Europa se separa de las políticas antiterroristas contra ETA del Gobierno del PP

Pese a la multitud de peticiones e iniciativas populares que se han desarrollado este verano en múltiples puntos a lo largo y ancho de la geografía de Euskadi y Navarra, la política penitenciaria de dispersión de presos del Gobierno del PP sigue inamovible. Parece que no va a dar ningún paso y que va a extinguir su legislatura con el inmovilismo interesado que la ha caracterizado y la absoluta falta de iniciativas de cualquier tipo para avanzar en la consolidación de la paz y dar una salida razonable a un conflicto, que ante todo niega que exista. El Gobierno se siente cómodo en el impasse que representa no propiciar el clima necesario para que se lleve a cabo un final negociado de ETA, pero que en realidad, más que negociación, de lo que se estaría hablando es poco más que de una rendición edulcorada con soluciones razonables para los presos. Pero ni eso parece querer el PP, que ha buscado siempre el escenario de la rendición traumática y humillante, sin darse cuenta que la venganza no lleva a ningún lado y es momento de trabajar desde distintos frentes para que el “enemigo” deje de serlo.

Aparte de la oportunidad perdida por parte del PP, su política penal y penitenciaria discriminadora y excesiva ha conseguido enturbiar las relaciones con otros países del entorno europeo, singularmente –aunque no únicamente– con Francia, que ya no estaría tan dispuesta a secundar de modo incondicional los planteamientos políticos de sus vecinos españoles en materia antiterrorista referida a ETA. Y ello no sólo por los costes políticos que sin duda tiene para el país galo, sino también por no estar esencialmente de acuerdo con ellos ya que, aunque la situación ha cambiado de forma evidente, España no ha abdicado en su planteamiento de mantener elementos de excepcionalidad en su política antiterrorista, cuando no existe objetiva razón para ello y responde más a planteamientos y caprichos ideológicos del Gobierno español del PP en un momento donde toca otra cosa. Ahora es cuando debería primar el sentido común y el pragmatismo a la hora de superar el conflicto y de gestionar de forma razonable el fin de ETA y cerrar este capítulo para siempre sin crear más víctimas ni problemas de futuro.

A Francia también le ha sentado muy mal que en esa excepcionalidad injustificada hacia los presos de ETA, el Gobierno, a través del Grupo popular en el Senado, introdujera la enmienda que en diciembre pasado dio lugar a una ley que impide dar valor a las condenas impuestas y cumplidas en Francia a los presos de ETA. Algo a lo que se encontraba obligada España por una Decisión Marco del año 2008 y que debería haber puesto en funcionamiento antes de agosto de 2010. Pero no solo no se hizo, sino que para para corregir la iniciativa que tuvo el Tribunal Supremo para hacer efectiva la decisión, se fabricó una ley a destiempo –en diciembre de 2014– con el fin de impedirlo con carácter retroactivo, creando una muy incómoda situación, jurídicamente muy parecida a la que produjo la tristemente conocida doctrina Parot, declarada vulneradora de derechos fundamentales básicos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de Inés del Río Prada contra España.

Este desaguisado jurídico, que finalmente no se ha querido corregir por la vía ordinaria y menos traumática, como hubiera sido posible a través del normal sometimiento del tema al Tribunal de Luxemburgo –al tratarse de aplicación del derecho comunitario de la UE–, deberá serlo a través de otras vías, bien sea por el propio legislador en otro contexto político diferente, o mediante previsibles sentencias de condena, mucho más vergonzantes, por violación de los derechos humanos de los presos de ETA.

Los ciegos delirios autoritarios del Gobierno del PP, liderados en este caso por el inefable ministro Fernández, ampliamente secundados por la Fiscalía, no han querido ser resueltos ni por los jueces del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional, que, en este como en otros casos, han preferido mantener su habitual actitud servil y claudicante frente al Gobierno dando muestras una vez más de un poder judicial débil y dependiente que no se atreve, en temas cruciales para el Estado de Derecho y los derechos humanos, a contradecir a los otros poderes del Estado, especialmente al Gobierno, haciendo clara dejación de sus deberes constitucionales.

No obstante, resulta significativo que Francia probablemente no vaya a incluir su posición sobre estos temas en su agenda próxima de relaciones bilaterales con España, como tampoco su voluntad de no seguir secundando la política de dispersión de presos que mantiene España –ya que en Francia no existen razones jurídicas que permitan un trato diferente a los presos de ETA respecto de cualquier otro preso– o su respuesta renuente respecto del solicitado traslado de varias decenas de significativos presos a los que se considera pertenecientes a la cúpula de la organización para ser juzgados en España, en lo que se pretende que sea una nueva ofensiva jurídica por parte del ministerio del interior español y de la fiscalía para no dejar ningún hueco en su “lucha contra ETA” .

La diplomacia francesa tiene puestos sus ojos en un futuro nuevo Gobierno español. En su análisis, menos forzado y condicionado por el día a día político que nos toca vivir a los españoles, ven claro que no será del PP, dando por seguro un nuevo Gobierno socialista con alguien más. Probablemente por ello, en la reunión de ministros de Justicia que tendrá lugar en los próximos días no se tratarán estos temas, pero serán incluidos como prioritarios en la agenda de asuntos a tratar con el nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales de diciembre.

No es sólo Francia, también resulta muy significativa la posición del Reino Unido, tanto de sus jueces como de su Fiscalía, que acaba de rechazar la extradición del etarra Antonio Troitiño. Decisión que no debe ser leída simplemente como un puntual problema jurídico –que hasta ahora eran siempre más o menos resueltos con el pragmatismo con que la Justicia británica aborda los temas del terrorismo– sino como una clara falta de sintonía respecto de lo que ETA representa en este momento como grupo terrorista con real capacidad operativa y de constituir una auténtica amenaza. El Gobierno del PP debe ser consciente de que por mucho que se empeñe no va a seguir teniendo la solidaridad internacional en sus planteamientos de seguir manteniendo artificialmente vivo el conflicto de ETA.

Por otro lado, para dar una impresión de seriedad en el tratamiento del tema por parte de la justicia española en nada favorece la reciente decisión del Juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional de secundar y dar carta de naturaleza a planteamientos de alguna de las asociaciones de víctimas, sorprendentemente secundados por la Fiscalía, de iniciar un procedimiento penal contra determinados miembros de ETA por crímenes de lesa humanidad, lo que a todas luces carece de cualquier rigor jurídico. La propia resolución del Juzgado habla por si misma, no contiene el más mínimo análisis de los elementos y requisitos jurídicos para que se puedan dar esta clase de delitos, concurriendo con los de terrorismo. Por supuesto, esta resolución se mira fuera de España con incredulidad, pero también con preocupación, por lo que implica de falta de rigor en el tratamiento jurídico de estos temas en los que existe una clara implicación internacional, y por ello es necesario que respondan a planteamientos jurídicos y de política criminal y penitenciaria razonables y de consenso y no a meros posicionamientos políticos ultrarrepresivos y fanáticos, únicamente mantenidos a machamartillo por el partido político en el Gobierno.

El discurso securitario de que todo vale contra el terrorismo ya no sirve con ETA frente a Europa. Es momento de aportar soluciones y construir puentes de cara a un futuro en paz y convivencia, de sumar y no de dividir. Aunque la ceguera que el actual gobierno se ha autoimpuesto no le permita ver que la situación ya es otra y, por lo tanto, necesita de otros pasos distintos, Europa sí es capaz de ver el cambio de escenario y aunque oficialmente no se pronuncien sobre el tema sus acciones no son otra cosa que claros llamamientos de atención al Gobierno de España para que ceje en su particular y enloquecida guerra, hoy por hoy carente de sentido, y deje de aplicar políticas desprovistas de justificación que solo pretenden dar satisfacción a los planteamientos políticos más radicales de las derechas.

Pese a la multitud de peticiones e iniciativas populares que se han desarrollado este verano en múltiples puntos a lo largo y ancho de la geografía de Euskadi y Navarra, la política penitenciaria de dispersión de presos del Gobierno del PP sigue inamovible. Parece que no va a dar ningún paso y que va a extinguir su legislatura con el inmovilismo interesado que la ha caracterizado y la absoluta falta de iniciativas de cualquier tipo para avanzar en la consolidación de la paz y dar una salida razonable a un conflicto, que ante todo niega que exista. El Gobierno se siente cómodo en el impasse que representa no propiciar el clima necesario para que se lleve a cabo un final negociado de ETA, pero que en realidad, más que negociación, de lo que se estaría hablando es poco más que de una rendición edulcorada con soluciones razonables para los presos. Pero ni eso parece querer el PP, que ha buscado siempre el escenario de la rendición traumática y humillante, sin darse cuenta que la venganza no lleva a ningún lado y es momento de trabajar desde distintos frentes para que el “enemigo” deje de serlo.

Aparte de la oportunidad perdida por parte del PP, su política penal y penitenciaria discriminadora y excesiva ha conseguido enturbiar las relaciones con otros países del entorno europeo, singularmente –aunque no únicamente– con Francia, que ya no estaría tan dispuesta a secundar de modo incondicional los planteamientos políticos de sus vecinos españoles en materia antiterrorista referida a ETA. Y ello no sólo por los costes políticos que sin duda tiene para el país galo, sino también por no estar esencialmente de acuerdo con ellos ya que, aunque la situación ha cambiado de forma evidente, España no ha abdicado en su planteamiento de mantener elementos de excepcionalidad en su política antiterrorista, cuando no existe objetiva razón para ello y responde más a planteamientos y caprichos ideológicos del Gobierno español del PP en un momento donde toca otra cosa. Ahora es cuando debería primar el sentido común y el pragmatismo a la hora de superar el conflicto y de gestionar de forma razonable el fin de ETA y cerrar este capítulo para siempre sin crear más víctimas ni problemas de futuro.