy a aprobar una definición de terrorismo en el marco de Naciones Unidas. Temen, con razón, la instrumentalización de dicha categoría, a tenor de la experiencia de muchas décadas en las que primero las luchas anticoloniales y más tarde las luchas postcoloniales fueron desacreditadas mediante la imposición de la etiqueta de terrorismo.

En las distintas listas que manejan Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados (por delante de todos, Estados Unidos) figuran prominentes personalidades políticas junto con sus organizaciones. Pero en Estados Unidos ni los afectados ni las grandes organizaciones a favor de los derechos humanos -como por ejemplo la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles)- saben a ciencia cierta quién figura en cada lista y por qué razón. De esta manera, defenderse es todavía más difícil.

Ese es el caso de la cineasta Laura Poitras, que presenta por estas fechas Citizenfour, un documental acerca de Snowden, en los grandes festivales de todo el mundo. Se trata tan solo de un ejemplo entre miles. Según una publicación reciente del portal de búsquedas The Intercept se calcula que unas 680.000 personas se encuentran en la misma situación.

Puede que en Europa sean menos, pero también aquí los gobiernos y sus aliados aprovechan la coyuntura política existente desde el 11 de septiembre de 2001 para engrosar las listas. Y no solo incluyendo en ellas a sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda, pues en las primeras listas había más nombres vascos que árabes. Asimismo, se mencionaba a muchas organizaciones que luchaban en conflictos armados en sus países. Para evitar malentendidos desde el principio, cabe añadir que todas ellas eran organizaciones nada amigables. Sí, siempre se trata de organizaciones que cometen crímenes de guerra o secuestros, como los Tigres de Liberación del Eelam Tamil o las FARC de Colombia.

No obstante, no es este el motivo por el que se les ha incluido en las listas. Se explicó que las listas tenían el objetivo de impedir la financiación del terrorismo, pero las incautaciones de dinero fueron escasas. Más bien, el objetivo era realizar concesiones políticas a los aliados de Filipinas, Turquía o Colombia; y por ello colocaron a sus peores enemigos en la lista. De ese modo, las torturas, secuestros y asesinatos que perpetraban pasaban a considerarse como actos terroristas, mientras que aún hoy se sigue haciendo caso omiso a las torturas, secuestros y asesinatos cometidos por los gobiernos de Filipinas, Turquía y Colombia.

Se trata de puro oportunismo político y no de una política orientada al respeto de los principios del Estado de derecho. Porque si se hubiera atendido a estos principios, las personas de la lista deberían haber tenido derecho a defenderse y se les debería haber concedido la posibilidad de control judicial. Se debería haber abierto a debate público la condena de las partes beligerantes en conflictos armados y se les debería haber facilitado el acceso a los tribunales. Y si alguien llama a una de las partes terrorista, ¿por qué no llama así también a la otra parte, igualmente torturadora y asesina?

Ahora mismo, y no es la primera vez, en Oriente Próximo el embrollo es total. Irán -anteriormente el enemigo habitual, pero contra el que ahora lucha la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que figura en las listas como grupo terrorista pero de vez en cuando es utilizada con agrado por Occidente- apoya al gobierno iraquí. Por su parte, el propio gobierno iraquí no figura en la lista pese a cometer actos criminales. A su vez, éste es combatido por el Estado Islámico (IS), que entró en la lista recientemente y el cual comete crímenes aún más crueles, si cabe. Finalmente, el avance de este último solo podría ser parado por los kurdos, algunos de los cuales -concretamente los organizados bajo el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán)- figuran en la lista como terroristas. Por este motivo, abastecerles con armamento plantea problemas desde el punto de vista jurídico.

¿Le ha quedado claro? A mí tampoco.

Suena banal porque ya se ha escuchado muchas veces, pero el terrorista del ayer podría ser el jefe de Estado -o al menos su aliado- de hoy o de mañana. Quizás el caso más ilustrativo sea el de Nelson Mandela, al que Estados Unidos no eliminó definitivamente de sus listas de terroristas hasta 2008. Le habían incluido en ellas en los años 80 junto con su organización, el Congreso Nacional Africano. Entre tanto, se abolió el apartheid, Mandela salió elegido como presidente de Sudáfrica en unas elecciones democráticas y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Precisamente por la existencia de casos como este, entre los que se encuentra también la OLP palestina, ciertos países -particularmente, los del sur- se niegan hoy a aprobar una definición de terrorismo en el marco de Naciones Unidas. Temen, con razón, la instrumentalización de dicha categoría, a tenor de la experiencia de muchas décadas en las que primero las luchas anticoloniales y más tarde las luchas postcoloniales fueron desacreditadas mediante la imposición de la etiqueta de terrorismo.