En el tiempo de descuento, el Gobierno y Carmen Thyssen firmaron este jueves una nueva prórroga de tres meses en la negociación que mantienen desde 2011 sobre la colección de la baronesa. El último día estaba fijado para el 30 de diciembre, fecha en la que se tenía que decidir qué ocurría finalmente con los 429 lienzos propiedad de Thyssen que se mantienen cedidos al estado de forma gratuita desde el año 2002.
Para marzo, como fecha tope, la baronesa, a través de sus abogados –el despacho de los exministros José María Michavila y Ángel Acebes- el ministro de Cultura, José Guirao y la vicepresidenta, Carmen Calvo, tendrán que volver a verse las caras para decidir si la colección se queda en manos del Estado o no, ya que el contrato en un principio acababa a los doce años desde la firma del contrato de cesión.
Las posibilidades de un acuerdo favorable para que se queden son altas. Así lo transmiten también desde el propio Museo Thyssen. En una entrevista concedida en agosto a Europa Press, Guillermo Solana, director de la pinacoteca, señalaba la relación de amistad entre Calvo y la baronesa desde los tiempos en los que la primera era ministra de Cultura con el gobierno de Zapatero.
Precisamente, Calvo ha sido la única que le llegó a hacer una oferta de compra. También con Guirao hay buena sintonía, ya que este fue director del Museo Reina Sofía en los noventa, época en la que esta pinacoteca y el Thyssen comenzaban su andadura (el museo abrió sus puertas en 1992). “Es un gestor muy acreditado y veterano. Por primera vez en mucho tiempo hay alguien en el Ministerio que viene del mundo de los museos”, afirmó Solana este verano.
De hecho, en los últimos tiempos tanto Carmen Thyssen como el museo han desmentido algunos rumores sobre la negociación, como que la baronesa había pedido nueve millones de euros anuales por la cesión y que tenía ofertas sobre la mesa que alcanzaban los 25 millones de euros anuales. “Yo no he pedido nada, solo que los cuadros se puedan mover alrededor del mundo y dar valor a la colección”, recalcó Thyssen en una entrevista a Vanity Fair en marzo de 2017.
Asimismo el pasado mes de octubre, el Ministerio de Cultura renovó hasta el 31 de marzo de 2019 la garantía del Estado a las obras de esta colección privada asegurándolas en 416,7 millones de euros. Es el Estado quien se encarga de la conservación y mantenimiento de estos lienzos.
Pero lo cierto es que desde hace dos años, la baronesa sí se ha mostrado molesta con el contrato de préstamo que tiene con el Estado. En 2017 envió una carta al entonces ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo para cambiar las condiciones del contrato y desde el año pasado se están renovando las prórrogas trimestrales.
La historia de una colección
Para quien no conozca los pormenores de esta negociación hay que explicar algunos puntos. Para empezar, la colección privada de Carmen Thyssen no tiene nada que ver con la que el Estado compró a Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993 por 350 millones de dólares, después de haberlos tenido en alquiler desde 1988. Son más de 700 cuadros, entre los que se encuentran Dureros, Van Eyck, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Manet, MOnet, Degas, Van Gogh, Cezanne, Munch, Kirschner, Schiele, Paul Klee, Hopper y hasta Francis Bacon.
Aquella compra de hace 25 años ya tuvo sus enfrentamientos y ciertas sombras. Fue Jordi Solé Tura, entonces el ministro de Cultura de Felipe González, el que se encargó de una negociación que fue muy criticada en el congreso por Izquierda Unida y CiU, que dudaron de la legalidad del acuerdo de adquisición, ya que este se había firmado con Favorita Trustees, la sociedad que el barón tenía con sede en las Bermudas. Incluso el PP, aunque apoyó la compra, se mantuvo férreo en una jornada que tuvo a la ya entonces diputada Celia Villalobos como protagonista. Esta colección, no obstante, tuvo muchos pretendientes, como la Fundación Paul Getty y hasta Margaret Thatcher deseó que hubiera acabado en Reino Unido.
Los cuadros dieron pie a la exposición permanente del Museo Thyssen en una época, comienzos de los noventa, en la que el gobierno se jactaba de su apoyo al arte –el Museo Reina Sofía había abierto en 1992- y se vivía la fiesta de la Olimpiadas y de la Expo de Sevilla.
A día de hoy, el museo está gestionado por la Fundación Thyssen, de carácter público, y que recibe, según los últimos Presupuestos Generales del Estado, 5,9 millones de euros al año. Una cifra que, no obstante, está lejos de las que reciben el Museo del Prado (49,7 millones de euros), y el Museo Reina Sofía (39,5 millones de euros). El Thyssen es el quinto museo más visitado de España.
Carmen Thyssen y las sociedades offshore
La colección de Carmen Thyssen es de su propiedad y es la que todavía no está garantizada que pase a manos del Estado. Estos más de 400 lienzos, entre los que hay mucha pintura española de los siglos XIX y XX –Sorolla, Ignacio Zuloaga, Romero de Torres, Darío de Regoyos-pero también Coubert y Van Gogh, fueron adquiridos por la baronesa y también parte por la herencia que le quedó a la muerte del barón. En la actualidad hay cuadros que se exhiben en el museo de Madrid, pero también en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, en el MNAC de Barcelona, Sant Feliu de Guíxols y Andorra, que es donde reside la baronesa.
En 2002 se firmó el acuerdo de préstamo gratuito al Estado, que, sin embargo los asegura, mantiene y conserva, y eso supone un gasto (y una revalorización constante de los cuadros), aunque la baronesa siempre ha defendido que da más que recibe: “Mi colección da a Madrid como unos nueve millones de euros de beneficio al año… ¿Y cuánto da el de Málaga?”, afirmó airada en la entrevista a VF en 2017. También indicó que sus cuadros están valorados en más de 700 millones de euros. Lo que ahora pide al Estado es que sus cuadros se queden en España, pero siempre y cuando tengan un marco legal que les permita una movilidad por todo el mundo.
Lo que oscurece toda esta negociación es que Carmen Thyssen ha aparecido en los últimos años en diversas investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como la de 2013, que señalaba que tanto ella como su hijo Borja gestionaban sus cuadros a través de sociedades offshore como Nautilus Limited, que opera en las islas Cook. En 2016 volvió a aparecer en los Papeles de Panamá como propietaria de una sociedad offshore, aunque su abogado manifestó entonces que esto era conocido por Hacienda.
“Las obras de la baronesa tienen un estatuto absolutamente legal”, afirmó en agosto Guillermo Solana, quien también destacó que están importadas “con medios absolutamente legales, ajustándose rigurosamente a la legislación actual”. No obstante, en la misma conversación matizó que “lo que hizo el Barón es un poco más raro” ya que la propia fortuna Thyssen, pero no la de la baronesa, que procede del siglo XIX, es un “conglomerado financiero” que tenía sus fondos y sus colecciones en sociedades “offshore”.
Hasta marzo se han dado de plazo las partes para llevar a buen puerto una negociación que nadie quiere vincular con paraísos fiscales, pero que, como ya ocurrió en los noventa, tiene flecos artísticos y otros no tanto.