Un código de justicia universal para acabar con la impunidad de los grandes crímenes
La jurisdicción universal establece la competencia de una jurisdicción nacional para juzgar delitos de genocidio y terrorismo cometidos en el extranjero, por personas extranjeras. Es la herramienta que tiene la ley para impedir que los crímenes contra la humanidad queden impunes, amparados por gobiernos incapaces, implicados o corruptos. También es un instrumento fundamental para la persecución del narcotráfico y para investigar casos de terrorismo o crímenes en el extranjero donde hay víctimas españolas. Es el caso de Jose Couso y, más recientemente, de Ignacio Echeverría.
España ha sido pionera en Jurisdicción Universal desde 1985, a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es así como un juez de la Audiencia Nacional de España llamado Baltasar Garzón pudo dar la orden de arresto contra un exdictador chileno, Augusto Pinochet, por presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile. Hoy, sin embargo, le sería imposible. El PSOE modificó la ley orgánica en 2009, desvirtuando parte de sus competencias. Y el PP la modificó en 2014 hasta dejarla prácticamente inservible.
Gracias a esa reforma, la muerte de Ignacio Echeverría no podrá ser investigada por la fiscalía española. Tampoco la de José Couso, el cámara ferrolano muerto en Bagdad, por disparo de proyectil desde un tanque Abrams del ejército norteamericano en abril de 2003. La reforma de 2014 permitió cerrar el caso Couso bajo presiones de Washington que aparecen reflejadas en los cables de documentos diplomáticos que publicó Wikileaks en 2010.
The Code (Teaser_Español) from THECODEFILM on Vimeo.
Un código para perseguirlos a todos
Es en este contexto que la Fundación Baltasar Garzón presenta The Code, un documental en el que un centenar de jueces, fiscales y abogados de todo el mundo se organizan para redactar un nuevo código de Jurisdicción Universal con el que combatir “el lado oscuro de la globalización” con la ley como herramienta y conseguir que los delitos económicos, financieros y medioambientales puedan ser perseguidos internacionalmente.
En verdad el documental está hecho, pero no terminado. Dirigido por Carles Caparrós, abren ahora una campaña de crowdfunding para la postproducción y lanzamiento. El objetivo son 55.000 euros, y tienen hasta el viernes 14 de julio para conseguirlo. Tienen prisa, porque quieren presentar la película el año que viene en San Sebastián.
Cómo resucitar la Jurisdicción Universal en España
El PP emparedó la ley orgánica cuando tenía mayoría absoluta, con todas las fuerzas políticas en contra. Con el nuevo espectro parlamentario, hay una ventana de oportunidad para resucitar el principio de Jurisdicción Universal.
Podemos y PNV presentaron de manera separada proposiciones no de ley a finales de 2016, y este año se registró en la mesa del Congreso la proposición de recuperar la versión íntegra de la ley orgánica del 85, por parte de Esquerra Republicana. La configuración actual es un PP defendiendo la reforma de 2014; el partido socialista, ciudadanos y probablemente también PNV defendiendo la reforma de 2009 y un tercer grupo que aboga por volver a la ley pura del 85 e incluso implementarla con la introducción de nuevos delitos internacionales. Estos son Esquerra republicana y Podemos, con el apoyo de otros partidos minoritarios. Los juristas de la Fundación auguran un acuerdo de mínimos donde se recupere la del 99, quizá para finales de año.
España pionera en Jurisdicción Universal
España fue pionera junto con Bélgica en la instauración de la jurisdicción universal. Belgica cambió la ley en 2003 por presiones políticas de Israel pero sobre todo de EEUU. Con Israel habían solicitado la extradición de Ariel Sharón, por ser presuntamente responsable de la masacre de Sabra y Chatila. En el caso de EEUU fue por presuntos crímenes de guerra cometidos en Iraq.
Imputaron al mismísimo George Bush, y dicen que llegó a anular un viaje a Suiza por miedo a que le extraditaran. En cualquier caso, habría sido imposible: un tribunal nacional no puede juzgar a otro estado ni a sus mayores representantes. Pero en aquel momenro EEUU concedió que Bélgica tenía competencias para promover la jurisdicción en su territorio pero que EEUU también las tenía para mover el tribunal de la ONU a otro país. Bélgica renunció a su Jurisdicción Universal y conservó la sede.
España no tiene una sede de la ONU pero sí una deuda pública vendida a China, y China está perseguida por los crímenes cometidos en Tibet. El expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro contra dirigentes del PCCh están imputados en España por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en el Tíbet. Nosotros aguantamos hasta 2009 para la primera mutilación, y hasta 2014, cuando la ley fue prácticamente derogada.
