Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
Violencia sexual en Colombia: quién apoya a las mujeres y quién las abandona a su suerte
- Desde el inicio de este blog, mi idea ha sido que participen colegas a quienes debo motivación e inspiración. Hoy escribe Andreas Schüller, director del área de Crímenes Internacionales y Responsabilidad del European Center for Constitutional and Human Rights, quien trabaja, junto con otras personas, en temas de violencia sexual contra mujeres en Colombia.
12 de abril de 2016. Gran salón en el Planetario de Bogotá. Poco antes de Semana Santa, el Grupo de Trabajo de las Organizaciones para la Vigilancia y Aplicación de Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Violencia Sexual en Colombia presentó su nuevo informe. Según sus estadísticas, en los últimos quince años la justicia colombiana no ha condenado a los autores de violaciones ni siquiera en el 3% de los casos. La sala estaba repleta, con más de cien mujeres asistiendo a la reunión desde todas partes del país. Estas mujeres representan la diversidad, pero también la desunión de Colombia. Algunas de las participantes vinieron de regiones lejanas: indígenas, afrocolombianas, mujeres que han sufrido desplazamientos forzados internos, campesinas y activistas de regiones rurales, así como también mujeres que trabajan a nivel político en Bogotá.
El foco de la discusión se centró en la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de enero de 2015, en la cual se analizaron cientos de casos de violencia sexual en zonas de conflicto. Casos que aún no han sido juzgados por la justicia colombiana, a pesar de que el tribunal máximo del país ordenó explícitamente su investigación y juzgamiento ya en 2008. Esta resolución -entonces pionera- analizó casi 200 casos de violencia sexual cuyos autores pertenecían a diversos grupos; sobre todo, miembros de las fuerzas armadas, de la guerrilla y paramilitares. La Corte exigió al Estado colombiano tomar medidas y dar prioridad a la lucha contra la violencia sexual. Sin embargo, poco se ha avanzado en ese respecto.
Lo que realmente les importa
El actual proceso de paz entre el gobierno y las FARC -objeto de mucha atención y ampliamente discutido- es en realidad secundario para estas mujeres. Para las participantes en la reunión, es más importante el hecho de que el Estado colombiano haya negado durante años a las víctimas de violencia sexual un centro adecuado donde puedan presentar sus denuncias, así como la debida protección individual y asesoría psicológica.
Las mujeres y activistas critican los pocos casos en los cuales los autores de violencia sexual son castigados, además de señalar que el Estado hace muy poco para prevenir que se sigan cometiendo estos delitos. En definitiva, el Estado carece -también a los ojos de la Corte Constitucional- de una estrategia para combatir, hacer frente y superar efectivamente la violencia sexual relacionada tanto con el conflicto como con los desplazamientos forzados dentro del país. Por el contrario, desde 2015 ha aumentado fuertemente la represión, especialmente contra activistas y defensores de derechos humanos, lo que nos remite otra vez al acuerdo de paz. En Colombia todavía existen algunos grupos paramilitares y criminales que solo buscan imponer su dominio ejerciendo violencia sobre los actores sociales, aun cuando ni siquiera se ha concluido el proceso de paz, y así, finalmente, entorpecer dicho proceso.
Un nuevo inicio
Pero el grupo de trabajo contra la violencia sexual no ha perdido una pizca de coraje, incluyendo en el plano jurídico. Hace casi un año, las organizaciones Sisma Mujer y CAJAR -participantes activas en este grupo- presentaron, en conjunto con el European Center for Constitutional and Human Rights, una denuncia (comunicación) ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Mediante la exposición de casos paradigmáticos de violencia sexual, la comunicación demostraba que en el sistema judicial colombiano, ni los políticos, ni el ejército colombiano, han hecho lo suficiente como para detener y prevenir estos casos, para investigarles o para darles un tratamiento jurídico adecuado.
Así, la Corte Penal Internacional determinó en investigaciones preliminares que las acciones que tome la justicia, la clase política y los militares en relación con la violencia sexual permanecerán en observación por parte de las autoridades internacionales. Para las mujeres afectadas y las activistas reunidas en el Planetario de Bogotá no hay duda alguna. La decisión de la Corte Constitucional, el proceso de paz y la presión internacional son herramientas para exigir al Estado que cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.
Sobre este blog
Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
