¿Por qué es necesario que los ciudadanos cambiemos de Constitución?

El pasado martes 3 de diciembre se celebró en el salón de honor de la Universidad de Valencia el acto de constitución de la Mesa Social Pro-constituyente de la Comunidad Valenciana. Como otras muchas acciones que se están dando en diversos lugares de España, la de Valencia supone una reunión de mujeres y hombres dispuestos a sentar las bases de un proceso de cambio constitucional desde abajo, mediante la discusión de temas que no están en la agenda de los medios de comunicación, ni en la de los grandes partidos ni en la de las corporaciones económicas y burocráticas. Es una llamada a la activación de ciudadanos y ciudadanas libres que estén convencidos de ser soberanos y dispuestos a ejercer el poder que ello conlleva.

Días más tarde, en los corrillos de la celebración del trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978, se hablaba de reforma. Proceso constituyente y reforma constitucional son cosas muy distintas, no sólo en cuanto a la extensión y la intensidad del cambio, sino, sobre todo, respecto al papel que juegan los ciudadanos en uno y en otra. La reforma constitucional es un pacto entre vértices burocráticos -esos que hemos oído decir que no, que no, que no nos representan, que no- en el que, de llegar a darse el pronunciamiento de los ciudadanos, será sobre un texto ya acordado. Un proceso constituyente requiere la iniciativa y el papel activo de los ciudadanos para poner sobre la mesa los temas de los que no quieren oír hablar las elites. Si un objetivo primordial del cambio constitucional en España es poner fin al monopolio de los partidos sobre la iniciativa política, abriendo las instituciones a la participación de las nuevas formas de organización ciudadana, una reforma puntual controlada y manejada exclusivamente por los grandes partidos no parece el método más adecuado. Reducir el estado de partidos no es una reforma de la constitución: es cambiar de constitución.

Si la iniciativa ciudadana es siempre saludable, ahora es una necesidad ineludible. El bochorno que nos producen nuestras elites dedicadas al compadreo que les permita mantener el cargo, a la permisividad que les garantice una carrera profesional exitosa, a la obediencia, la adulación y el robo, no lo van a cambiar ellas si no damos nosotros el paso. No se trata de un deber cívico o moral. Se trata de autoconservación.

Decía Spinoza que el fin del Estado es lograr que el alma y el cuerpo de las personas desempeñen sus funciones con seguridad y se sirvan de la razón libre. Es precisamente la seguridad lo que nos están hurtando cuando nos obligan a vivir consumidos por el miedo a perder la casa o el trabajo, cuando nos dicen que nuestra educación no sirve y que nuestra salud no está garantizada. Es la razón libre lo que perdemos cuando nos amenazan con represalias por protestar, cuando nos obligan a ser bestias o autómatas porque “no hay alternativa” o porque somos impotentes frente a los mercados: pensar que no existe otra opción es dejar de pensar. Y además es falso. La seguridad y la razón libre es lo que recuperamos cuando nos reunimos a discutir qué opciones existen, qué se debe cambiar y cómo podemos hacerlo.

Como todas las constituciones, la española de 1978 es fruto de sus circunstancias, y si en el momento de su aprobación se era muy consciente de los errores e insuficiencias motivados por esas circunstancias, la construcción de un relato legitimador de la transición particularmente intenso, llevó a que las deficiencias se fueran obviando. Hoy se nos presentan de forma abrumadora: no hay garantías de los servicios públicos; la organización territorial del estado nunca se constituyó y se dejó en manos del acuerdo político o, en su defecto, del Tribunal Constitucional; los ciudadanos están completamente ausentes de los procesos decisorios; el poder puede ejercerse en la sombra, sin medios para forzar debates abiertos y transparentes; los órganos de control se nombran por los que tienen que ser controlados; el Parlamento es un órgano de asentimiento del Poder ejecutivo; un tercio de los votantes sirve para otorgar una mayoría aplastante; podemos ser espiados impunemente; los extranjeros son parias acuchillados; la política económica no se puede controlar y Alemania nos reforma la Constitución cubierta por la Unión Europea.

Si aquellas circunstancias explican la Constitución, lo que no pueden es legitimarla 35 años después, cuando sus indudables logros se desvanecen y la mayoría que entonces no pudimos votarla, asistimos a la transformación del proyecto de modernización en la ganancia de una minoría que está en posición de rentabilizar la crisis. Lo común, aquello que compartíamos cuando la Constitución fue aprobada, ya no es nuestro: se está subastando en despachos a los que no llegan nuestra voz ni nuestros oídos.

Alguien podría pensar que las circunstancias actuales no son las más idóneas para afrontar un proceso constituyente. Mostraría mucha prudencia y poco conocimiento histórico, porque las constituciones se han hecho siempre en momentos de crisis. Es natural que así sea. En las crisis los discursos legitimadores se hacen pedazos y la tozuda realidad emerge sin mediaciones psicológicas. En las crisis el rey siempre está desnudo, el poder es incapaz de justificarse a sí mismo y el miedo al cambio se atenúa.

Pero no nos engañemos. La discusión no es si la Constitución debe o no debe cambiarse. La Constitución ya ha sido alterada y lo será aún más en el futuro porque la realidad ha desbordado las fronteras de sus arreglos institucionales. La discusión es quién y cómo debe cambiar la Constitución. Eso es lo que nos corresponde a los ciudadanos: decidir si queremos que la Constitución nos la cambie de hecho la minoría que está llamada a interpretarla y aplicarla, consolidando en el tiempo prácticas que son contrarias a su letra y que finalmente se identifican con la “constitución”; o si queremos ser los protagonistas de un cambio expreso a través de un proceso constituyente que nos dé voz frente a los intereses minoritarios pero poderosos.

Las dos cosas no son iguales. Para la primera basta con no hacer nada y dejar que las cosas sucedan tal y como lo vienen haciendo. La segunda es un engorro: exige acción, coraje e iniciativa, pero pone en manos de la gente común una importante parcela de poder de la que actualmente carecemos. En la segunda somos ciudadanos. En la primera somos súbditos: una masa indeterminada que otorga su consentimiento a decisiones en las que en realidad no participa.

Estos años de crisis nos han mostrado que la protesta es necesaria, pero también que el poder disfruta de muchos medios para obviarla, minimizarla o reprimirla. Sólo si nos mostramos dispuestos a intervenir en esos medios mediante un proceso constituyente, nuestra protesta será sentida por el poder como una amenaza. El primer paso para ejercer el poder que nos permita cambiar la aterradora realidad en que vivimos es convencernos de que somos soberanos. Y de que sólo siendo soberanos somos libres. Algunos ya han dado el paso. Ya se sienten soberanos. Están comenzando a ser libres.